La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzó en el estudio del proyecto en materia de Consejos de Igualdad, tomando en cuenta las tres iniciativas presentadas por el Presidente de la República, Rafael Correa y las legisladoras Marisol Peñafiel y Paola Pabón.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, cuestionó determinadas publicaciones de prensa respecto a las supuestas consecuencias de la objeción total del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Función Judicial, específicamente el tema relacionado con la prisión preventiva, que consta en la primera pregunta de la consulta popular.
El jueves 29 de noviembre de 2012 desde las 15h30 en la ciudad de Panamá tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano que es la máxima autoridad cuando no está sesionando la Asamblea. En esta oportunidad la reunión fue dirigida por el presidente alterno Fernando Cordero quien constató la existencia del quórum con la presencia de 23 vicepresidentes.
La Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano está integrada por un Presidente, un Presidente Alterno, un Secretario General, un Secretario General Alterno, un Secretario de Comisiones, un Secretario de Relaciones Interparlamentarias y un Secretario de Relaciones Interinstitucionales, elegidos por la Asamblea; por el Presidente Delegado y, tantos Vicepresidentes como Congresos miembros acreditados existan.
El legislador Andrés Páez, de la Izquierda Democrática, destacó la trascendencia de su proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial que crea la Unidad de Defensa Pública Gratuita de las Víctimas de la Delincuencia, tomando en cuenta que responde al artículo 195 de la Constitución.
En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de familiares de víctimas de la inseguridad, Páez Benalcázar expuso que la delincuencia y el absurdo manejo de la Defensoría Pública, que ha permitido la liberación de elementos peligrosos, poniendo en riesgo la seguridad personal de la población y sus bienes, obliga a que el marco jurídico ecuatoriano proteja, de manera privilegiada, a quienes sufren el embate de esta problemática.
Comentó que con la política de fronteras vivas y la no exigencia de visas, se facilitó la llegada de muchos antisociales extranjeros.
Recordó el terrible crimen de la madre de la doctora Patricia Luna Gaibor y del joven Gabriel Caicedo, a cuyo asesino, de este último, precisamente, se le perdonó la pena, a pesar de tener una ficha marcada por la reincidencia y alta peligrosidad.
Subrayó que la Defensoría Pública auspició la liberación de 14 mil ciudadanos, los que en su gran mayoría son habituales y contumaces delincuentes, al enfatizar que desde mañana revelará los nombres de tales personas y el detalle de sus acciones.
“Nadie se opone a que una persona tenga el auxilio necesario por parte de un abogado, para que sus derechos no sean conculcados, pero no podemos tolerar que la Defensoría Pública exista solo para defender a los delincuentes, mientras a las víctimas nadie les protege, por tanto, hay que hacer causa común por los intereses nacionales”, concluyó.
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El titular de la Función Legislativa, Fernando Cordero Cueva, suspendió la sesión 46, concediéndole al presidente de la Comisión de Educación, Raúl Abad y a los jefes de bancada, un espacio de 30 minutos para que dialoguen y consensúen el texto final del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, que será sometido a votación.
En el marco de juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, recibió los testimonios de Marcia Flores Benalcázar, Marcia Romero Laines, Wlison Cuenca Armijos y Ruth Silva, entre otros convocados.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 207, con 81 votos se allanó al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, que genera recursos económicos para financiar el incremento del bono de desarrollo humano y de inmediato será remitido al Registro Oficial para su publicación.
Como resultado del Segundo Foro Nacional de Análisis del proyecto de Ley para el Control del Tabaco, la María Alejandra Vicuña, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, destacó que hay soluciones integrales que deben servir de garantías para un sector que se siente perjudicado como es el caso del productor y el de la industria tabacalera.
La Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Rolando Panchana, inició el trámite del proyecto de Ley de Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, de iniciativa de la legisladora María Molina, quien acudió a este organismo para explicar el alcance y objetivos de su propuesta.
