“Esperamos que el Ministerio de Finanzas nos haga llegar los correspondientes estudios técnico- financieros para elaborar y complementar el articulado referente a los recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados”, aseguró el asambleísta Virgilio Hernández, presidente de
Para el jueves 15 de septiembre, a las 15h30, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a la sesión No. 124 del Pleno, a fin de tratar en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial y la objeción parcial del presidente de la República, Rafael Correa, al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal.
El proyecto de resolución relativo al espionaje, propuesto por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, generó un amplio debate en el Pleno. El presidente de la comisión, Fernando Bustamante, expresó que es necesario que la Asamblea Nacional y la comunidad mundial analicen la contradicción entre seguridad y libertad y que se garantice el disfrute y goce de los derechos de la seguridad de vida en su plena integridad.
Los asambleístas César Montúfar, Lourdes Tibán, Jimmy Pinoargote, Fabián Valdiviezo (alterno de Cynthia Viteri) y Fausto Cobo, propusieron a la presidenta de la Comisión Ocasional de Comunicación, Betty Carrillo, laborar también los fines se semana hasta concluir el análisis del amplio proyecto de ley.
Los proponentes recordaron que quedan pocos días, incluida la prórroga (23 de noviembre) para presentar el informe para primer debate y apenas están aprobados 22 artículos.
Nuestra responsabilidad es entregar al país un informe suficientemente debatido artículo por artículo, tal como hemos realizado hasta ahora y para ese análisis y aprobación se requiere de mayor tiempo, sostuvieron.
Los artículos aprobados, en su mayoría por unanimidad, se refieren a la exigibilidad de los derechos de comunicación; plurinacionalidad e interculturalidad; pluralismo, diversidad e inclusión social; acción afirmativa; transparencia y máxima divulgación de la información pública; interés superior de las niñas, niños y adolescentes; participación de personas y de colectivos; prevalencia de contenido; cláusula de conciencia; responsabilidad ulterior; transparencia y máxima divulgación de la información pública; del uso y acceso al espectro radioeléctrico y el derecho de la información de las personas.
Por último, informaron que el artículo sobre la “responsabilidad ulterior”, fue reconsiderado por pedido del asambleísta Rolando Panchana.
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Con el apoyo de 82 asambleístas, Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, presentó un proyecto de Ley de Protección del Cóndor Andino y otras especies amenazadas y en peligro de extinción, a través del cual se dota al Estado de herramientas técnicas y jurídicas adecuadas que permitan, en forma eficiente y eficaz, proteger a las especies en peligro de extinción dentro del territorio nacional.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cassinelli, anunció que en los próximos días se reunirá con los delegados de la Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria, a fin de preparar un proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, que regule las actividades complementarias de las cooperativas de ahorro y crédito.
La Asamblea Nacional, en cumplimiento con la disposición del artículo 2 de la Constitución, por intermedio de la Dirección de Comunicación, presentó la Constitución de la República escrita en el idioma Shuar.
La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio se reunirá mañana, a las 15h00, con el propósito de revisar el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, según la convocatoria efectuada por su presidente, Richard Calderón
La Superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, pidió a la Comisión de Fiscalización y Control Político, archivar el proceso de juicio político que se sigue en su contra, argumentando que las pruebas de cargo presentadas por el asambleísta Galo Lara carecen de sustento legal, a la vez que dijo que se reserva el derecho para iniciar un juicio penal por delito de injurias contra el interpelante.
