Con la presencia de la directora Jurídica del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Dennise Rendón; y, del jurisconsulto Ramiro García Falconí, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzó en el proceso de socialización y recepción de aportes sobre el proyecto de Código Integral Penal, de iniciativa del Ejecutivo.
El titular del organismo, Mauro Andino Reinoso, reiteró la necesidad de recoger los más amplios criterios de organizaciones sociales y la ciudadanía, a fin de que los legisladores puedan contar con mayores elementos de juicio para enriquecer el cuerpo legal, que es de alta trascendencia para el país.
De su lado, la abogada Dennise Rendón Vergara reconoció que la propuesta penal es el resultado de un esfuerzo encomiable, elaborado con una intensa socialización que ha llevado adelante el Gobierno, con activa participación de diversas instituciones inmersas en la temática.
La funcionaria de Aduanas sugirió que en el Código Integral Penal se recoja el texto del Código Orgánico de la Producción, atinente a la figura de la receptación aduanera, que tiene que ver con las personas que oculten o almacenen mercancías extranjeras con la finalidad de obtener provecho de ellas, sin que éstas hayan ingresado legalmente al Ecuador.
Este negocio ha derivado en un gran contrabando, en el cual se ha formado un verdadero círculo vicioso, desde la persona que trae la mercadería, hasta aquel que compra la totalidad del producto para expenderlo en el mercado nacional, lo que, a su vez, ha provocado una grave defraudación al fisco, dijo.
Comentó que, si bien en el Código Penal se establece el término de receptación, no se especifica el concepto amplio de las actividades de control del delito aduanero, tras plantear también que se mejore la redacción de una de las disposiciones transitorias, tomando en cuenta lo que dispone el artículo 2 de la normativa penal vigente, en concordancia con el artículo 76, numeral quinto, en el objetivo de que los procesos iniciados y las sanciones continúen su curso normal, con el propósito de evitar que prospere algún elemento de impunidad
Impostegable
Entre tanto, el abogado Ramiro García Falconí consideró que es impostergable sacar una normativa penal moderna y actualizada, al recordar que el actual Código data de 1938 y, algo paradójico, desde su expedición no ha sido topado en su parte general, mismo que nació viejo, ya que era una copia textual del Código Penal Belga de 1937.
Reiteró que el actual Código tiene una débil estructura dogmática y responde al siglo XIX; ahora, que se nos plantean nuevas formas de criminalidad, acorde a la realidad del siglo XXI, esas herramientas resultan, no solo insuficientes, sino inservibles, aseguró.
Lo preocupantes es que muchas de dichas disposiciones se las retoma tal cual en la nueva propuesta gubernamental, por ejemplo, en el caso de la autoría. Un nuevo Código debe procurar ser mejor que el anterior, pero tengo serias dudas de que ello se cumpla como uno de los principales objetivos, subrayó.
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La asambleísta María José Carrión, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, se reunió con los representantes de sectores salubristas que se oponen a la figura de la mala práctica profesional y dentro de ella la mala práctica médica que consta en el Libro 1 del Código Integral Penal, bajo el título de homicidio culposo por mala práctica profesional, con la finalidad de conocer sus criterios y buscar acuerdos y evitar llegar a confrontaciones en esta materia.
La asambleísta María Soledad Vela participará en la sesión extraordinaria del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, en Panamá, del 29 al 30 de agosto. El tema que se tratará en esta reunión se refiere a la Gestión de Riesgos desde la visión de prevención, con miras a establecer un protocolo de acción en los países miembros de este cónclave internacional.
Los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico y Tributario recibieron a las autoridades de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y del Banco Nacional de Fomento (BNF), para conocer sus criterios y observaciones en torno a la pro forma presupuestaria para los ejercicios económicos de los años 2009 y 2010.
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, advirtió que promover actos para bloquear la aprobación del proyecto de Ley de Comunicación constituye un abierto incumplimiento a la Primera Disposición Transitoria de la Constitución y, lo que es más, al mandato popular expresado en las urnas el pasado 7 de mayo.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, destacó la necesidad de consolidar la participación activa y efectiva de los movimientos sociales, los colectivos ciudadanos y la población, en general, en la construcción de los diferentes proyectos de ley, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente y afiancen el progreso del país.
Durante el acto de instalación de la Tercera Asamblea del Parlamento Social de los Pueblos del Ecuador, organizada por la Coordinadora de Movimientos Sociales, que se desarrolla en el Salón José Mejía Lequerica, con la asistencia de alrededor de 400 representantes de los pueblos afroecuatorianos, campesinos, montubios, grupos juveniles, entre otros, la presidenta Gabriela Rivadeneira ratificó el compromiso de convertir a la Legislatura en una Asamblea Popular, donde todas y todos expongan sus inquietudes y necesidades.
También, manifestó la decisión de trabajar por una verdadera revolución agraria, mediante la aprobación de las leyes de agua, tierras, semillas y de comunas, pero sobre la base de un cambio de conciencia respecto de las dificultades del campo, las nuevas tecnologías, el reconocimiento de saberes ancestrales, etc.
Invitó a unir voluntades para rechazar los fallos y actuación de los arbitrajes internacionales que pretenden causar serios perjuicios económicos al interés nacional, al tiempo de apoyar la posición asumida por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en torno al Yasuní ITT, más aún cuando esta alternativa para enfrentar el calentamiento no tuvo la mínima atención y respaldo de las naciones imperialistas que, con sus grandes industrias, son las que más contaminan al planeta.
Construir el Ecuador profundo
Abel Navas y Rodrigo Collaguazo, dirigentes de la Coordinadora de Movimientos Sociales, coincidieron que urge consolidar los temas sociales, para lo cual se requiere construir juntos el Ecuador profundo, mediante la estructuración de una base social que permita cambiar las estructuras políticas, económicas y sociales del país, para efectivizar el poder popular.
Al enfatizar que es fundamental que la revolución agraria se profundice, anunciaron que el Parlamento Social asumirá una definición en torno al proyecto Yasuní YTT, tomando en cuenta que existen tres posiciones al respecto: apoyar la explotación como mecanismo para obtener recursos para orientarlos en la lucha contra la pobreza, por la no explotación y que el tema se defina en una consulta popular.
En el evento, además, estuvieron presentes Lenin Lara, ministro de Justicia; Mónica Banegas, vicepresidenta del Consejo de Participación; los alcaldes de Cayambe y Saraguro, así como varios legisladores.
MG/pv
Con 66 votos afirmativos, cuatro negativos, cuatro blancos y 16 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional, designó a la asambleísta Rocío del Carmen Valarezo Ordóñez, como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), quien se comprometió a cumplir el mandato con rectitud, esmero y solvencia.
La Radio, de la Asamblea Nacional, a través de las frecuencias FM 95.7 Quito; 98.5 Cuenca; 96.5 Santo Domingo; 91.3 Portoviejo; 105.3 Riobamba; 94.9 Ambato y Latacunga, transmitirá en vivo la sesión No. 136 del Pleno, convocada para mañana, a las 9H30, en la que se debatirá el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.
Por disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se socializó a los parlamentarios la solicitud remitida por el presidente de la República, Rafael Correa, para "declarar de interés nacional la explotación petrolera de los bloques 31 y 43, dentro del Parque Nacional Yasuní”, de conformidad con lo que establece el artículo 407 de la Constitución.