Los asambleístas María Augusta Calle, Virgilio Hernández y Gina Godoy, tras renunciar a la coordinación de la bancada PAIS, plantearon que en tales funciones continúen César Rodríguez, Pamela Falconí y Vethowen Chica, hasta que se aprueben los instrumentos que permitan mayor organicidad y reglas claras en el trabajo interno.
Continuado con el cronograma de actividades de socialización de las reformas a la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, la Comisión de Biodiversidad recibió en comisión general a los representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria quienes plantearon que en las modificaciones se garantice la entrega de recursos para su gestión administrativa.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, se recupera satisfactoriamente luego que la madrugada del pasado martes fue intervenido quirúrgicamente, en Quito, ante un diagnóstico de colecistitis aguda litiásica complicada realizándose extirpación de la vesícula con inicio de peritonitis.
Como positiva fue calificada la reunión solicitada por la Comisión de Desarrollo Económico con la de Gobiernos Autónomos, en razón de que se abordaron temáticas fundamentales que deberán tomarse en cuenta en las leyes que se aprobarán en la Asamblea Nacional, a fin de que sean armónicas con la Constitución de la República. En este caso, las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Código Territorial, Cootad, que deben tomar en cuenta las competencias de los municipios en el tema de tránsito.
Mediante comunicación dirigida al Presidente de la Asamblea Nacional, el legislador Eduardo Zambrano, representante por los compatriotas migrantes de Latinoamérica, el Caribe y África, insistió en su pedido de que se abra, a la brevedad posible, la Casa Legislativa en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
El presidente de
En la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, la Ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, presentó la propuesta nacional que el Gobierno, a nombre del Ecuador, expondrá en la Cumbre “Río+20”, que se cumplirá en Río de Janeiro, Brasil, entre el 20 al 25 de junio.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, convocó para el jueves próximo, a las 09h30 a la sesión No. 41 del Pleno, con el fin de tramitar en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, sobre la base del informe preparado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario, presidida por el asambleísta Francisco Velasco.
La propuesta tiene como propósito determinar que el Banco Central tenga un solo balance con dos sistemas de información contable.
La Comisión plantea la existencia de los sistemas de reservas y de operaciones. En el de Reservas, en el pasivo, se registrará la especie monetaria nacional en circulación emitida por el Banco Central, los depósitos del sistema financiero privado y el encaje del sistema financiero público. En el activo se registrará el tramo de la reserva internacional de libre disponibilidad, incluyendo monedas y billetes para cubrir dicho pasivo.
Entre tanto, en el Sistema de Operaciones, en el pasivo, se registrarán los depósitos del sistema financiero público adicionales al encaje, los depósitos del sector público no financiero, de particulares y de instituciones monetarias internacionales; las obligaciones financieras incluyendo aquellas con instituciones monetarias y financieras internacionales, otros pasivos, provisiones y cuentas patrimoniales.
En el pasivo se registrará el saldo excedente de la reserva internacional de libre disponibilidad, así como las operaciones de reporte que el Banco Central del Ecuador realice de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. El Banco Central divulgará, por lo menos semanalmente y por los medios que considere apropiados la información de los sistemas previstos en el artículo 2.
El asambleísta Jimmy Pinoargote solicitó, de manera pública, al Consejo Nacional Electoral, que archive el proceso de revocatoria de su mandato como representante de la provincia de Santa Elena en la Asamblea Nacional.
Recordó que hace algunos meses dos ciudadanos afiliados al movimiento Alianza País, presentaron al CNE una solicitud para que les proporcionen formularios para recoger firmas e iniciar un proceso de revocatoria de mandato en su contra.
Señaló que la Constitución, en su artículo 105, es absolutamente clara al determinar que la solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del período para el que fuera electa la autoridad cuestionada.
Yo fui electo asambleísta por Santa Elena hasta el 14 de mayo de 2013 y si la Constitución dice que hasta un año antes podrá revocarse el mandato de un asambleísta, significa que únicamente hasta el 14 de mayo de 2012, podía haberse iniciado un proceso de revocatoria a mi mandato, subrayó.
Agregó que ante esta situación, el 15 de mayo pasado solicitó al Consejo Nacional Electoral “me certifique si se presentaron o no las firmas que avalan un proceso de revocatoria y, si se presentó la solicitud, que me entregue una copia certificada y las firmas, pero hasta la presente fecha no se me ha respondido la comunicación”.
Añadió que luego envió otra comunicación solicitando el archivo del proceso, en vista de que no han presentado las firmas.
Si primara exclusivamente lo legal y no lo político, este proceso debería ser archivado. Quiero agradecer el respaldo de mis colegas asambleístas, pero sobre todo del pueblo de la provincia de Santa Elena que de esto ha hecho una causa peninsular, para apoyar a su legislador, agregó.
Hago un llamado al pueblo que este vigilante y hagamos que se respeten las leyes y la Constitución, finalizó.
PV
Fernando Soria, subsecretario del Ministerio de Finanzas, en su comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario, aseguró que el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, designó a los funcionarios Patricio Vásquez, Marco Velasteguí, Enma Acosta y Moraima Romero para que integren la comisión que realizará la conciliación contable de cifras para determinar los valores exactos que el Estado Central mantiene pendiente con el IESS por concepto del 40% del subsidio de pensiones jubilares.
