El aumento del gasto público, la falta de competencia legislativa, la creación de nuevas asignaciones, el régimen de asignaciones con protección constitucional y la prohibición de disminuir asignaciones presupuestarias son los cinco argumentos con los que la Comisión de Régimen Económico recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de reformas a la Ley que establece rentas a favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la venta de energía eléctrica (Decreto Ley N.º 047), mediante el cual se pretendía incluir a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías de la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón.
El informe, aprobado con seis votos afirmativos, detalla que el proyecto presentado por el legislador Geovanny Benítez excede las competencias del proponente, pues plantea iniciativas que implican un aumento en el gasto público, atribución que corresponde exclusivamente al Presidente de la República.
Se añade que la Constitución prohíbe la creación de nuevas asignaciones presupuestarias, como la que pretende incluir a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y a la Central Hidroeléctrica Toachi-Pilatón en la preasignación establecida en el Decreto Ley N.º 047.
Asimismo, el régimen de asignaciones previsto en dicho Decreto Ley cuenta con protección constitucional, conforme lo dispuesto en la Vigésima Octava Disposición Transitoria de la Constitución; y, por mandato constitucional, ninguna norma o autoridad puede reducir las asignaciones presupuestarias y rentas destinadas a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.
Durante el tratamiento de la iniciativa, la Comisión recibió los criterios del legislador proponente, Geovanny Benítez; de la representante de la Conagopare, Lady Cedeño; del presidente del GAD parroquial de Alluriquín, Juan Betancourt; de la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán; así como de los delegados del Ministerio de Finanzas, Iván Muñoz, Daniela Contento y Pablo Albán; de la Dirección Nacional Jurídica de la Contraloría General del Estado, Antonio Mora; y de la subcontralora de Auditoría de la Contraloría General del Estado, Gabriela Sulca.
AM
