La Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado aprobó, con 8 votos a favor y una abstención, el informe para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, una iniciativa que propone una reforma especializada, integral y estructural del sistema de justicia ecuatoriano. La propuesta surge del reconocimiento de una crisis profunda en la administración de justicia, marcada por la corrupción institucional, la infiltración del crimen organizado, la ineficiencia operativa y la pérdida de confianza ciudadana.
Lo cual estuvo expresamente prohibido por la ley fue la transferencia ilegal de acciones de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), por un monto de un millón de dólares, presuntamente realizada por la representante legal de la empresa Veranera a su propio favor. Este hecho fue informado por el superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Luis Alberto Cabezas-Klaere, ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, durante la presentación del avance del proceso de liquidación de dicha compañía.
Los parlamentos del mundo que integran la Unión Interparlamentaria (UIP) eligieron a Valentina Centeno como Presidenta de la Comisión Permanente sobre Asuntos de las Naciones Unidas, uno de los espacios más estratégicos del diálogo parlamentario internacional.
Este 12 de enero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió no dar paso al procedimiento de juicio político en contra de Xavier Fantoni Baldeón, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto, Jazmín Lilibeth Enríquez Castro, David Alejandro Rosero Minday y Piedad del Rocío Cuarán Rosero, en su calidad de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), debido a inconsistencias en las firmas de respaldo a la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Molina (RC), y por falta de uniformidad en la identificación de la autoridad sujeta al proceso.
Este domingo, 11 de enero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite la solicitud de enjuiciamiento político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), luego de avocar conocimiento del informe técnico-jurídico. Este paso se da antes del plazo máximo de 10 días previsto en la ley.
En el marco del proceso de fiscalización y en cumplimiento de la sentencia N.° 21201-2020-00170, emitida por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos dentro del denominado “Caso Mecheros”, la Comisión de Biodiversidad analizó el informe de avances sobre el desmantelamiento progresivo de mecheros petroleros.
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, este viernes, 9 de enero, inició con el análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, a fin de sistematizar las observaciones formuladas en el Pleno de la Asamblea y construir el informe previo al segundo debate, dentro de los 90 días establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
El impulso a los planes de vivienda de interés social desde los gobiernos locales; la presentación de planes parciales; y la coordinación interinstitucional, entre otros aspectos, fueron los principales temas expuestos por el viceministro de Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda, Daniel Elmir, así como por los representantes de los gremios de municipios y gobiernos parroquiales, en torno al proyecto de refroma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió, en comisión general, al exasambleísta Pedro Velasco, quien expuso los alcances del Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación y Ejercicio de los Agentes de Aduana del Ecuador, iniciativa que fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La asambleísta Nathaly Farinango, representante de la provincia de Pichincha, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), con el objetivo de brindar seguridad jurídica a los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y a los usuarios del sistema educativo, a fin de cumplir con la obligación constitucional del Estado, de la sociedad y la familia, de asegurar el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
