Con la finalidad de materializar el principio de unidad jurisdiccional establecido en la Constitución, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó con 58 votos afirmativos, siete blancos y 39 abstenciones, a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Penal que tiene por objetivo determinar que los delitos comunes cometidos por los servidores/as del servicio militar y policial sean juzgados por jueces penales ordinarios. El proyecto será remitido al Registro Oficial para su publicación.
Las y los asambleístas iniciaron el debate sobre el requisito de contar con el título profesional para el ejercicio periodístico.
Nivea Vélez, presidenta de
Los asambleístas María Augusta Calle, Virgilio Hernández y Gina Godoy, tras renunciar a la coordinación de la bancada PAIS, plantearon que en tales funciones continúen César Rodríguez, Pamela Falconí y Vethowen Chica, hasta que se aprueben los instrumentos que permitan mayor organicidad y reglas claras en el trabajo interno.
Las máximas autoridades de
Alrededor de tres mil afroecuatorianos se darán cita en la capital de la República del Ecuador, a fin de realizar una convención, marcha y vigilia nacional de visibilización, defensa a la democracia, al orden constituido y su inserción dentro las políticas sociales que lleva a cabo el gobierno nacional, pues es necesario que se tome en cuenta a este sector en las normativas legislativas que se aprueban en la Asamblea Nacional, subrayó la asambleísta Zobeida Gudiño.
En la sesión 38 del Pleno, convocada para mañana, 27 de abril, a las 9H00, está previsto que los asambleístas resuelvan la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal para la tipificación de los delitos cometidos en el Servicio Militar y Policial; el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sobre la solicitud de Amnistía para seis ciudadanos; y, el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal.
Tipificación de delitos
Como se recuerda, el presidente de la República, Rafael Correa, remitió a la Asamblea Nacional diez objeciones respecto del proyecto de reformas al Código Penal para la Tipificación de los Delitos Cometidos en el Servicio Militar y Policial.
En el documento el Ejecutivo pide que no exista ninguna disminución punitiva y que en los delitos de función de servidoras o servidores militares y policiales se apliquen las mismas atenuantes contempladas para los delitos comunes, cuando concurran en el hecho.
En otro aspecto, para efectos de la responsabilidad solidaria del Estado, se precisa que en caso de delitos de función cometidos por servidoras o servidores militares o policiales se aplicarán las disposiciones generales previstas en la Constitución y la ley; mientras que en el artículo sobre la imprescriptibilidad de las acciones y penas se aclara que se trata de ejecución extrajudicial y no extraprocesal.
Respecto a la aplicación de disposiciones en conflicto armado internacional o no internacional, el Ejecutivo pide armonizar con la terminología empleada por los instrumentos internacionales de derecho humanitario, como los convenios de Ginebra, que establecen la aplicación de las garantías con independencia de la declaratoria formal de guerra. En la disposición general primera propone que el proceso administrativo disciplinario que corresponda al mismo hecho que se está investigando en el proceso penal, podrá seguirse de manera independiente sin necesidad de que exista sentencia ejecutoriada en este último. En la Asamblea se aprobó que para iniciar un proceso administrativo disciplinario primeramente se obtenga una sentencia ejecutoriada en lo penal.
Amnistía
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, enmarcada en el Art. 120, numeral 13, de la Constitución y 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentó informe favorable para otorgar amnistía a seis ciudadanos que participaron en la toma del Municipio del Cantón Salinas, el año 2005.
El organismo legislativo, recomienda a la Asamblea Nacional conceda la amnistía por delitos políticos a favor de Drino Nieto, Roosevelt Collins, Hortensia de los Ángeles Obando Erazo, Miguel Arturo Revelo González, Pedro Hugo Panchana Laínez y Samuel Vera Matías, quienes participaron en al toma de la Alcaldía de Salinas en el año 2005.
La Comisión de Justicia consideró que los sucesos del 27 de febrero de 2005, el ambiente social y político en Salinas era inestable y conflictivo, producto de las disputas entre los simpatizantes de los dos candidatos a alcaldes: Vicente Yagual y Paúl Borbor. Las disputas conllevaron a la apelación de los resultados electorales, como la alteración al orden público y la toma del Municipio del sector que duró 18 días y por tanto tienen motivaciones de carácter político, originadas por disputas y diferencias electorales entre los pobladores de la zona, por tanto el delito que se acusa a los peticionarios, tipificado en el artículo 155 del Código Penal vigente, como delito de invasión de edificios públicos, es un delito político.
Depuración de la normativa legal
La propuesta del Ejecutivo fue debatida por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, que presentó informe favorable para primer debate de la Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El organismo legislativo, en forma oportuna, solicitó al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y a los miembros del CAL, la autorización para tratar el proyecto por partes, que se aprueben como leyes diferentes, en virtud de la necesidad de realizar un análisis del contenido de cada una de las leyes que se están derogando, por temas y capítulos.
Bajo estos parámetros, se propone la derogatoria de un conjunto de 107 leyes, decretos legislativos, decretos supremos y decretos leyes de emergencia que, no obstante su aparente vigencia formal, actualmente son inaplicables por su contenido.
JLVN/pv
La agenda del Pleno de la Asamblea en la presente semana comprende dos sesiones, la del martes 27 a las 09h00, y la del jueves 29 a la misma hora.
Los jueces, fiscales, servicios de orden público, abogados defensores, servicios de salud y sociales y la sociedad civil, deben coordinar sus acciones para erradicar la violencia a las mujeres, constan entre las conclusiones de los representantes de los parlamentos de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Uruguay que se reunieron en la ciudad de Cuenca, Ecuador, del 21 al 23 de abril de 2010, en el seminario regional organizado por la Asamblea Nacional y la Unión Interparlamentaria.
En el marco de la sesión VII, la señora Yenielys Regueiferos Linares, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, indicó que desde 1959 el gobierno de su país ha trabajado intensamente por la igualdad de género.
