La presidenta de la Comisión Especializada de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, Irina Cabezas, subrayó que el proyecto de Ley Derogatoria a la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Conefa, es plenamente viable, ya que elimina la duplicidad de organismos para atender un mismo objetivo y devuelve la rectoría y ejecución de las políticas públicas al Estado.
La asambleísta Aminta Buenaño, al señalar que el informe de minoría que suscribió junto a Carlos Samaniego, Mariángel Muñoz y Marisol Peñafiel, al cual se sumó Rocío Valarezo, tiene por objetivo reordenar todo el sistema nacional de cultura y desarrollar los preceptos constitucionales referidos a los derechos culturales que les asiste a todos los ecuatorianos, tras indicar que al momento existe un caos en las 64 instituciones del sector, por tanto, la ley debe delinear la conformación de una institucionalidad que permita la gestión de los diversos campos de la cultura, con una lógica ejecutiva, técnica y política.
Esta tarde, a partir de las 15:30, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, recibirá al ministro del Deporte, Francisco Cevallos Villavicencio, quien expondrá criterios y observaciones respecto del proyecto de Código Orgánico Integral Penal.
Con un total de 46 intervenciones, en dos días de discusión, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público, de 137 artículos, que busca regular la administración pública, a fin de brindar un servicio a la colectividad, con base en los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, planificación, transparencia y evaluación.
En la sesión 153 del Pleno, el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta Mauro Andino, enfatizó que a través de este proyecto se deja sin efecto varias disposiciones legales, decretos ejecutivos y supremos y acuerdos ministeriales que permitían el funcionamiento de casinos y salas de juego, cuya validez fue revocada por mandato popular mediante la aprobación de la pregunta 7 del plebiscito de 7 de mayo de 2011.
Considerando la actual coyuntura y la inminencia de una regulación normativa de la consulta previa, bajo el liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el asambleísta Marco Murillo, alista un taller de capacitación para la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que será dictado por técnicos especialistas de la Organización Internacional del Trabajo.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce (AP), presentó informe sobre el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Extranjería.
El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Raúl Abad, dijo que el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior se iniciará mañana y continuará el miércoles, en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Sostuvo que la votación quedaría pendiente hasta que se recojan las distintas observaciones de los legisladores, tras aseverar que la ley promueve la excelencia de la educación, que la universidad se vincule con la sociedad y como tal contribuya al desarrollo del país, la libertad de cátedra, el derecho al cogobierno y el respeto total a la autonomía pero con responsabilidad social y rendición de cuentas, conforme las normas constitucionales.
Esta declaración la formuló durante la reunión de trabajo con los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador (Feupe), donde indicó que Eduardo Sánchez, en calidad de asambleísta alterno de Mercedes Diminich y titular de la Feupe será la voz directa del estudiantado en el Legislativo.
En la reunión estuvieron presentes delegados de las universidades particulares de Cuenca, Manabí, Guayas, Pichincha, Loja, entre otras, los que coincidieron en reconocer la apertura de la Comisión para profundizar el proceso de socialización del proyecto y, lo que es más, dar cabida a las inquietudes de todos los sectores inmersos en la temática. La nueva Ley de Educación Superior constituye un avance histórico en función del progreso del Ecuador, subrayó.
Aportes
Gabriel Zambrano, de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, resaltó la necesidad de afianzar el concepto de cogobierno universitario, más aún cuando en él estarán docentes, alumnos y personal administrativo.
Diego Madero, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, comentó que el Art. 50 del proyecto establece que las autoridades académicas, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas particulares, serán electas de una terna presentada por el rector de la institución, hecho que contradice, de alguna manera, con la democracia participativa que impulsa la propuesta, sostuvo.
María de Lourdes Fernández, presidenta de los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), planteó que el principio del modus vivendi se mantenga tal cual consta en la ley vigente, acorde al artículo 29 de la Constitución. La disposición general décima de la flamante propuesta puede prestarse para muchas interpretaciones, dijo.
MG/pv
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, presentó informe favorable respecto de la solicitud del Ejecutivo de aprobar el Acuerdo entre los gobiernos de las Repúblicas de Ecuador y Uruguay sobre Cooperación en el Ámbito de Defensa.
Con autoridades del Banco Central (BCE) y del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su Regulación y Control, presidida por Francisco Velasco, intensificó el estudio del proyecto de reformas a la Ley Régimen Monetario y Banco del Estado.
En efecto, Cristian Ruiz y Patricio Torres, gerente y director de Inversiones del Banco Central del Ecuador, respectivamente, así como Pedro Montalvo, del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, acudieron al organismo legislativo para opinar respecto de las observaciones presentadas a la citada propuesta gubernamental.
El asambleísta Francisco Velasco, titular de la Comisión 3, indicó que la próxima semana se entregará el informe para segundo debate del proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, cuyo plazo concluye el próximo 2 de julio.
Comentó que han recibido 18 observaciones de asambleístas de varias bancadas, al precisar que se busca establecer reglas claras para que el Banco Central se convierta en una institución que invierta en actividades productivas, que contribuyan a afianzar el desarrollo nacional.
Largo plazo
Entre tanto, Cristian Ruiz y Patricio Torres coincidieron en señalar que no es adecuado que las emisiones e inversiones sean a corto plazo, ya que se impedirá a la entidad toda la posibilidad de manejar una política monetaria y crediticia, hecho que incidiría en la opción de recaudar mayores réditos y seguridad para el Gobierno, por lo que plantearon que las mismas se determinen a largo plazo.
Señalaron que el Banco Central tiene un portafolio de cuatro mil millones de dólares, que están invertidos en la banca del exterior, ya sea en organismos multilaterales o supranacionales, con rendimientos promedio ponderados del 0.2% y que la inversión en el mercado de valores no superaría el 10% de dicho portafolio.
Argumentaron que dentro de la nueva arquitectura financiera internacional están inmersos el SUCRE y el Banco del Sur, este último que tiene como finalidad el desarrollo de proyectos a largo plazo, entonces, es necesario y justificado su planteamiento, a la vez de precisar que no tiene sentido poner en la ley una cantidad o porcentaje que limitaría las operaciones del banco, lo que se puede definir mediante una resolución de directorio.
También, exhortaron a los comisionados a incorporar una disposición explícita, por la cual el Banco Central tiene plena potestad de liquidar todos los activos de los bancos en liquidación, más allá de que tengan diferente valor contable al valor del mercado, como herramienta eficaz para devolver la plata a los acreedores de la banca cerrada.
Además, los funcionarios dijeron que es válida la idea de ampliar los plazos, hasta el 31 de diciembre de 2010, para traspasar toda la parte cultural del BCE al Ministerio de Cultura, en función del ámbito presupuestario.
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