La Asamblea Nacional del Ecuador, durante su primer año de gestión, aprobó 22 leyes, 50 resoluciones y siete convenios internacionales, con lo cual sentó las bases para la consolidación de la nueva institucionalidad dispuesta en la Constitución de la República, a la vez que contribuyó al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, mediante reformas legales que garantizan una mayor y más equitativa recaudación tributaria y estimulan la inversión productiva.
Con esta frase, el vicepresidente de la Comisión Ocasional de Deportes, Celso Maldonado, destacó la aprobación definitiva de la nueva Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, una vez que esta víspera la Asamblea Nacional resolvió el veto parcial del Ejecutivo, por lo que el documento pasará a su publicación en el Registro Oficial.
“Ha habido un corazón grande para entender que las leyes se construyen en función de país; cada uno de los proyectos que se diseñan en la Función Legislativa son el producto de diálogos, consensos y, fundamentalmente, de la participación ciudadana”, enfatizó.
Sostuvo que el cuerpo legal está marcado por dos ejes: el deportivo y de la actividad física. El Ministerio del Deporte es el rector de la política pública del sector; hoy los gobiernos locales autónomos, es decir, los municipios y juntas parroquiales, serán quienes coadyuven al desarrollo de la actividad física y la recreación, explicó.
Recordó que el sedentarismo que existe en el país es alto y alarmante, por tanto, al darle a la población actividad física y recreación se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana.
Entre tanto, Fernando Cáceres, vocal del organismo legislativo, mencionó que la ley es el resultado de un trabajo coordinado con el presidente de la República, Rafael Correa, a través del Ministerio del Deporte, los dirigentes, deportistas, Comité Olímpico Ecuatoriano, COE y Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, entre otros cientos de colectivos ciudadanos que participaron activamente en el proceso de socialización y presentaron aportes sustanciales para mejorar el articulado.
Por fin se terminan los “cacicazgos y los famosos voluntariados”. Las y los deportistas serán los beneficiados por el Estado, mediante la entrega de recursos direccionados para su bienestar y superación, ya no para satisfacer intereses personales de ciertos dirigentes de determinadas federaciones deportivas y algunos entes ecuatorianos por deporte, aseveró.
Dijo que, personalmente, ha luchado por terminar con estas “mafias” en las dirigencias deportivas y, obviamente, encaminar los esfuerzos al bienestar de los deportistas, tras ponderar que el deporte ha logrado lo que muchas veces la política no lo puede hacer: unir y conjugar voluntades, más allá de tendencias y bancadas, en aras de sacar una ley de contenido social que repercutirá en la salud y vida de la gente.
MG/eg
Un diálogo entre los representantes de las nacionalidades de la amazonía y los asambleístas Virgilio Hernández, Paco Moncayo, Mary Verduga, Guillermina Cruz, Paco Fierro, Paola Pabón y Diana Atamaint de la Comisión de Gobiernos Autónomos se inició en el centro de convenciones Carihuela, de la ciudad de Puyo, con el apoyo de la Confenaie, Ministerio de Coordinación Política y Ecorae.
El objetivo de la sesión es analizar las últimas observaciones de las organizaciones con la finalidad de insertar en los artículos de las circunscripciones territoriales indígenas dentro del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
En la apertura de la reunión, Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, resaltó que este trabajo es de buena fe, como todo el proceso de elaboración del cuerpo legal.
Hernández recordó que el trabajo con las organizaciones indígenas no se inicia ahora, sino que como parte de lo dispuesto en la Constitución y el Convenio 169, se realizó la consulta prelegislativa desde septiembre de 2009, específicamente en las reuniones efectuadas en Unión Base de Puyo, Sucúa, Macas y en Ciespal en Quito.
“Estamos aquí como hermanos ecuatorianos en el marco de la diversidad porque el diálogo sí es posible”, subrayó.
Entre tanto, Walter Ugungará, del Codenpe, tras agradecer la presencia de los representantes de la Asamblea Nacional, dijo que el Código Territorial y el tema de las circunscripciones indígenas son parte de la transformación de la estructura del Estado, y con este objetivo es indispensable despojar la mentalidad colonial.
Luego de la instalación de la sesión, se realizó una explicación general del contenido del Código Territorial y, sobre todo, los 18 artículos de las circunscripciones territoriales y se reciben los criterios de las organizaciones indígenas.
AM/pv
El presidente de la Función Legislativa, Fernando Cordero Cueva, en conversación con los medios de comunicación indicó que si bien los cambios se demoraron en llegar, hoy se comienza a ver los resultados de una Asamblea con nueva identidad, en su primer año de gestión.
Luis Robles, dirigente del barrio Atucucho, ubicado al noroccidente de Quito, destacó que con las leyes que aprueba la Asamblea y el esfuerzo de todos los ecuatorianos podremos construir el nuevo país.
La declaración la formuló una vez que la Asamblea aprobó el proyecto de Ley Interpretativa al decreto legislativo publicado en el Registro Oficial 971 de 20 de junio de 1996 y Ley No. 2003-5 de 27 de mayo de 2003, que legaliza la tenencia de los terrenos en ese sector.
Tras destacar que esta ley beneficiará a cerca de 20 mil personas, manifestó que de esta manera la Asamblea Nacional otorga seguridad jurídica para que el Ministerio de Salud y el Municipio de Quito puedan legalizar esa tierras y los actuales posesionarios tengan su escritura que les garantiza la propiedad.
Hizo un llamado a sus vecinos del barrio a mantenerse unidos una vez que reciban sus escrituras, pues solo la unidad les permitirá avanzar en la construcción de otras obras y acceder a los servicios básicos, con lo que se va acortando la brecha entre ricos y pobres.
PV
En la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su Regulación y Control, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Serrano, se mostró partidario de reformular el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Económico que reprime el Lavado de Activos, presentado por la Procuraduría.
El titular del organismo, Francisco Velasco, explicó que dentro del cronograma de trabajo se prevé entregar el informe para primer debate entre el 3 ó 4 de septiembre, luego que se solicitó al CAL una ampliación de 20 días respecto del plazo que concluía el 20 de agosto, mismo que se suspende mientras dure el receso legislativo.
También indicó que se prepara un foro público sobre esta temática, a fin de que la ciudadanía participe activamente en los debates de este proyecto.
Anunció, extraoficialmente, que en los próximos días el Ejecutivo remitiría los Códigos de Producción y de las Finanzas Públicas, con carácter de urgente, por tanto se requiere canalizar todos los esfuerzos para el proceso de socialización y recepción de aportes, tras manifestar que –además- el organismo tiene en sus manos los proyectos de Ley de Seguros, de la muerte financiera y la vigilancia de la ejecución presupuestaria.
Reformulación
El ministro Serrano argumentó que la reforma tiene varios artículos que violentan principios constitucionales; al introducir nuevamente la tipificación y endurecimiento de penas en una ley diferente al Código Penal, se rompe con el propósito de lograr una racionalización jurídica en cuanto al desarrollo normativo.
Adicionalmente, el funcionario cuestionó los textos atinentes a la institucionalidad de la administración de bienes, ya que se contrapone con el objetivo del Estado de que esto se someta a una sola instancia específica, que no solo maneje los bienes relacionados con el lavado de activos, sino también los involucrados en procesos del narcotráfico.
Considerando que el Estatuto de la Corte Penal Internacional tiene una definición incompleta en torno al terrorismo, el artículo 20 del proyecto en mención debe clarificar específica y concretamente los tipos de delito de plagio y secuestro de personas; en igual forma, el delito de atentado contra la seguridad de la transportación.
Aseveró que el artículo 22 viola la ética del Estado constitucional de derechos y justicia, porque se está determinando una suerte de derecho penal premial favorable a quien delate o entregue información, afianzando el “soplonaje”, figura utilizada en la Alemania Nazi.
Bajo tales antecedentes, propuso que se reformule la Ley conforme los parámetros de la actual Constitución; que se reenvíe al Código Penal todo lo relativo a la tipificación y que se rediseñe la institucionalidad de la administración de bienes.
Entre tanto, el legislador César Rodríguez, invitado a la sesión de la Comisión, evidenció la necesidad de discutir en el marco de las reformas a la Ley de Lavado de Activos, el tema de la Ley de Extinción de Dominio, que va en función de combatir la corrupción y el crimen organizado.
De su parte, María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia, expresó que no se puede seguir agravando la dispersión de las normas, tras precisar que la propuesta podría mantenerse como una Ley para endurecer las sanciones al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, a la vez, determinar los artículos que tipifican delitos en el Código Penal, como parte de una sola materia.
MG/eg
El titular de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Raúl Abad Vélez, indicó que entre este viernes y el martes próximo se votaría el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, sobre el cual se aspira obtener 80 pronunciamientos favorables en el Pleno, considerando que es un tema de alta trascendencia para el país.
Se mostró abierto a la posibilidad de acoger nuevos aportes, que sean viables. Hemos dicho que mientras el proyecto no entre a votación no es ley, por tanto se puede tomar en cuenta observaciones que contribuyan a enriquecer y perfeccionar la propuesta, sostuvo.
En todo caso, puntualizó que se ha recogido la mayor parte de los criterios de los legisladores y de la comunidad universitaria, al resaltar la decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, de disponer la publicación y circulación del proyecto codificado de la Ley de Educación para un cabal cumplimiento de la ciudadanía, a través de varios medios impresos.
Mencionó que el artículo 182 clarifica las funciones específicas de coordinación, mas no de rectoría, que tendrá la Secretaría de Educación Superior en el ámbito del Ejecutivo y el sistema, conforme la disposición del Art. 351 de la Constitución, con lo cual se desechó uno de los aspectos polémicos.
Abad reconoció la potestad jurídica y legal del Primer Mandatario para convocar a consulta popular respecto de esta materia, sin embargo, instó a las bancadas de oposición a profundizar el estudio y análisis del texto alternativo para se den cuenta de las amplias bondades del mismo y, lo que es más, que se propicia un cambio estructural en el sector.
Habrá que ver si a la consulta irá el proyecto codificado o la propuesta inicial del Gobierno, comentó.
No estamos legislando para el actual Ejecutivo, sino en función que la Ley perdure 20 ó 30 años en la vida de la República, dijo, al descartar que en el proyecto se establezca la desaparición inmediata de ciertas facultades o especializaciones, pues ello deberá tratarlo con responsabilidad el Consejo de Educación Superior, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo.
MG/eg
Luego que la Secretaría receptó el correspondiente informe de parte de la Comisión de Régimen Económico, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, convocó para este domingo, 25 de julio, a la sesión del Pleno, con el propósito de dar paso al segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, calificado por el Presidente de la República con el carácter de urgente en materia económica.
La sesión No. 51 está fijada para las 19h45.
También, se recibió el informe de minoría suscrito por los legisladores Sylvia Kon, Patricio Quevedo, Luis Noboa y Nicolás Lapentti.
Contenido y beneficios
El cuerpo jurídico pretende evitar la caída de la producción petrolera del país, para lo cual reestructura el sector hidrocarburifero, establece un nuevo modelo de contrato por prestación de servicios e implementa reformas complementarias en materia contractual.
Además, se determinan competencias en los aspectos administrativo, de control y de gestión.
En lo que atañe a la institucionalidad, se crea la Secretaría de Hidrocarburos que administrará el patrimonio petrolero del país; la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero que fiscalizará la actividad petrolera, mientras que Petroecuador no administrará los contratos y cumplirá funciones de exploración, producción, refinación y comercialización de este recurso.
En el informe se precisa que la adjudicación de los contratos, la efectuará a nombre del Estado ecuatoriano, no el ministerio sectorial, sino el Comité de Licitaciones, mediante licitación, con excepción de los que se realicen con, empresas estatales o subsidiarias de estas de países que integran la comunidad internacional.
Los contratos que efectúe el estado ecuatoriano con tales empresas observarán los requisitos atinentes a las responsabilidades, administrativas, civiles y medioambientales.
Las contrataciones de obras o servicios específicos se ejecutarán y adjudicarán de conformidad con la normativa aplicable de las empresas públicas de hidrocarburos.
En cuanto a los contratos de participación suscritos y que deben modificarse al modelo reformado de prestación de servicios se fija un plazo de 120 días. En tanto, que para los firmados bajo otras modalidades el plazo será de 180 días.
MG
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, subrayó que su decisión de suspender la convocatoria a la reinstalación de la sesión 46 se ajusta plenamente a las atribuciones otorgadas por el numeral 3, del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Explicó que dicha norma expresamente dispone: “Artículo 12.- Son funciones y atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional: .. 3. Convocar, instalar, presidir, dirigir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y del CAL;..”
De esta manera, el arquitecto Fernando Cordero respondió, por escrito, a la carta suscrita por los legisladores Abdalá Bucaram, Jeannine Cruz, Gilmar Gutiérrez, César Montúfar, Luis Morales, Marco Murillo, Alfredo Ortiz, Andrés Páez, Lourdes Tibán, Edwin Vaca, Cynthia Viteri y Leonardo Viteri. Descargue aquí el documento.
En el documento, el titular de la Función Legislativa expresó que su decisión la tomó en consideración a que el texto del proyecto de la Ley Orgánica de Educación Superior fue repartido a las 00h56 del día de hoy, 21 de julio de 2010, con el propósito de que los asambleístas y el pueblo ecuatoriano puedan revisarlo detenidamente, de manera previa a someterlo a votación en el Pleno.
Ante la preocupación de las bancadas de oposición de que el proyecto urgente de reformas a la Ley de Hidrocarburos entre por el ministerio de la ley y, en consecuencia, se consume un verdadero atentado en contra de los intereses del país, el presidente Cordero expresó que convocaría a sesión ya sea sábado o domingo, a las 48 horas inmediatamente de que la Comisión de Régimen Económico presente el correspondiente informe.
“Quiero que tengan la certeza de que cumpliendo lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el momento que sea recibido y difundido el texto del mencionado informe, 48 horas después, sin perjuicio que sea sábado o domingo, convocaré a la sesión pertinente”, reiteró.
Es interés de esta Presidencia que dicho texto sea enriquecido con vuestras observaciones antes de que sea remitido, dentro del plazo concedido por la Constitución de la República en su artículo 140, al Presidente de la República, concluyó.
MG
En diálogo con la prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, aclaró que suspendió la convocatoria para la reinstalación de la sesión 46, con el propósito de consolidar el proceso de socialización y consenso previo a la votación del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior.
Reiteró que, fundamentalmente, la decisión se tomó en función de que los legisladores profundicen el estudio y análisis de la codificación del último adémdun preparado por el titular de la Comisión de Educación, Raúl Abad, el cual recoge las observaciones de los asambleístas y de la comunidad universitaria.
Puntualizó que en el documento alternativo se establece que la máxima autoridad del Consejo de Educación Superior será el resultado del pronunciamiento democrático de los 10 miembros, en igualdad de oportunidades, sin injerencia alguna del Primer Mandatario, mientras la Secretaría tendrá la función específica de coordinación entre la Academia y el Ejecutivo; todos los aspirantes al Consejo de Evaluación (Conea) deberán someterse a un concurso.
En cuanto a las rentas, se respeta el Fopedeupo, pero también se determina que gradualmente se incrementen los dineros en el Presupuesto General del Estado, hasta llegar, al menos, al 5 por ciento; las universidades, tanto públicas como privadas y cofinanciadas estarán exentas del pago de tributos y podrán proceder a la importación de infraestructura técnico – científica, añadió.
Precisó que en el cogobierno los estudiantes tendrán presencia activa con voz y voto para designar a las autoridades académicas de cada institución. En las públicas y privadas se fijan el 50% y 30%, respectivamente, del personal docente y cada estatuto clarificará lo pertinente.
Comentó que en la Ley de Educación Superior, respetando estrictamente la Constitución, se implementa una moratoria para que en los próximos cinco años no se creen nuevas universidades. No obstante, se hace una excepción a favor de las universidades de Educación; de la Amazonía; de las Artes, en Guayaquil; y, de Santo Domingo de los Tsáchilas, pero éstas deberán cumplir con los pasos y procedimientos del caso. Se abre la posibilidad para que la Universidad Intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas pase de privada a pública.
Sostuvo que un adémdun es una respuesta a las diferentes reuniones, opiniones, colectivos, una acción participativa, por lo que invocó a las bancadas a actuar con coherencia respecto de la propuesta jurídica, luego que se ha afianzado ampliamente el debate y la socialización de la misma.
La Ley está en armonía con la planificación y el Plan Nacional de Desarrollo, así como se resguarda la autonomía universitaria, acorde con la Constitución, agregó. No soy hombre de violencia, dijo Fernando Cordero, al explicar el entredicho de ayer con el legislador Enrique Herrería.
Finalmente, anunció que el Legislativo podría sesionar el fin de semana para .aprobar el proyecto urgente de reformas a la Ley de Hidrocarburos, solo espera que la Comisión de Régimen Económico presente el correspondiente informe y, en virtud de los tiempos mínimos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocará a la respectiva sesión del Pleno.
MG
