El presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Legalización de Terrenos a favor de los Moradores y Posesionarios de Predios que se encuentran dentro de la jurisdicción del Cantón Buena Fe.
Con la presencia de representantes de los diversos pueblos, comunidades y nacionalidades del país, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu “CONAMAQ”, de Bolivia y de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), de Perú, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador conmemoró los 25 años de constitución.
El asambleísta Gabriel Rivera anunció que mañana, viernes 30 de agosto, los integrantes de la bancada del Movimiento PAIS, tienen previsto reunirse para analizar la propuesta del Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien solicitó a la Asamblea Nacional, la autorización para explotar el petróleo en una zona del Yasuní.
Seis objeciones a los artículos 3, 4, 7, 9, 10, y sobre el segundo inciso de la Disposición Transitoria Primera, presentó el Ejecutivo a la Ley reformatoria al Código Penal y de Procedimiento Penal, que tiene por objetivo coadyuvar en una efectiva lucha contra la delincuencia y precautelar el pleno ejercicio de las garantías del debido proceso en el ámbito penal. La Asamblea deberá pronunciarse en torno a este tema en el plazo de 30 días.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso (AP), presentó informe favorable, para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.
Para tal efecto, el organismo unificó las propuestas presentadas por los legisladores María Soledad Vela (AP), Andrés Roche (MDG) y Saruka Rodríguez (PRE).
También, el titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon Campaña, formuló observaciones al respecto. Incluso, el Consejo remitió a la Asamblea Nacional, con fecha 11 de noviembre de 2011, en ejercicio de la iniciativa legislativa, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral.
Contenido del informe
El documento se refiere a temas como los derechos del elector, equidad de género, acoso político, simultaneidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales, el método de adjudicación de escaños, administración electoral, entre otros.
Establece que los órganos de la Función Electoral implementen políticas y acciones destinadas a promover la interculturalidad en el marco de la promoción del ejercicio de los derechos políticos y de participación, que se ejercen a través del sufragio.
Elección simultánea y segunda vuelta
Propone que las elecciones se realizarán cada cuatro años para elegir simultáneamente Presidente o Vicepresidente de la República, asambleístas, representantes ante el Parlamento Andino, consejeros y consejeras regionales y gobernadores regionales.
En el caso que en la primera votación ningún binomio presidencial hubiere logrado mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta dentro de los siguientes 45 días y en ella participarán los dos binomios más votados en la primera vuelta. No será necesaria la segunda votación si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor de diez puntos porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar.
Además, el proyecto determina que a partir de las 17:00 se cerrarán los recintos electorales y se receptará el sufragio de quienes, hasta esa hora, se encontraren en la fila de la respectiva junta receptora del voto.
Para la adjudicación de escaños en elecciones pluripersonales, se procederá de acuerdo con los cocientes mayores mediante la aplicación de la fórmula de divisores menores continuos.
Los movimientos políticos que obtuvieren el equivalente al cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional en dos elecciones pluripersonales consecutivas, adquirirán iguales derechos y deberán cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos.
En una de las disposiciones generales, se plantea que para efecto de las campañas electorales de consulta, referéndum y revocatoria de mandato se considerarán sujetos políticos a los proponentes de éstas; y, a quien promueva la revocatoria de mandato y a la autoridad contra quien se la proponga. El Consejo Nacional Electoral dictará la normativa necesaria para garantizar la promoción electoral equitativa e igualitaria en radio, prensa, televisión y vallas durante estos procesos electorales.
Asimismo, la propuesta está dirigida a garantizar la representación paritaria, alternabilidad y secuencialidad entre hombres y mujeres tanto en el Concejo Nacional Electoral cuando el Tribunal Contencioso Electoral.
MG/pv
El Presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de responder una serie de inquietudes de los asambleístas sobre el proceso de selección, calificación y designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que termina en estos días.
Al amparo de los artículos 131 de la Constitución y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la Comisión de Fiscalización calificó el trámite de juicio político en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal, propuesto por el legislador Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático.
A favor de la moción, para que el organismo inicie la sustanciación del proceso, se pronunciaron César Alvear (alterno de Marllely Vásconez), Fernando Cáceres, Luis Morales, Alfredo Ortiz, Franklin Purcachi (alterno de Galo Lara), Tomás Zevallos, y Silvia Salgado. En tanto, se abstuvieron de votar Viviana Bonilla, Soraya Viteri (alterna de Lídice Larrea) y Omar Juez.
Jorge Escala, quien participó en la sesión, responsabilizó a la funcionaria de haber impuesto el bachillerato general unificado sin consultar a los actores inmersos en la temática, lo que violenta la Constitución y la propia Ley de Educación Intercultural, hecho que ha generado conflicto y movilización de parte de la juventud estudiosa del país.
Consideró también que, en los últimos días, se ha evidenciado una actitud de persecución de la Ministra Vidal en contra de maestros y estudiantes por su filiación política, atentando a la libertad y derecho de organización.
Trámite
El artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que una vez calificado el trámite, la Comisión notificará al funcionario sobre el inicio del mismo, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
De igual forma, notificará a los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones…
Solicitud de César Rodríguez
La solicitud de juicio político planteada por el asambleístas César Rodríguez no fue aceptada, puesto que obtuvo cinco votos a favor (Luis Morales, Alfredo Ortiz, Franklin Purcachi, Tomás Zevallos, Silvia Salgado); y, cinco abstenciones César Alvear, Viviana Bonilla, Fernando Cáceres, Omar Juez, Soraya Viteri).
MG
Nueve propuestas presentó la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en el lanzamiento del texto “Continúa la privatización del agua” a través del cual piden la terminación inmediata de la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento a Interagua con la empresa de agua potable que administra el Municipio de Guayaquil.
Comunicación libre y sin censura previa; democratización de los medios; difundir los conocimientos de los saberes; participación ciudadana; contenidos que defiendan la plurinacionalidad e interculturalidad; el respeto a la cláusula de conciencia; derechos laborales; reserva de la fuente; derecho a la réplica; la regulación a los medios públicos y privados; la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, fueron los elementos considerados por los diferentes sectores políticos como de vital importancia para que en Ecuador se instaure una nueva forma de comunicación.
Darío Rodríguez, viceministro de Educación, expresó que el sistema novedoso de asignación automática de cupos para alumnos del régimen Sierra y Oriente se aplicó con dos objetivos: garantizar un cupo en los establecimientos públicos al estudiante que así lo solicitare, así mismo evitar la discrecionalidad de rectores y de ciertas autoridades del plantel en la temática.
El funcionario acudió a la Comisión de Educación, en donde informó que se implementó un sistema automatizado y que entre el 10 y el 30 de junio se realizaron las correspondientes inscripciones a nivel nacional para todos aquellos que querían ingresar en el sistema público, para lo que se establecieron puntos de atención, explicó.
Agregó que el 15 de agosto se procedió a la asignación, de manera automática, de dichos cupos, tomando en cuenta que el sistema funciona sobre la base de la oferta educativa y los establecimientos y, por otra parte, los niños y jóvenes alumnos, acorde a la sectorización o distritalización fijada oportunamente dentro del sistema educativo.
Como resultado del proceso se asignó 1 millón 316 mil cupos con un margen de error del 2% que estaba dentro de lo previsto, considerando que no todo el sistema es automatizado y hay fases de digitación. En todo caso, en el pasado quedaron las interminables filas y sacrificio que hacían los padres de familia en función de sus hijos, enfatizó.
Práctica saludable
La asambleísta Ximena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, mencionó que se ha convertido una práctica saludable la presencia constante de funcionarios que desde el Ejecutivo aplican las leyes y normativa que se aprueba en la Asamblea.
En el ejercicio de la fiscalización estos encuentros nos permiten comprender el nivel de aplicación de la política pública de la norma y también las dificultades y si éstas se deben a la norma en sí o a la misma aplicación, precisó.
MG/pv
