El licenciado Lenin Moreno Garcés, presidente Constitucional de la República del Ecuador, encargado, notificó a la Asamblea Nacional el trámite de ratificación de dos convenios internacionales: con el Reino de Camboya sobre exención de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, servicios / titulares; y, con la República de Belarús sobre cooperación en las áreas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación.
Para el efecto, el Mandatario consideró los informes del Pleno de la Corte Constitucional, los cuales determinan que este tipo de instrumentos internacionales no se enmarcan en los casos que requieren aprobación previa de la Legislatura, tomando en cuenta los artículos 418 y 419 de la Constitución.
Exención de visas
El Convenio con el Reino de Camboya establece que los nacionales de cualquiera de los dos países portadores de pasaportes diplomáticos, servicio/oficiales válidos, que no estén acreditados en el territorio de la otra Parte, podrán ingresar, transitar, permanecer y salir del territorio de la otra Parte, sin visa, por un período que no exceda los 30 días desde la fecha de ingreso.
La extensión de tal período podrá ser otorgado por las autoridades competentes del país anfitrión sobre la base de una solicitud, por escrito, de la Misión Diplomática u Oficina Consular de la otra Parte. En caso de que no exista Misión Diplomática, los portadores de los citados pasaportes deberán dirigirse al Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor.
Convenio entre las Repúblicas de Ecuador y Belarús
Promueve el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones mutuamente ventajosas entre ambas naciones, reconociendo el importante papel de la educación superior, la ciencia y la tecnología en el progreso de la economía
En tal sentido, posibilita el intercambio de docentes universitarios, aspirantes a maestrías y PhD (Doctorado), así como también pasantes y estudiantes de nivel técnico y tecnológico.
MG/pv
Los asambleístas Mauro Andino y Gina Godoy, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la Comisión de Justicia, recibieron a los principales dirigentes de la Federación de Choferes Profesionales y de la Federación del Transporte Urbano, quienes expusieron varias inquietudes en torno a las sanciones para la clase del volante, que constan en el nuevo Código Penal (COIP).
Tanto en el foro que se desarrolló en Montecristi, como en el de Quito, las organizaciones sociales, campesinas y pueblos indígenas, proponen a la Comisión de Soberanía Alimentaria, Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, no contemple la privatización de este recurso.
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional inició la recepción de testimonios dentro de la fase de prueba del juicio político contra el ministro de Salud Pública, David Chiriboga, formulado por los asambleístas Francisco Ulloa (MPD) y Abdalá Bucaram Pulley (PRE).
La asambleísta nacional Silvia Salgado Andrade, del Partido Socialista Frente Amplio, presentó el “proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la coordinación con la representación parlamentaria regional andina del Ecuador”.
La propuesta tiene como objetivo la creación del Consejo de Coordinación Interparlamentaria Regional, como un órgano de la Asamblea Nacional encargado de coordinar acciones con el Parlamento Andino.
Según la propuesta, el Consejo de Coordinación Interparlamentaria Regional sería integrado por el Presidente de la Asamblea Nacional o su delegado, quien lo presidirá; el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral; y, los parlamentarios representantes del Ecuador en el Parlamento Andino.
Para su funcionamiento, el Consejo estará sujeto a las normas aplicables para las comisiones especializadas.
Tendrá como funciones: discutir, elaborar y aprobar con mayoría absoluta, propuestas legislativas encaminadas a fomentar la integración regional, armonizar las normas nacionales con normas expedidas por los países de la Región Andina que garanticen derechos y canalizar el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones del Parlamento Andino en el ámbito nacional.
Proponer al Consejo de Administración Legislativa (CAL) temas o proyectos de resoluciones, para que sean discutidos en las comisiones especializadas o en el Pleno de la Asamblea; recibir, analizar y procesar propuestas elaboradas por las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, respecto a temas relacionados con la integración andina y latinoamericana; canalizar la participación de organizaciones sociales y ciudadanía en general, en el Parlamento Andino y en la Asamblea Nacional, en temas de su competencia; entre otros aspectos.
MG/pv
“Trabajaremos en una reforma integral al Código de Relaciones Laborales; los cambios que propondremos en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores no deben efectuarse solamente a nivel normativo, sino que deben implicar un cambio en la manera en que encaramos la realidad social y enfrentamos sus conflictos y por ello debemos estar dispuestos a hacerlo de forma honesta y sobre todo desprejuiciada”, manifestó la asambleísta Betty Carrillo, presidenta encargada de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, en el marco del Primer Foro Nacional sobre Trabajo Sexual y Derechos que se desarrolla en la Asamblea Nacional.
Insistió que, independientemente de la situación laboral de las personas, reforzarán el marco normativo y la capacidad de gestión institucional, con el afán de alcanzar el derecho a la seguridad social universal y la protección integral de salud.
“Trabajaremos con equidad, igualdad y sin prejuicios” subrayó la legisladora Betty Carrillo tras precisar que se oponen a toda forma de explotación, esclavitud y en general a la utilización de un ser humano como instrumento para lograr los fines de otro.
Afirmó que es fundamental abrir estos espacios de participación, discusión y aprendizaje con interlocutores legítimos que puedan apoyar este proceso, desde diferentes ámbitos, sobre todo, contar con la voz de las propias mujeres trabajadoras sexuales. “Si la patria ya es de todos, la ley, la participación y los derechos también debe ser para todos, subrayó.
De su lado, la presidenta de la Legislatura Gabriela Rivadeneira, al dar la bienvenida, expresó su complacencia por la presencia de las mujeres que han luchado por una visibilización y un reconocimiento de garantías para el derecho al trabajo que realizan, al hacer votos para que el 2014 se consagre como el año de los derechos de las mujeres sexuales.
Destacó que el compromiso de la Asamblea es velar por sus derechos, ser participativa, de construcción del poder popular, que es tarea fundamental y urgente entre todas y todos quienes creen en que la transición del Estado ecuatoriano forma parte de la matriz cultural y por ende de la comprensión de las diferentes entidades culturales.
A su vez, la asambleísta Paola Pabón mencionó que en nuestro país aún se viven otras realidades y condiciones socioeconómicas que se deben superar y que además se ven afectadas por prejuicios y estigmas sociales y culturales que se ha construido históricamente sobre el trabajo sexual y que le ha permitido a quienes se han encargado de hacer política pública, verla como un hecho social sobre el cual las instituciones del Estado deberían seguir trabajando para garantizar derechos y promover una cultura de no discriminación.
En este foro, que se desarrolla en el Salón de la Libertad José Mejía Lequerica, participaron además la Coordinadora Nacional de la Red de Trabajadoras Sexuales, Pilar Pallares; Elizabeth Molina, presidenta de la misma y de Gina Quintana, Presidenta del Consejo de Transición.
Igualmente contó con la presencia de los asambleístas que integran la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, representantes del Ministerio de Salud Pública, de Relaciones Laborales y Coordinador de la Seguridad y actores sociales, entre otros.
RSA/pv
En representación del bloque del PSC- Madera de Guerrero, la asambleísta Cynthia Viteri exigió al fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, que actué de oficio para determinar a los responsables de otorgar contratos estatales a Fabricio Correa, más aún cuando se habría configurado el delito de peculado menor, que es sancionado con prisión de hasta cinco años.
Luego de ocho largas jornadas de trabajo, en su sesión 102, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el juicio político a los nueve vocales del Consejo de la Judicatura, a quienes se los acusaba de actos de corrupción en que habrían incurrido, al dejar sin sanción a los jueces que permitieron la caducidad de la prisión preventiva de miles de procesados; incumplimiento de funciones; tráfico de influencias; conflicto de intereses y presiones para que los jueces fallaran a favor de determinadas personas; imprecisión en la declaración juramentada de bienes de uno de sus miembros, entre otras.
Los gobiernos parroquiales rurales ya forman parte del directorio y son accionistas del Banco del Estado, una vez que fue promulgada en el Registro Oficial No. 884 la ley reformatoria a la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
En la ley se determina que el Estado, a través del Ministerio de Finanzas, será propietario, por lo menos, del 51% de las acciones que componen el capital social del Banco del Estado. Las demás acciones quedarán abiertas a la suscripción de los gobiernos autónomos descentralizados y a las entidades, dependencias u organismos del sector público, conforme la resolución del Directorio.
El presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), Francisco Cadena, explicó, en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la metodología y análisis de indicadores de evaluación para la categorización de las universidades ecuatorianas.
