Con la finalidad de garantizar un ambiente seguro, inclusivo y libre de discriminación en las universidades, promoviendo la interculturalidad, el respeto a los derechos individuales y colectivos, y la accesibilidad para estudiantes con discapacidad, la legisladora Cecilia Baltazar presentó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
El proyecto también busca aterrizar los mandatos constitucionales relacionados con la construcción de un Estado intercultural y plurinacional, en donde las instituciones de educación superior tengan un rol trascendental en la formación de los estudiantes que estén para garantizar los derechos individuales y los derechos colectivos.
Asimismo, busca garantizar el derecho a un ambiente de bienestar en las universidades públicas y privadas, es decir, que los estudiantes no sean víctimas de abusos o afectaciones físicas ni psicológicas, como tampoco sean objeto de discriminación, por autoridades de las universidades, docentes, planta administrativa ni el resto de los estudiantes. Lo cual incluye el derecho a la educación sin discriminación a los estudiantes con discapacidad.
La legisladora considera de gran importancia incorporar el elemento de la interculturalidad en todas las instituciones de educación superior, lo cual implica el ajuste de las mallas curriculares, la reestructuración de la planta administrativa, docentes y autoridades, e incluso la generación de organismos de disciplina que tenga una mirada de la diversidad existente en el país.
El fortalecimiento del sistema de educación superior permitirá la garantía del derecho a la identidad de los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, mestizos y blancos, pero además el derecho a la igualdad y no discriminación.
Los 20 artículos de la reforma tienen relación con la educación superior; derechos de los estudiantes; articulación y funciones del Sistema de Educación Superior; responsabilidad del Estado; reconocimiento de la autonomía responsable; indicadores de investigación; autoridades académicas; paridad de género; profesionales indígenas, afroecuatorianos y montubios; personal académico; y, elección de los miembros del Consejo de Educación Superior.
