En esta ocasión, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a representantes del Centro de la Industria Láctea del Ecuador, del Centro Agrícola de Mejía y al productor ganadero Rodrigo Gómez de la Torre, en el marco del análisis del proyecto de Ley Interpretativa al artículo 24 de la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche.
El artículo establece que el precio de sustentación al productor de leche cruda se indexa en un 52,4% al precio de venta al público del litro del producto líder en el mercado lácteo interno, que es la leche UHT en funda. Adicionalmente, se consideran los componentes de calidad higiénica y sanitaria, parámetros que, según la propuesta de ley interpretativa, requieren ser aclarados.
En este contexto, la directora del Centro de la Industria Láctea del Ecuador, Verónica Chávez, recordó que en el país se producen 5,3 millones de litros de leche al día; sin embargo, existe una informalidad del 48,38%, representada por 2.242 establecimientos no regulados.
De esta misma organización, la abogada Doménica Robayo manifestó la preocupación del sector, pues, a su criterio, no procede una interpretación cuando la norma es clara. Indicó que la propuesta legal no tiene un carácter interpretativo, sino reformatorio, y precisó que no apoyan el proyecto de ley en trámite.
Esta postura fue compartida por el presidente del Centro Agrícola de Mejía, Juan José Lasso, quien añadió que la ley se aplica desde hace apenas un año, tiempo insuficiente para evaluar sus efectos. “Nosotros no podemos aceptar que los pequeños productores sufran las consecuencias de una interpretación”, afirmó.
También participó, en comisión general, el productor ganadero Rodrigo Gómez de la Torre, quien centró su intervención en la necesidad de evaluar la situación actual del sector lechero, que es promover un mayor consumo. En este sentido, sugirió el archivo de la propuesta legal.
Tras escuchar estas intervenciones, el legislador Luis Molina subrayó que existe una ley vigente, pero advirtió que el reglamento y el acuerdo ministerial respectivos contravienen lo dispuesto en la norma, lo que genera inseguridad jurídica. Asimismo, cuestionó la existencia de diversas metodologías de cálculo.
Por su parte, el asambleísta Juan Gonzaga consideró necesario, en primer lugar, verificar la existencia de contradicciones entre la ley, el reglamento y el acuerdo ministerial, previo a tomar una decisión respecto a la iniciativa legal.
AM
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