El transporte aéreo de carga y pasajeros entre dos países es importante, sobre todo cuando se trata de hacerlo con un país como la República de Corea, más conocido internacionalmente como Corea del Sur y en ese sentido, anticipo que obviamente vamos a estar de acuerdo en dar nuestro voto afirmativo para que este convenio se firme con Corea del Sur. Ahora bien, hay numerosos estudios que señalan que el transporte aéreo entre los países es un elemento muy importante para permitir el desarrollo económico y social entre las naciones. Por ello es que siempre será bienvenida la idea de que se puedan firmar estos convenios que además están regulados por convenios macro o marco a nivel internacional que permiten que estas cosas se puedan hacer entre numerosos países. El hacerlo con un país como Corea del Sur tiene su importancia adicional no solamente por las ventajas que podrían eventualmente tener los pasajeros y las personas que envíen carga directamente a Corea, sino que estamos hablando de un país que, gracias al esfuerzo de su gente, gracias al sacrificio y trabajo denodado de algunas generaciones, que sufrieron enormes problemas como las guerras y otros temas políticos que asolaron este país hace algunas décadas, ha logrado convertirse en los últimos sesenta años, con el trabajo de su gente, de un país muy pobre a nivel mundial, tanto que tenía un ingreso per cápita muy inferior a la mayoría de países latinoamericanos, en una potencia económica mundial, con un gran desarrollo económico y tecnológico, que hoy representa una economía con la que todos quisieran hacer negocios. El convenio que se firmaría no va a producir réditos inmediatos, porque actualmente resulta muy oneroso tener vuelos directos a Corea del Sur, porque no tenemos ni la capacidad técnica para hacerlo y porque económicamente no es atractivo hacerlo. Existe muy poco comercio con Corea del Sur, -con quien, dicho sea de paso, tenemos un déficit en la balanza comercial de más o menos 800 millones de dólares-, pero además, el intercambio turístico resulta ser escaso, de manera que, como ya he dicho, no vamos a ver réditos económicos en el corto plazo, pero quedarán sentadas las bases para que en el largo plazo pudiera explotarse adecuadamente un intercambio aéreo directo entre Corea del Sur y el Ecuador.
En el análisis de este convenio en la Comisión hubo algunas intervenciones que quisiera resaltar, porque es conveniente que tengamos conocimiento de algunos temas que nos pueden afectar, tanto en el transporte aéreo, como en otras actividades económicas. Muchos, entre los cuales me incluyo, sostenemos que el Ecuador, por diversas razones, se ha convertido en un país de elevados costos y precios, un país en el que son pocas las actividades competitivas a nivel internacional y el negocio del transporte aéreo no ha escapado a esa realidad. El Ecuador, si bien es cierto, tiene una ubicación geográfica estratégica, que le permitiría eventualmente se un job importante en la cuenca del Pacífico en América Latina; sin embargo, no lo es y difícilmente lo va a ser en el corto plazo. Hay países en los que sí se han desarrollado estos jobs comerciales de aviación, como el caso de Panamá, Bogotá y Lima. ¿Por qué ocurre esto en otras partes y no en Ecuador, a pesar de que tenemos una ubicación geográfica mejor que la de Panamá? Porque simplemente en Ecuador los costos de transporte aéreo son extremadamente altos y esta es una realidad que hay que reconocerla y analizarla seriamente si queremos que en algún momento los aeropuertos internacionales de Ecuador, ya sea el de Quito, el de Guayaquil o el de Manta, pudiera competir con éxito en el tema de carga y de transporte de pasajeros con los rivales que tenemos en América Latina. En el negocio de la aviación el combustible representa el principal costo operativo de las aerolíneas. En estudios realizados con la aviación tradicional se ha encontrado que ese costo representa entre el 30 y 35% del costo total de operación; ocurre que en el Ecuador, al precio internacional del combustible de aviación que se vende a las aerolíneas extranjeras, lo cual es correcto, hay que añadir un 5% de impuestos, que van a alimentar los ingresos de la Aviación Civil; esto, sumado a una serie de sobretasas aeroportuarias, que dicho sea de paso ni siquiera son iguales en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, ha hecho que este negocio sea muy caro en nuestro país y por lo tanto, esto se deberá reducir, a efecto de que el transporte aéreo se convierta eventualmente en una actividad importante, que permita el desarrollo social y económico del País. Algunos dirán que es la dolarización la que nos tiene en este problema, pero les quiero recordar que Panamá es una economía dolarizada y sin embargo ha logrado tener el principal job de transporte aéreo en América Latina. Con todas estas consideraciones quiero afirmar nuevamente el compromiso de apoyar con nuestro voto la firma de este convenio, que en el largo plazo puede traer réditos importantes para el Ecuador.
Moisés Tacle, asambleísta por el Partido Social Cristiano, se refirió sobre la Ley de Incentivos por Asociaciones Público-Privadas. El legislador, quien es parte de la Comisión de desarrollo económico de la Asamblea, mencionó que el proyecto de ley tiene el propósito de atraer inversión privada y concesionar proyectos bajo la figura de “gestión delegada”. La empresa privada pondría la inversión en obras del Estado y les concederían la gestión. Se ha mencionado entre las obras el puerto de aguas profundas en Posorja.
Tacle aplaudió la iniciativa del Gobierno de abrir una agenda de proyectos al sector privado y de otorgarles incentivos tributarios. No obstante, señaló que debe abrir el abanico de exenciones a otros sectores productivos, también. Recomendó, reconsiderar las leyes de herencias y plusvalía puesto que dijo: “no estamos dando el mensaje adecuado a los inversionistas extranjeros”. (DM)
Debo reconocer que comparando la versión presentada para el Primer Debate con la que nos ponen a consideración el día de hoy, ha habido algunos cambios importantes que van, a mi juicio, en la dirección positiva sobre cómo atacar y resolver el problema de las drogas en el Ecuador. Comparto lo que señala la Constitución General del Estado en el sentido de que la drogadicción es un tema de salud pública y que por tanto es obligación del Gobierno Central asignar de manera prioritaria todos los recursos necesarios para atender adecuadamente a las víctimas de este terrible mal que es la drogadicción. Todo mi apoyo y mi compromiso de transitar por ese rumbo. También creo en el tema de la capacitación a todo nivel sobre los peligros de las drogas y estupefacientes; creo en la formación de personal especializado que pueda realmente dar capacitación a todo nivel sobre estos temas. Creo que la solución global a este mal social implica varias acciones que en gran medida son competencia del Gobierno Nacional. Evidentemente, la mayor motivación que puede existir para el tráfico de drogas es la falta de empleo de muchas personas de escasos recursos económicos; entonces, parte de la solución integral, indudablemente, va por el camino de la creación de empleo, por el camino de mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, por ello es importante tener un modelo de gestión de los recursos del Estado que realmente produzca bienestar y apunte a crear empleo y produzca recursos para afrontar estos temas sociales que son prioritarios. Le deseo al Gobierno Nacional la mayor de las suertes, pues sin duda alguna van a aprobar este proyecto que sin duda alguna y que esta segunda versión tiene algunos cambios que van en la dirección correcta. No se ajusta al modelo de gestión que nosotros preconizamos y por lo tanto no lo vamos a apoyar, pero repito, sí le deseo la mejor de las suertes al Gobierno en todos los esfuerzos que se señalan en algunos artículos de este Proyecto de Ley para atacar este gravísimo mal. Ojalá que así sea por el bien de nuestros hijos y de las futuras generaciones del país.
“Cómo es posible que se diga que la primera conclusión importante del denominado diálogo sea el tema de la Ley de Herencias, como si el pueblo ecuatoriano no tiene ninguna preocupación sino el tema de la Ley de Herencias” dijo Tacle, y propuso que el verdadero diálogo se debería dar con cada uno de los sectores del país para ver cómo se enfrenta la actual crisis económica
Cuando los ciudadanos y empresas por cualquier razón no cumplen con sus obligaciones tributarias, evidentemente una de las fuentes más importantes de ingresos del Estado tienen problemas y por lo tanto no tiene los suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos los ecuatorianos. Por ello es importante pagar los impuestos y honrar las obligaciones tributarias. Quiero compartir con ustedes un reciente estudio que se ha hecho sobre el perfil del contribuyente, porque aquí hay hallazgos muy notables que reflejan lo que ha ocurrido los últimos quince años en el Ecuador: Se ha establecido poco a poco una cultura tributaria que hace que la mayoría de los ecuatorianos paguen a tiempo sus obligaciones tributarias porque creen que eso es cumplir con la ley, porque creen que eso es ser ciudadanos responsables. La encuesta realizada en Guayaquil arroja lo siguiente: 23% de los ciudadanos pagan sus obligaciones tributarias porque creen que esa es su responsabilidad; 37% lo hacen porque piensan que ese dinero sirve para mejorar el país; 17% lo hacen por su propia ética y apenas un 11% lo hacen para evitar multas e intereses. Es decir, el 88% de los ciudadanos pagan a tiempo sus obligaciones tributarias porque creen que es ético, porque piensan que es parte de sus responsabilidades ciudadanas, porque saben que esto sirve a la sociedad. Por lo tanto, jamás podemos estar de acuerdo con leyes que permiten el perdón y el olvido a ese pequeño porcentaje de ciudadanos y empresas que siempre aquí y en cualquier parte hacen un gran negocio de la evasión de sus obligaciones tributarias. Los proyectos de amnistía fiscal , remisión de multas e intereses, o restauración tributaria son siempre una mala idea, han sido materia de muchos escándalos en los países donde se han aplicado, siempre terminan envueltos en actos de corrupción y en altos costos políticos para las legislaturas que los aprueban. Este tipo de proyectos son una mala idea, en primer lugar porque siempre son intentos desesperados de los gobiernos para obtener recursos cuando tienen graves crisis fiscales y requieren con urgencia de fondos adicionales. Nunca recaudan lo que realmente está en litigio y, de hecho el Ecuador no ha sido la excepción. Pero también es una mala idea porque este tipo de iniciativas inducen a los contribuyentes honestos, que son la mayoría, a eludir el pago de impuestos en el futuro y esto lo hacen por dos motivaciones fundamentales: primero, porque el contribuyente honesto se da cuenta de que la administración tributaria no tiene la suficiente capacidad administrativa o la legislación tributaria tiene vacíos que permiten la evasión de impuestos; y segundo, porque al pasar este tipo de amnistías fiscales, el ciudadano honesto se percata de que el sistema fiscal en el país en realidad trata mejor a los contribuyentes que no honran sus obligaciones que a los ciudadanos que sí pagan sus impuestos a tiempo. Este tipo de proyectos siempre terminan beneficiando a grandes evasores consuetudinarios. Se nos ha dicho que en el caso ecuatoriano y en la presente iniciativa legal se van a beneficiar más de 1.900.000 ecuatorianos. Quiero recordarles que la mayoría de personas naturales o pequeñas empresas que tienen un problema con el SRI, nunca debieron haber estado en esa situación; son, efectivamente, pequeñas empresas o ciudadanos que por desconocimiento de los plazos que señala la ley o porque simplemente consideraban que no tenían que hacer su declaración de impuesto a la renta, porque no estaban siquiera obligados a pagar impuestos, no honraron sus obligaciones a tiempo y luego vinieron los famosos intereses y multas que hicieron en un momento dado impagables estas obligaciones. Pero el tiempo dirá quiénes son los grandes beneficiarios… Por lo tanto, si realmente queremos beneficiar a la gran mayoría de este 1.900.000 ciudadanos y empresas incluidas en este tema, pongamos un tope a los beneficios que se pueden derivar de esta amnistía fiscal, para de esa manera impedir que los evasores de siempre se aprovechen una vez más de la gravedad de la crisis fiscal que está enfrentando el actual Gobierno para nuevamente hacer el gran negocio de no pagar sus obligaciones tributarias. Por ello, desde ya, mi voto no será a favor de esta propuesta legislativa si no se pone un techo a estos beneficios, para realmente favorecer al pequeño contribuyente y a la pequeña empresa.
“Se quiere controlar el suelo porque perdieron las elecciones del 23 de febrero (2014), así de simple, entonces ahora no han encontrado mejor forma de hostigar la labor de los Municipios, que ellos no controlan políticamente, a través de una ley en donde básicamente un comité de gestión nacional que lo presidiría una persona que sería una especie de sUperalcaldesa o sUperalcalde”
En el Ecuador estamos inmersos en una grave crisis, producto del despilfarro de la bonanza petrolera, que hoy obliga al Gobierno Nacional, a través de todos los mecanismos posibles, a recaudar recursos. En ese contexto hay que mirar este Proyecto de Ley. Es una manera de obtener recursos rápidamente, fundamentalmente favoreciendo los intereses de los grandes deudores, de los grandes evasores, de aquellos que no han honrado sus obligaciones tributarias y que son, generalmente, los grandes empresarios. Es verdad que algunos pequeños empresarios también se van a beneficiar de esa remisión de multas e intereses y van a ser precisamente aquellos a los que nunca debió aplicárseles multas ni intereses; son aquellos ciudadanos que, en primer lugar, no tienen siquiera que pagar impuesto a la renta, pero se olvidaron de hacer las declaraciones del mismo, o en su defecto, tienen que declarar impuesto a la renta, pero lo hacen en pequeñas cantidades y por varias razones no lo pagan a tiempo y entonces se les aplican las multas realmente usureras que están vigentes en el Ecuador, que convierten estas obligaciones en deudas muy grandes y difíciles de pagar para los ciudadanos de escasos recursos. Pero por otro lado, y esto es lo más importante, habría que ver quiénes son los grandes beneficiarios de esta remisión de multas e intereses. En la Asamblea Nacional quisiéramos conocer los nombres de los grandes empresarios que se van a beneficiar con esta amnistía fiscal. Ya escuchamos por ahí que son los grandes petroleros, las multinacionales y empresarios que siempre han estado acostumbrados a no pagar oportunamente sus impuestos. Quiero señalar que, en términos de recaudación de dinero, estas amnistías fiscales siempre han tenido éxitos muy relativos, no solamente en muchas partes del mundo, sino también en el Ecuador; de hecho la amnistía fiscal que se aprobó en el Ecuador, si no me equivoco en el año 2008, apenas produjo una recaudación extraordinaria de no más de 200 millones de dólares, es decir, la quinta parte de las deudas que estaban en litigio en ese momento, que sumaban mil millones. De acuerdo a las estadísticas que se han presentado en los informes, se nos ha dicho que el monto de las deudas sería más o menos 3 mil millones de dólares, obviamente si incluir las multas e intereses, que suman otros 3 mil millones. De esos 3 mil millones, según he escuchado esta mañana a la Directora del SRI, aspiran a recaudar apenas 500 millones de dólares. Ojalá sea así por el bien de todos los ecuatorianos, porque en la medida en la que este gobierno vaya cerrando la enorme brecha fiscal que tiene, evidentemente podemos dormir más tranquilos y no esperar nuevos paquetazos en las próximas semanas.
Recordemos que el modelo de Seguridad Social y el modelo de pensiones que tenemos en el Ecuador es el mismo que se estableció en la mayoría de países del mundo y esta basando en un modelo en el que la afiliación es universal, pero además obligatoria y además, todos los aportes de los trabajadores enrolados sirven para pagar a los jubilados. Está claro y debe ser obvio para todos que este modelo funciona en la medida en que los aportes de los trabajadores enrolados efectivamente cubran los pagos de las jubilaciones, no solamente de las personas que ya están retiradas, sino también de las que están por jubilarse en las décadas siguientes. Cuando esto no ocurre, el modelo entra en una grave crisis y eso es precisamente lo que ha ocurrido prácticamente en todos los países del mundo en donde existen estos sistemas de seguridad social que tienen fondos de jubilación . No hay país en el que no exista una crisis, en algunos casos más graves que en otros, pero siempre hay una crisis que fundamentalmente se da porque no hay la garantía suficiente de que en el largo plazo se puedan pagar las pensiones correspondientes. Para resolver esta crisis se ha seguido un modelo que debería aplicarse en el Ecuador: debería haber un diálogo muy serio, transparente y responsable entre los tres actores de este tema: el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Esta forma de resolver el problema, obviamente no se lo quiere aplicar en el Ecuador, porque también debe ser claro para todos nosotros que habría un alto costo político si se quisiera enfrentar seriamente esta gravísima problemática social. La seguridad social y, sobre todo, el fondo de jubilación de los trabajadores, es un gran pacto social y por ello desde los inicios, cuando las condiciones más o menos permitieron avizorar la vigencia financiera de estos fondos en el largo plazo, se vio que era necesario el subsidio del estado y esto sucede en todos los países en los que está vigente el fondo de pensiones para los trabajadores. El Ecuador no fue la excepción, aquí también hace algunas décadas como nos ha recordado varios asambleístas, ya estaba vigente la participación de aporte del estado para que, conjuntamente con los aportes de los empleadores y trabajadores, sea viable el pago de pensiones a los jubilados. Repito: En el Ecuador no se ha querido enfrentar seriamente el tema y esto no solamente no ha querido hacerlo el actual gobierno; debo reconocer que tampoco lo hicieron los gobiernos anteriores y más bien se optado por el camino de agravar la crisis del IESS en el Ecuador; manejo político de esta entidad ha existido siempre, pero nunca como ahora. En estos ocho años de gobierno del presidente Correa hemos visto con asombro cómo se ha hecho un manejo político para favorecer los intereses financieros del gobiernos y cuando, producto de que ya no tienen los petrodólares que les produjo la bonanza petrolera, le quieren reducir al IESS el aporte del Estado para poder seguir sosteniendo el gasto irresponsable que ha caracterizado el trabajo del actual gobierno, no se les ha ocurrido mejor idea que afectar seriamente la viabilidad financiera del fondo de jubilaciones en el largo plazo. Yo no me voy a referir a cifras que aquí ya se han dicho, pero es obvio que tenemos un problema de crisis financiera en el fondo de jubilaciones del Ecuador...No puedo estar de ninguna manera de acuerdo en que el Gobierno Nacional, a través de este Proyecto de Ley, se le ocurra, primero, desconocer las deudas que el Estado ha tenido con la Seguridad Social; segundo, negar que de aquí en adelante se vaya a dar el subsidio del 40% que está establecido por lo menos hace cuarenta años, porque ello garantizaría le hecatombe financiera del fondo de jubilaciones en las próximas décadas; y, tercero, tampoco puedo estar de acuerdo con el despojo de las utilidades legítimas a las que tienen derecho más de 16.000 trabajadores que también esta ley pretende quitar. Por todo ello, desde ya mi pronunciamiento más enérgico en contra de la aprobación de este Proyecto de Ley, que no es otra cosa que posponer para el futuro una gravísima crisis financiera que tendrán que enfrentar los futuros gobiernos, pero sobre todo, que tendrán que pagarla los ecuatorianos, es decir, quienes en definitiva siempre vamos a ser las víctimas de los desatinos que cometen los gobiernos, como este del que estamos hablando. Siempre se nos ha recordados que el mayor daño que se le ha hecho a la sociedad en las últimas décadas fue la crisis bancaria; esto señores, representa por lo menos cuatro o cinco veces el equivalente a aquella.
