El secretario General de la Asamblea Nacional, Andrés Segovia, indicó que todo está listo para que el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en sesión solemne, rinda, este viernes 10 de Agosto, su Informe a la Nación, sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el Gobierno se propone alcanzar durante el año próximo.
Es necesario que los propietarios de vehículos destinados a la transportación masiva de personas suscriban contratos de trabajo con los choferes profesionales, para que éstos tengan acceso a los derechos laborales y de afiliación social, subrayó el asambleísta Andrés Páez, en la Comisión de Desarrollo Económico, al exponer los alcances de su propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por Fernando Bustamante Ponce, presentó el correspondiente informe para primer debate del proyecto de Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, de iniciativa del Ejecutivo.
La propuesta tiene por objeto reconocer como Héroes y Heroínas Nacionales a miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional o ciudadanos civiles que hayan sido destacados por la realización de actos únicos de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, que hayan salvado vidas, protegido instituciones fundamentales o defendido en conflictos armados la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado ecuatoriano.
Dicha condición se reconoce, también, a quienes en los actos realizados hayan perdido la vida o sufrido lesiones de carácter físico o sicológico total o parcial de forma permanente.
La calidad de héroe, según el proyecto, se obtendrá mediante sumario iniciado ante el Ministro Coordinador de Seguridad Pública, previo informe de un comité integrado por delegados del Presidente de la República, el Ministro del área a la que pertenece él, la o los calificados, de la Asamblea y la máxima autoridad institucional a la que pertenece él o la candidata, en caso de ser pertinente. La calificación será revisada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un proceso de veeduría e impugnación ciudadana.
Se declara como política de Estado la protección de los héroes y heroínas nacionales, de sus viudas e hijos menores de edad o con discapacidad total o parcial, permanente; además de otros familiares que se encuentran bajo la protección o el cuidado del titular del derecho.
Se crea una pensión de reconocimiento a la que tendrán derecho el militar, policía o civil declarado héroe; y a falta de éste, el o la cónyuge sobreviviente, los hijos menores de edad o con discapacidad.
Igualmente, se establece una pensión a favor de los ex combatientes militares, policiales y civiles que participaron en la defensa nacional en los conflictos armados de 1981 y 1995, que recibieron condecoraciones y a los que sufrieron lesiones físicas y sicológicas que provocaron discapacidad.
El beneficio se extiende para aquellos que perdieron su vida o resultaron con lesiones físicas y sicológicas de carácter total o parcial permanente, como consecuencia del levantamiento de campos minados, Igualmente, para quienes hayan sufrido consecuencias similares, en el desarrollo de misiones de paz.
MG/pv
El ministro coordinador de Desarrollo Social, Richard Espinoza, subrayó que invertir en el ser humano, es una política por la igualdad y la equidad que en 5 años de la revolución ciudadana se ha invertido en los ciudadanos más que los tres gobiernos anteriores.
Durante la segunda sesión del Seminario “Combatiendo la violencia contra las mujeres: de la Legislación a la Aplicación Efectiva”, la especialista en género, Lucy Blacio, en su ponencia sobre los marcos jurídicos internacionales y regionales, destacó que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer define esta temática como cualquier acción o conducta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico.
Con 53 votos a favor de 101 asambleístas presentes, el Pleno designó a los funcionarios Andrés Segovia y Libia Rivas, así como a Juan Pablo Pozo y Lorena Cáceres, como delegados de la Función Legislativa para integrar las Comisiones Ciudadanas de Selección de los miembros del Consejo de la Judicatura y de la primera autoridad de la Fiscalía del Estado, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 209 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo previsto en el Art. 56 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En cumplimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, llevará adelante el proceso de análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que crea la Unidad de Defensa Pública Gratuita de las Víctimas de la Delincuencia.
Con la finalidad de justificar la permanencia de este organismo como parte de la institucionalidad creada en la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, la Comisión de Biodiversidad recibirá, en comisión general, a los integrantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, el lunes 26 de abril, a las 16H00.
El proyecto de reforma presentado por los asambleístas Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, Marisol Peñafiel, Eduardo Encalada, Tomás Zevallos, Zobeida Gudiño, con el apoyo de Paola Pabón, Ángel Vilema y Rosana Alvarado, tiene por objetivo precisar determinadas disposiciones de la Ley de Soberanía Alimentaria que fueron observadas por el Ejecutivo y que entraron en vigencia por el Ministerio de la Ley, con lo cual se alteró el espíritu de esta normativa. Por tanto, es necesario recuperar el sentido original de la ley.
La propuesta determina la creación de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria como una institución para debate, deliberación, generación de propuestas y participación ciudadana sobre esta materia. Los representantes serán seleccionados a través de un concurso público de oposición y merecimientos organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se utilizarán criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.
Este organismo elaborará, en un plazo máximo de dos años -contados desde la entrada en vigencia de la presente ley reformatoria, en un amplio proceso de debate, deliberación, generación de propuestas y participación ciudadana en coordinación con las instituciones competentes- la propuesta de ley o leyes conexas que regulen, entre otros: acuacultura y manglares, agrobiodiversidad y semillas, agroecología, agroindustria, capital, crédito, subsidios y seguro agrícola, comercialización y abastecimiento agroalimentario, consumo y nutrición, pesca, sanidad animal y vegetal, territorios y comunas, uso y acceso a las tierras, la misma que será remitida a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación.
Sobre la base de este planteamiento, explicarán las razones por las cuales es necesaria su permanencia.
Luego, los comisionados realizarán un análisis de las observaciones al mencionado proyecto de reformas, presentadas por los asambleístas integrantes de la Comisión de Biodiversidad.
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Tras recordar que hace más de doscientos años nuestros héroes y patriotas ya vislumbraron que sólo unidos podríamos alcanzar la libertad y la justicia, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, dijo que los pueblos latinoamericanos tienen el desafío de afianzar permanentemente los procesos de integración, recogiendo las buenas experiencias de la Unión Europea.
El presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, en su cuenta de twitter, afirmó que “la Asamblea Nacional podría ser convocada en las próximas horas a sesión extraordinaria para pronunciarse sobre la intolerable amenaza británica”. También recordó que nuestra Constitución, en el artículo 416, numeral 3, "condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar..."
