El problema grave del Ecuador es que han transcurrido 9 o 10 años del actual gobierno y no se ha logrado resolver los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. La famosa transformación de la matriz productiva ha sido un mero eslogan que en la práctica no ha dado ningún resultado que se pueda resaltar.
En conformidad con lo dispuesto en la ley, presenté ante ciudadanos de General Villamil - Playas el informe de mis labores correspondientes al año 2015. Agradezco que me acompañaran. Mi trabajo continúa, seguiré esforzándome para cumplir con los ecuatorianos en mi labor como Asambleísta por la Provincia del Guayas.
Lo que va a ocurrir en las próximas semanas es que vamos a estar muy ocupados tratando proyectos económicos urgentes porque eso es lo que le interesa al Presidente de la República, tratando de conseguir como pueda recursos que le permitan seguir en la farra que está en grave peligro porque se le acabaron los petrodólares. Si el gobierno quiere continuar la farra, que produzca sus propios ingresos.
Como ciudadanos tienen el derecho de exigir la rendición de cuentas de sus representantes. Los espero este sábado en mi rendición de actividades como legislador.
El presidente Correa no puede venirnos con la cantaleta de que solo el precio del petróleo es el que está afectando la economía ecuatoriana. No tomó previsiones para enfrentar una eventual crisis.
Las reformas laborales que se acaban de aprobar son un mamotreto, no se consultó a nadie, ni a los trabajadores ni a los empleadores, ni a los afiliados al Seguro Social. Terminan aprobando una ley que en la práctica no va a servir para nada. La única consecuencia de esta ley es que se nos llevaron la tercera parte de nuestro fondo de cesantía.
Lo que ha ocurrido en este gobierno, especialmente cuando se les acabó la bonanza petrolera, es que ha imperado el capital sobre el ser humano.
Este proyecto de Ley de Protección del Empleo que es un disparate, no resuelve ningún problema relacionado con el desempleo, pero lo más grave, dispone arbitrariamente de la tercera parte de los fondos de cesantía, recursos que no son del gobierno sino de los trabajadores.
