En el debate de la semana anterior había manifestado que el modelo económico aplicado en nuestro país se agotó. Se agotó porque la bonanza petrolera ha terminado y por tanto, ahora el Gobierno Nacional mira con urgencia lo que antes no le llamó para nada la atención: la participación de la inversión privada y extranjera en esto que se denomina alianzas público-privadas. Es curioso que durante los días que se ha debatido este tema en los medios, en la Comisión y en la ciudadanía en general, constatar que los principales detractores de esta iniciativa –que los asambleístas de oposición sabemos perfectamente de qué se trata; nunca pensamos que ésta era una iniciativa para privatizar nada, sabíamos perfectamente qué es lo que se buscaba con este Proyecto- son los simpatizantes y algunos colaboradores del propio Gobierno, a quienes nunca agradó la idea de la participación privada.
Qué es lo que tenemos en Ecuador? Qué es lo que pueden ver los inversionistas extranjeros sobre la situación que vivimos actualmente en Ecuador? Por un lado, tenemos un modelo en el que muchos –hay que ser muy claros y no hay razón para que esto moleste a nadie- satanizan la inversión privada, la ven como algo indeseable; no la quisieron antes, ni la quieren ahora. Pero además, esos inversionistas extranjeros van a ver que en Ecuador está plenamente vigente un modelo de gestión económica estatista, centralizador, extremadamente regulador, inquisidor, sancionador e impuestero. Esto es lo que se ve desde afuera. Pero también van a ver en los hechos cosas que nadie puede negar, pues no podemos tapar el sol con un dedo: aquí existen salvaguardias, tenemos un impuesto a la salida de capitales, cambiamos frecuentemente las reglas tributarias, no hay garantías en cuanto a la estabilidad jurídica; el propio Presidente amenaza que hará los cambios en materia tributaria cuando él estime conveniente. Hay en definitiva, un ambiente poco propicio para el desempeño empresarial; es más, se sataniza el éxito empresarial, se afirma que la gran mayoría de empresas en el Ecuador que son de estructura familiar, al igual que en todas partes del mundo, deben desaparecer, no se incentiva ni reconoce el éxito empresarial , sino que se los amenaza con afectar seriamente el patrimonio que construimos los ecuatorianos y que, obviamente, queremos dejarlo como herencia a nuestros hijos. En este ambiente, el resultado real que se percibe afuera sobre el Ecuador es que el riesgo país está bordeando los mil cuatrocientos puntos; esto significa que alguien que deseara traer su capital al país va a demandar un retorno de ese capital de por lo menos 15 o 16% , tasa que es muy elevada. Esa es la realidad que vivimos en el país.
El Proyecto de Ley que estamos tratando plantea una apertura parcial y esto trae un problema, porque no es correcto, lógico ni razonable pretender traer una gran inversión extranjera, cuando la limitamos solamente a proyectos públicos que el Gobierno considere prioritarios. Los incentivos deben abrirse a cualquier inversión que sea necesaria para el desarrollo del Ecuador y esto lo hemos planteado reiteradamente, pidiendo que estos incentivos se extiendan también a proyectos que se desarrollen en las áreas estratégicas y creo que es un gran acierto de la Comisión haber recogido al menos el tema que tiene que ver con los proyectos hidroeléctricos.
Realmente llama la atención que a algunos voceros del Gobierno, a algunos asambleístas vinculados al Gobierno, les avergüence hablar de que estamos debatiendo el Proyecto de Alianzas Público-Privadas; ni siquiera quieren usar el nombre que el éste tiene. Dicen que el Proyecto no se trata de alianzas con el sector privado, sino que en realidad este es un proyecto de “incentivos”; incluso se escucha que no se trata siquiera de incentivos, sino de reformas tributarias… Es decir, se niegan a decir de frente que éste es un tema de apertura del Gobierno, que ha sido adverso a la inversión privada desde sus inicios y ahora desean que los empresarios nacionales y extranjeros acudan al rescate del Gobierno, al que se le acabaron los dólares para seguir invirtiendo en proyectos del Sector Público. El Gobierno desea ahora que la empresa privada pueda y quiera realizar en conjunto proyectos destinados exclusivamente al Sector Público. Ese es el proyecto y no debemos olvidar cuál es la esencia del mismo: Puede haber una alianza entre el Gobierno Nacional y un grupo de empresarios a efectos de construir un proyecto público. Utilizan la frase “gestión delegada”, que significa que el inversionista privado tendrá que poner el dinero que demande la construcción de la obra, pero además, deberá administrar la gestión de la obra; por ejemplo, en el caso de construir una carretera, la empresa privada va a manejar la administración de esa carretera cobrando un peaje que permita recuperar su inversión y generar una utilidad razonable. ¿Esta figura no es la misma a la que hemos llamado siempre concesiones? ¿Por qué ahora nos da vergüenza decir que es una concesión? No se trata de la venta de la Bandera Nacional, ni la venta de la soberanía del país, es lo que ha ocurrido siempre. El meollo es que en este Gobierno nunca se deseó la inversión privada porque pesaron que los petrodólares serían eternos. Esta apertura va en la línea correcta, finalmente, pero es muy débil, puesto que está limitada exclusivamente a proyectos del Sector Público. ¿Y qué pasa con los demás sectores de la economía? Lo que el Ecuador requiere es inversión privada en cualquier actividad, inversión que genere liquidez en la economía, que es un asunto urgente; inversión que genere empleo, que es urgente, porque se está perdiendo el empleo; inversión que, en definitiva, genere riqueza en el Ecuador y que sostenga la dolarización.
Una de las observaciones que he hecho a este proyecto es que se incluya en los incentivos a las áreas estratégicas, que están expresamente excluidas del mismo.
La creatividad, la innovación, el emprendimiento, la generación de conocimientos, no son temas que se pueden producir por decretos o por una legislación particular; se requiere ciertas condiciones para que esto ocurra, fundamentalmente, por parte de los gobiernos, el apoyo, la decisión política, los incentivos necesarios para que realmente en una sociedad pueda haber emprendedores, innovadores, creadores de conocimiento. Hay mucha gente en todos los ámbitos del quehacer social que ha propuesto modelos para indicar cómo se genera el conocimiento y la innovación, que han dado recetas mágicas para que esto se produzca espontáneamente en los países y, obviamente, también han propuesto modelos o leyes que dicen, de la noche a la mañana, producir un desarrollo científico y tecnológico en las sociedades. En mi experiencia como educador y a lo largo de los años he descubierto que no existen las recetas mágicas ni los modelos que puedan sacarnos del subdesarrollo de la noche a la mañana. He tenido la oportunidad de ver de cerca los resultados de la aplicación de distintas políticas y modelos de desarrollo científico y tecnológico en muchas partes del mundo y lo que yo puedo transmitir de estas experiencias es que algunas de las buenas prácticas que he observado son exitosas en muchos países.
En primer lugar, empecemos por el tema de la excelencia en la educación superior, para lo que se requiere, más allá de leyes y normativas, haya un pleno ejercicio de la autonomía universitaria y financiera; que haya absoluta libertad de cátedra y absoluta libertad de investigación. Este es el sistema que en muchas partes del mundo ha ayudado a catapultar el desarrollo científico y la producción el conocimiento.
Otra práctica virtuosa que produce resultados positivos es que haya una vinculación adecuada de incentivos y ayudas económicas de parte de los gobiernos, pero también del sector privado. Los países que más desarrollo científico y tecnológico poseen, que producen más patentes y más inventos aportan al desarrollo de la humanidad, son precisamente aquellos en los que el sector privado y el sector público aportan recursos importantes para la producción y desarrollo del conocimiento. También se observa que, lamentablemente, los países que menos desarrollo científico y tecnológico poseen, son precisamente aquellos que dependen casi totalmente de los aportes del estado.
En conclusión, lo que nosotros deberíamos hacer es recoger algunas de esas buenas prácticas.
¡Se acabó la bonanza petrolera! Luego de más de nueve años en los que el Gobierno Nacional ha podido utilizar más de 230.000 millones de dólares que bien invertidos pudieron haber convertido a la economía ecuatoriana en una economía sostenible, competitiva y, sobre todo en una economía que podría enfrentar cualquier contingencia que no esté bajo control de las autoridades del Gobierno. Eso no ha ocurrido y hoy frente a una situación en la que los precios bajos del petróleo, la apreciación del dólar y, fundamentalmente los altos precios y costos de la economía ecuatoriana, nos enfrentamos a un colapso económico que poco a poco se va sintiendo en todos los sectores de la economía ecuatoriana. Se acabaron los dólares y por consiguiente ya no se puede disponer de ellos para seguir con el gasto dispendioso para crear una burocracia gigantesca, a veces en entidades que ni siquiera sabemos para qué sirven. Se acabaron los petrodólares y ahora no tenemos dinero para la inversión pública, a veces sí en proyectos necesarios para el desarrollo nacional, pero también y muchas veces desgraciadamente en proyectos faraónicos de poca rentabilidad social y económica y algunos de ellos un tremendo fracaso; ejemplos hay muchísimos. SENPLADES, ese organismo omnipresente en la vida nacional, a lo largo de los años se encargó de construir un modelo de gestión autoritario, regulador, impuestero, controlador, sancionador y, sobre todo, adverso a la inversión privada. Un organismo y un modelo que permanentemente ha satanizado la inversión privada, que le ha disgustado la prosperidad y el bienestar de las empresas privadas y lo ha proclamado a los cuatro vientos. Ese el modelo que ahora se nos dice que la inversión privada siempre fue bienvenida en el Ecuador y que siempre estuvo prevista en el denominado Plan del Desarrollo del Buen Vivir. Los resultados, luego de nueve años, muestran todo lo contrario; remitámonos a los resultados, la inversión privada en el Ecuador ha sido muy escasa en comparación con lo que ha ocurrido en los países vecinos Colombia y Perú. La inversión privada en el Ecuador ha sido insignificante. Por ello repito, una vez que se agotaron los dólares y como no queremos recortar el gasto público, como queremos seguir invirtiendo en obras innecesarias, nos acordamos de la empresa privada y planteamos una apertura tenue, tibia, leve a la inversión privada con esta iniciativa denominada Ley de Incentivos de Alianzas Público-Privadas.
-Coincido con la gran mayoría de los ecuatorianos que a través de encuestas de opinión han manifestado que algunas de las propuestas que se denominan enmiendas constitucionales y que se están tratando en la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, en realidad sí cambian la estructura del Estado y sí atentan contra los derechos ciudadanos y, por lo tanto, yo me mantengo en esa línea. Lo temas importantes deben ser consultados a los ecuatorianos.
-Mas allá de que esta reforma constitucional afecta o no la estructura del Estado, sí afecta a la democracia en sí. La reelección indefinida de autoridades en un sistema de elección popular no ha sido saludable en la historia de la humanidad, en Estados Unidos, para mencionar un caso, se introdujo una de las pocas enmiendas constitucionales en ese País, precisamente para evitar que el señor Rooselvelt siga siendo reelecto indefinidamente, a pesar de que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Nunca han sido buenas las elecciones indefinidas, pero además considero, al igual que muchísimos ecuatorianos –la gran mayoría- que este es un tema muy sensible y debe consultarse al pueblo ecuatoriano. Si el Gobierno ha consulta al pueblo temas de muy poca relevancia, por qué no hacerlo sobre un tema tan importante como la reelección indefinida!! En Bolivia el Presidente Evo Morales posiblemente será reelecto, pero él acude al pueblo a través de una consulta para determinar si tiene ese derecho.
A la pregunta del periodista respecto a la suspensión de la sesión en la que se iba a tratar en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas, el Dr. Tacle responde que oficialmente no se conoce la razón por la que suspendió el debate, pero es de suponer que está relacionada con los cambios que se han dado en el Gabinete del Presidente Correa, donde hay dos personas clave en el proceso de socialización del Proyecto; por un lado, la Ministra Cely, que es quien había propuesto esta iniciativa dentro del Gobierno y estaba enfrentando las reuniones con los distintos voceros de los sectores empresariales; y el secretario de SENPLADES, que era la cabeza visible de una organización que, en este gobierno, antes y ahora, nunca ha sido amigable con la inversión privada, de tal manera que el mensaje que nos queda no es muy claro respecto a qué línea del Gobierno es la que se está imponiendo en el debate y en la eventual aprobación de la Ley.
El principal problema que enfrenta este Proyecto de Ley es que dentro del mismo gobierno hay personas que quieren torpedear esta iniciativa, puesto que piensan que se están privatizando las áreas del Estado.
Una de las críticas que ha recibido esta iniciativa del Gobierno por parte de muchos analistas económicos es que si el Gobierno va a seguir endeudándose, porque este Proyecto es un mecanismo de endeudamiento para construir más proyectos públicos, debe hacerlo solamente en aquellos que garanticen el retorno de la inversión, pues de lo contrario no tendrían en el futuro el dinero para devolverle al inversionista privado los fondos invertidos; de modo que los proyectos que el Gobierno seleccione deben ser altamente rentables en lo económico y, obviamente, de buen impacto social. Lamentablemente son muy pocos los proyectos que pueden generar un retorno adecuado. Por otra parte, el dar incentivos solamente a las instituciones privadas que participen de un proyecto en el Sector Público es, de hecho, crear una competencia desleal para la inversión privada.
Una de las cosas que más preocupan a la opinión pública respecto a este Proyecto de Ley, es la no inclusión de miembros del sector privado dentro del Comité Interinstitucional, lo que nosotros hemos propuesto es que el sector privado tenga un representante con voz pero sin voto dentro del Comité y de esa manera no habría ningún conflicto legar. Pero lo que ha propuesto el oficialismo es que tenga una participación en un denominado “comité consultivo”. Los empresarios no creen que ese sea el mecanismo adecuado y nosotros pensamos que no existe ningún problema, ni es inconstitucional que haya un delegado del sector privado en el Comité Interinstitucional.
Otro tema que preocupa sobremanera es que no se pueda acceder a tribunales de arbitraje cuando haya conflicto, puesto que el empresario privado no quiere es venir al Ecuador a invertir, entrar en un conflicto y tener que someterse a las decisiones de los organismos locales. Los incentivos que se presentan en este Proyecto de Ley son los mismos que se ofrecen en cualquier parte del mundo, por tanto, para lograr que los empresas extranjeras inviertan en Ecuador, hay que ofrecerles lo mismo que en otras partes del mundo: seguridad jurídica, cuyo punto fundamental es la solución de conflictos; cuando se dice en el proyecto que los potenciales conflictos tributarios y regulatorios no podrán solucionarse vía arbitraje a las aspiraciones del inversionista que viene al Ecuador.
En cuanto a la ratificación de la vigencia de la codificación de la Ley del Sistema Hospitalario docente de la Universidad de Guayaquil, el famoso dos por mil. En una ley de incentivos, se revive un impuesto a través de un proyecto económico urgente, esto es absolutamente injurídico. Si el Gobierno quiere revivir este impuesto, debe presentar un proyecto específico con ese propósito. A nuestro juicio, este impuesto quedó derogado, al igual que muchos otros, cuando se aprobó El Código Orgánico Monetario y Financiero, hace más de un año; de tal manera que esta propuesta es totalmente contraproducente, sobre todo cuando se quiere precisamente atraer a la inversión privada. Lo que sugerimos es que se retire del proyecto esta disposición general y que se dispute en los tribunales si este impuesto está vigente o no.
Es bastante extraña e incomprensible la presencia de la SENPLADES en el Comité Interinstitucional que señala el Proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas. Este es realmente un mal síntoma, puesto que la SENPLADES es el gran mentor ideológico del actual modelo de gestión del Gobierno, ese modelo estatista, concentrador, impuestero, regulador, sancionador. Además, en estos 9 años de Gobierno, el Presidente Correa nunca ha visto con buenos ojos la participación del sector privado en el desarrollo del Ecuador, de manera que, empecemos por allí, por la permanente exclusión de los representantes de los sectores productivos. La concepción ideológica del Movimiento Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, coalición a al que me pertenezco, siempre va a apoyar de manera decidida cualquier iniciativa que vaya en la dirección de fortalecer la participación de la inversión privada nacional o extranjera en el desarrollo de las actividades productivas en el Ecuador. En eso siempre estaremos de acuerdo, pero hagámoslo bien, hagamos una apertura realmente a toda la inversión privada, porque lo que se plantea en el Proyecto de Ley es muy restringido, se limita exclusivamente a que se invitaría eventualmente a la inversión privada para que el Gobierno Nacional pueda seguir haciendo inversiones en su cartera de proyectos públicos que considere prioritarios. De la inmensa inversión pública que se ha hecho de los dólares que provinieron de la bonanza petrolera, vemos por doquier proyectos públicos que son un desastre, como el Aromo en Manabí, como el almacenamiento de gas en Monteverde que está totalmente subutilizado, la famosa reconversión de la refinería de Esmeraldas, que una vez reconvertida, debieron haber previsto que el crudo que iban a refinar es el que tiene actualmente el Ecuador y ahora descubren que no sirve, porque está diseñada para otras características técnicas. Así podríamos seguir enumerando… El invitar a la empresa privada a financiar proyectos del sector público es una forma diferente de endeudamiento, pero es endeudamiento de todas maneras, porque ese proyecto de inversión, con el tiempo debe generar los recursos para repagar al inversionista, eso es obvio; entonces, si los proyectos que escoja el Gobierno son parecidos a los ya enumerados, nos preocupa.
Por otra lado, el hecho de que no se abra la posibilidad de ofrecer los incentivos que se están planteando en este Proyecto de Ley a las demás actividades en las que la inversión privada puede ser de gran utilidad y de hecho ha permitido que los países vecinos prosperen a niveles muy superiores al Ecuador. Este proyecto crearía una competencia desleal pues existirían inversionistas de primera y de segunda categoría. Los de primera serían los que el Gobierno escoja para realizar los proyectos que le interesan, todos los demás serían de segunda… Pero además, la inversión privada en proyectos de gran envergadura que quiera realizar el Gobierno, no darán réditos económicos al inversionista ni en el corto, ni en el mediano plazo.
La frase “Guayaquil independiente” tiene una explicación primero histórica y luego política. Histórica, porque hay que entender que cuando Guayaquil se independiza en 1820, estaba más conectado al sur del continente que con Quito. En esa época, viajar de Guayaquil a Quito era sumamente difícil, mientras que era mucho más sencillo tomar un vapor en la ciudad de Guayaquil y llegar a Lima, por ejemplo. Por la ubicación geográfica y por razones de comunicación, Guayaquil se sentía con un espíritu más independentista y con el espíritu de tratar de asumir por su propia iniciativa el desarrollo de sus actividades económicas. Con el paso del tiempo esta frase pretende asumir el hecho de que siempre, no solamente en Ecuador sino en muchos otros países, se ha centralizado todo modelo y gestión gubernamental en la capital y esto ha venido generando el desconocimiento de las realidades de todas las regiones del País. El tema principal de esta problemática es el menosprecio de una burocracia tecnificada afincada en la Capital, que mira con desdén las realidades locales.
El destino de las ciudades cosmopolitas y de gran población, es recibir a muchos habitantes de otros lugares, lo cual genera grandes problemas y responsabilidades. La mayor parte de su población no ha nacido en Guayaquil y ha llegado de distintos sectores del Ecuador; todos los sectores de la Patria están representados en Guayaquil y esto ha hecho que, con el paso de los años, estas personas no solamente se hayan vinculado a la actividad comercial, industrial, política de la ciudad, sino que se han convertido en los mayores defensores de los intereses de Guayaquil. Todo esto sucede porque las oportunidades de desarrollo económico que ofrece una ciudad que es puerto son evidentes; el comercio siempre ha sido una actividad que más allá de lo que ocurra en otros sectores de la sociedad, ha sido muy importante en Guayaquil. Hoy, a pesar de que la ciudad ha sufrido un retroceso económico en los últimos años, producto del modelo de gestión del actual Gobierno, la ciudad sigue siendo la que más aporta al Producto Interno Bruto del Ecuador.
La responsabilidad que han tenido las alcaldías de León Febres Cordero en su momento y actualmente de Jaime Nebot ha sido en primer lugar la recuperación de la ciudad de la debacle en la que estuvo inmersa por mucho tiempo. Guayaquil era un gran basurero. A los guayaquileños nos avergonzaba mostrar nuestra ciudad a los visitantes, porque la ciudad era una debacle. El éxito del modelo que se ha implementado en la ciudad de Guayaquil, consiste en haber podido sintonizar adecuadamente las aspiraciones de la ciudad.
