La Comisión de Desarrollo Económico, este viernes, 4 de julio, recibió nuevos aportes al proyecto de Ley Orgánica de Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica. En esta oportunidad escuchó a la Secretaría Nacional de Planificación, a la Corporación de Manejo Forestal Sustentable; y el criterio de un experto ambientalista.
Diana Ramírez, de la Secretaría Nacional de Planificación, explicó que el proyecto de ley está debidamente alineado con los Objetivos Nacionales de Desarrollo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 (ODS). Recordó que existen 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias del país, que provocan pérdida de biodiversidad, contaminación de ríos y deforestación, entre otros efectos nocivos para el país. De allí la necesidad de aprobar esta normativa para combatir el uso ilegal de los recursos naturales.
Aseguró que uno de esos objetivos está relacionado con el eje de infraestructura, energía y medio ambiente para un adecuado manejo de los recursos naturales no renovables a través del uso de tecnologías sostenibles; conservar y renovar estos recursos; y, promover la articulación de la gestión ambiental y del cambio climático para la reducción del riesgo de desastres.
Mientras, Juan Carlos Palacios, director de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable, destacó que la ley es un instrumento idóneo para generar empleo verde rural y fortalecer la institucionalidad, entre otros beneficios. Asimismo, consideró necesario regular adecuadamente la participación del sector privado y las comunidades en la conservación de las áreas protegidas. En este contexto, propuso crear el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con capacidad de crear empresas públicas específicas para la ejecución de los servicios relacionados con este ámbito, por ejemplo, el turismo.
Dijo que es importante tomar en cuenta que las áreas protegidas no son susceptibles de explotación, sino de recuperación y mantenimiento, lo cual debe estar absolutamente claro en la ley, así como la participación de las comunidades y pueblos, por cuanto la mayoría de estas áreas está conformada por zonas catalogadas de extrema pobreza y requieren de mecanismos de apoyo para satisfacer sus necesidades, con la creación de oportunidades de acceso a un empleo digno.
EG
