La Comisión de Régimen Económico, presidida por Francisco Velasco, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, que hasta el 15 de octubre deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional.
Dentro del plazo de socialización, la Comisión recibió los criterios del ministro de Finanzas, Patricio Rivera; del secretario de Planificación y Desarrollo encargado, Diego Martínez; del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero; del director del Observatorio de la Política Fiscal, Hugo Jácome; y, César Robalino, de la Asociación de Bancos Privados.
La propuesta constituye un instrumento jurídico para la planificación y se estructura en función de tres ejes: el régimen del desarrollo, la garantía de los derechos del buen vivir y el nuevo modelo de Estado.
Se destaca como principal desafío el devolver la rectoría del ámbito de la planificación al Estado.
En este aspecto se identifican aspectos como la vinculación entre la planificación y presupuesto; la gestión fiscal plurianual; se redefine el concepto de endeudamiento público dando la suficiente flexibilidad a instrumentos financieros modernos; se mejora los límites de endeudamiento para los gobiernos autónomos descentralizados en función de su capacidad de pago; entre otros.
En la fase de aprobación del informe se registró: 6 votos afirmativos, 4 negativos y una ausencia. El proyecto sería puesto a consideración del Pleno el lunes próximo, 27 de septiembre, según lo anunció el principal de la Función Legislativa, Fernando Cordero.
AM/mg
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral presentó informe favorable al pedido de aprobación del “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, sobre Compromiso con la Democracia”, enviado por el Presidente de la República.
Dicho informe fue aprobado, de manera unánime, por los legisladores Vethowen Chica, Fausto Cobo, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Eduardo Paredes, Soledad Vela y Eduardo Zambrano.
Los comisionados establecieron que el Protocolo contribuye a la defensa de las instituciones democráticas, previene y sanciona la ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático en Sudamérica; y, coadyuva al mantenimiento del poder legítimamente constituido.
También, responde al Derecho Internacional y está acorde al artículo 416 de la Carta Política que proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos para organizarse democráticamente, la cooperación, la integración y la solidaridad, entre otros aspectos.
Dictamen de Corte Constitucional
La Corte Constitucional emitió dictamen previo y vinculante, tomando en cuenta que las disposiciones del referido instrumento son compatibles con la Constitución de la República del Ecuador.
Objeto del Protocolo
El Protocolo tiene como propósito la aplicación de medidas políticas y/o económicas por parte de los Estados sudamericanos, en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una grave violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder por parte de gobiernos democráticamente electos y la vigencia de los valores y principios democráticos en alguno de los países contratantes.
MG/pv
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 82 votos a favor, un blanco y 31 abstenciones se allanó a 10 de las 14 objeciones propuestas por el presidente de la República, Rafael Correa, al proyecto de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que tiene por objetivo regular la jurisdicción constitucional y garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza, así como la eficacia, la supremacía constitucional y la organización de la justicia.
Luego de varias jornadas de trabajo y la participación de varios sectores involucrados, la Comisión de Desarrollo Económico entregó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a través del cual se redefine el rol del gobierno central y local para hacer realidad la transferencia de competencias en los ámbitos político, administrativo, legal y financiero a cada entidad territorial autónoma, reconocida en la Constitución de la República.
De conformidad con la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), desde hoy se inicia el trámite del proyecto que reforma a las Leyes de Régimen Tributario Interno y la Reformatoria para la Equidad Tributaria en lo relacionado con el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, incentivos al turismo, impuesto a los consumos especiales e impuesto a la salida de divisas.
Con la participación 14 asambleístas de diversas bancadas políticas, el Pleno debatió en primera el proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó para mañana 28 de junio de 2012, a las 09H30, a la sesión 174 del Pleno, con el fin de tratar en primer debate el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, mismo que aspira un cambio integral al código sustantivo penal, vigente desde 1938, con lo cual se armonizará el sistema jurídico penal a la Constitución, instrumentos internacionales y a la realidad del país.
El movimiento campesino, indígena y social del país formuló varias observaciones a los proyectos de Ley de Recursos Hídricos presentados por el gobierno y la Conaie (MPD-Pachakutik), ante la Asamblea Nacional.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño Aroca, acudió a la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante, con el propósito de presentar su rendición de cuentas correspondiente al primer trimestre del año 2012. La sesión tuvo carácter reservado.
