La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, bajo la conducción de la vicepresidenta, María Augusta Calle, inició el tratamiento del pedido de aprobación de la denuncia del “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” (TIAR).
En este contexto, el organismo recibió a los embajadores Mauricio Montalvo, Marcelo Vásquez y Benjamín Villacís, así como al Dr. Denys Toscano, director del Sistema Interamericano, representantes de la Cancillería.
El diplomático Mauricio Montalvo indicó que el TIAR se estableció en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947 y nuestro país lo suscribió el 10 de noviembre de 1949 y ratificó en 1950, tras señalar que el Gobierno de Ecuador fundamenta la denuncia en la superación de las condiciones políticas, materiales e históricas que determinaron la firma del instrumento, tras el fin de la Guerra Fría, más aún cuando la nación ecuatoriana y otros países en desarrollo y emergentes han iniciado un proceso de emancipación de los poderes hegemónicos, coloniales y neocoloniales que intentan perdurar en el mundo.
Dijo que el tratado fue promovido por Estados Unidos para hacer frente a supuestos atentados contra la paz y seguridad del continente y contra la soberanía e independencia política de las naciones americanas, que resultaban de la intervención de potencias extracontinentales específicamente del bloque comunista de Europa Oriental y Asia. Sin embargo, el documento, en los últimos años, ha sido utilizado para justificar el intervencionismo y el uso de la fuerza en contra de países y gobiernos americanos de tendencia popular, socialista o nacionalistas.
Recordó la actuación de Estados Unidos en el caso de la invasión de Gran Bretaña a las islas Malvinas, desatendiendo los intereses de Argentina, al enfatizar que la denuncia está enmarcada en los artículos 147, 416 y 419 de la Constitución. Es más, el artículo 25 del TIAR determina que el tratado podrá ser denunciado, lo que también dispone la Declaración sobre Seguridad de las Américas, agregó.
Letra muerta
El legislador Antonio Posso expresó que el tratado habla que cuando se presente un ataque de fuerzas ajenas a los socios, todos deben actuar al unísono para defender los intereses de los integrantes, pero la comunidad internacional comprobó que Estados Unidos brindó apoyo logístico total a Inglaterra en el ataque a las Malvinas, imponiéndose la fuerza imperial, en detrimento de los argentinos que son los legítimos dueños de ese territorio. Además, no ha servido para superar los múltiples conflictos internos que se han dado durante más de 60 años de vigencia del convenio, subrayó.
Ineficiente
A su vez, el parlamentario Diego Salgado consideró que al momento que se firmaba el tratado era necesario y justificado, pero que ahora se ha convertido en ineficiente dada la nueva realidad continental y mundial.
Estrategia geopolítica
De su lado, el asambleísta Rodrigo Collaguazo sostuvo que el TIAR y la OTAN surgieron como parte de una estrategia geopolítica de los países imperialistas, para defender la concepción del capital y frenar los procesos revolucionarios.
MG/pv
La Comisión de Gobiernos Autónomos decidió que no se harán reformas a la Ley 047, en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad), cuya aprobación está pendiente en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino Reinoso, a propósito del debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, viene desarrollando, a nivel nacional, una serie de encuentros ciudadanos, con el objetivo de socializar, analizar y recibir propuestas respecto a este tema.
Para el lunes 12 de diciembre, a partir de las 16:00, se prevé la realización del Foro: “Reflexiones sobre el proyecto del Código Orgánico Integral Penal”, en el Aula Magna de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.
Este acto contará con la presencia de académicos, funcionarios judiciales, estudiantes y ciudadanía en general.
Las asambleístas Mariangel Muñoz Vicuña y Rosana Alvarado Carrión, vocales de la Comisión de Justicia, son las coordinadoras del evento.
La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en su búsqueda constante por conocer las necesidades de la ciudadanía desde el territorio, programó una visita a la provincia de Manabí, prevista para el lunes 16 de septiembre de 2013.
Ante la necesidad imprescindible de que los niños y jóvenes del país se instruyan para saber cómo actuar en caso de una catástrofe natural, el Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad (104 presentes) exhortó al Gobierno Nacional y, de manera especial, al Ministerio de Educación a que obligatoriamente, en las instituciones públicas y privadas de nivel inicial, básico y bachillerato, se aborden temas referidos a sismos y desastres naturales, por lo que se incluirá en el pénsum una materia sobre la cultura de prevención entre el alumnado y su entorno.
En rueda de prensa, la Bancada de Alianza País (AP), en compañía de los grupos aliados, denunció que los bloques de oposición pretenden desestabilizar a la Asamblea y, como tal, a la democracia ecuatoriana, a través del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La asambleísta Zobeida Gudiño, coordinadora de AP, subrayó que la propuesta última expuesta por el legislador Vicente Taiano difiere totalmente del documento aprobado hasta las primeras de la mañana de este martes (01:00), tras señalar que no bajaron al Pleno porque dicho articulado no cumplía con el plazo de 48 horas para su presentación y votación, conforme lo establecido en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, por tanto, no había el tiempo suficiente para realizar una revisión profunda.
“Dicho proyecto tiene como finalidad el asalto de la primera función del Estado, en este caso, la Asamblea Nacional para, desde la Legislatura, dirigir la desestabilización del régimen democrático que vive el país”, enfatizó.
“Queremos denunciar al pueblo ecuatoriano el intento de golpe de Estado que se pretende dar desde la oposición al Legislativo”, puntualizó.
Expresó que el proyecto de la oposición, de manera perversa, propone la destitución del Presidente de la Asamblea y de todas las autoridades legislativas, entre ellos, de las principales dignidades de las comisiones especializadas; la autoconvocatoria de la Asamblea con 63 votos; la apelación a la Presidencia de la Asamblea con mayoría simple, tendente a cambiar la dirección de la entidad, lo que generaría caos y desestabilización en cada sesión.
Además, se incluye a los alcaldes, concejales, juntas parroquiales y a todos los servidores públicos como sujetos de fiscalización, en clara contradicción con la norma constitucional, agregó.
La asambleísta Zobeida Gudiño aseguró que también se busca alterar la disposición constitucional sobre el trámite de las leyes urgentes en materia económica, tratando de bloquear su tratamiento.
Subrayó que se intenta crear una veeduría en el Consejo Nacional Electoral, que sería una flagrante intromisión en otra función del Estado; y, crear comisiones viajeras.
Finalmente, aseveró que se plantea el enjuiciamiento de jueces y funcionarios judiciales, con clara intención de interferir en la Función Judicial.
MG/eg
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPPCS) realizará, este 16 y 23 de septiembre de 2013, conversatorios entre representantes del Estado, organizaciones sociales y de la ciudadanía para analizar el proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, cuyo informe para segundo debate se está elaborado en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional.
La asambleísta Scheznarda Fernández presentó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley Orgánica para la institucionalización del tamarindo.