El legislador Paco Fierro Oviedo, representante de la provincia del Chimborazo, puso a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal para Adolescentes Infractores, con las respectivas firmas de respaldo, de conformidad con el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución y los artículos 54, 55 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La propuesta regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones y la forma de ejecución de éstas.
En este marco, serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Penal; la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Para la aplicación de la norma legal, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, las leyes, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, que se encuentran vigentes.
La presente ley se aplicará a quienes, al momento en que se inicie la ejecución del delito, sean mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, los que se considerarán adolescentes. En caso que el delito tenga su inicio entre los 16 y los 18 años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los 18 años de edad, la legislación estipulada será la que rija para los procesados mayores de edad.
Sanciones
En sustitución de las penas contempladas en el Código Penal, a las personas condenadas con esta ley solo se les impondrá la siguiente escala general de sanciones penales para adolescentes: internación en régimen cerrado, con programa de reinserción social; internación en régimen semicerrado, con programas de reinserción social; libertad asistida especial; libertad asistida; prestación de servicios en beneficio de la comunidad; reparación del daño causado; multa; y, amonestación.
Tendrán, además, como penas accesorias el decomiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos, de acuerdo con lo establecido en los códigos Penal, Procesal Penal y las leyes complementarias.
MG
Como un acto absolutamente legítimo para escuchar la voz del pueblo, al cual lo consideran como único constituyente autorizado para acometer los cambios que el país demanda, calificó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al proceso de consulta y referendo propuesto por el primer Mandatario, Rafael Correa Delgado, que se encuentra en manos de la Corte Constitucional para su respectivo dictamen.
La asambleísta Mariangel Muñoz al resaltar los aportes que han dado las diferentes bancadas en diversos temas del Código Integral Penal, señaló que si bien los adolescentes son inimputables, eso no significa impunidad, pues ellos tendrán una justicia especializada, con medidas socioeducativas privativas y no privativas de la libertad.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, tras la calificación, por parte del Consejo de Administración Legislativa, inició la socialización de los ocho proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que tienen como propósito mejorar los procesos de fiscalización y de legislación, así como viabilizar las consultas prelegislativas, en caso de leyes que puedan afectar derechos colectivos.
La Asamblea formuló una invitación a los arquitectos, ingenieros y a la ciudadanía en general a la exposición de los trabajos presentados en el Concurso Nacional de Anteproyectos del Diseño Urbano y Arquitectónico del Complejo de la Función Legislativa.
El primer vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Cassinelli, recibió a una nutrida delegación del Comité Ecuatoriano contra la Impunidad quienes exhortaron que la Comisión de la Justicia priorice el tratamiento del proyecto de Ley de reparación de víctimas por graves violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos entre octubre de 1983 y diciembre de 2008, tomando en cuenta el informe presentado por la Comisión de la Verdad.
En el marco del debate de la moción de censura propuesta por el asambleísta Rolando Panchana en contra de la ex superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, legisladores de distintas tendencias coincidieron en la necesidad de convertir este ejercicio de fiscalización en la oportunidad propicia para transparentar el proceso de recuperación de cerca de mil millones de dólares, monto correspondiente al déficit patrimonial de la banca cerrada.
Con la presencia del Ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas y el titular de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), Pablo Serrano, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, prosiguió el trámite del pedido de aprobación del Convenio 156 de la OIT sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trata entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares.