La vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Marllely Vásconez y los asambleístas María Soledad Vela y Lídice Larrea (PAIS), representantes de la provincia de Manabí, aclararon que con la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) no se perjudicará a la provincia en sus ingresos.
En cumplimiento del artículo 12 de
Técnicos del Observatorio de la Política Fiscal y de la Superintendencia de Bancos coincidieron en que la vigencia del Art. 2 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, que se refiere a la obligación del Banco de Central de mantener cuatro sistemas de balance, aporta a la transparencia del sistema financiero, por lo que es necesario que se mantenga esta normativa y que se realicen más bien algunas precisiones, antes que derogarla.
“Siempre hemos estado abiertos al diálogo permanente. No se olviden que hubo un amplio proceso de socialización por más de 30 días en el cual participaron los diversos sectores sociales en torno a
Luego de una reunión entre el Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, la presidenta de la Comisión Ocasional de Comunicación, Betty Carrillo, y los asambleístas Fausto Cobo y María Augusta Calle, se acordó que se requiere una nueva prórroga para presentar el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Comunicación.
Con la presencia de la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri y delegados técnicos del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), la Comisión Especial Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología profundizó el análisis de los recursos económicos del sistema universitario.
Organizaciones campesinas, indígenas, juntas de regantes y los asambleístas Ramiro Terán y Gerónimo Yantalema, demandaron de la Comisión de Soberanía Alimentaria que previo a la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, se resuelvan los nudos críticos, para lo cual presentaron en el seno de este organismo cuatro propuestas para que sean estudiadas y tomadas en cuenta.
Los temas están relacionados con la institucionalidad del agua y participación; tarifas diferenciadas y gratuidad del riego para la soberanía alimentaria; aprovechamiento productivo, contaminación y protección de zonas de recarga hídrica; desprivatización y desconcentración, fondo del agua para la vida.
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, señaló que las organizaciones se han unido para defender el derecho al agua por lo que planteó que la Autoridad Única del Agua esté constituida por el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, el que ejercerá la rectoría del Sistema Nacional del Agua en todo el territorio nacional. Este consejo será un órgano colegiado, entre delegados de los niveles del gobierno central y descentralizado y con representación y participación plena intercultural y plurinacional de las organizaciones nacionales legalmente reconocidas de los usuarios del agua, de los ciudadanos, de los pueblos y nacionalidades y de los consumidores.
De su lado, el coordinador de la JAPRE, Rafael Gualichico, subrayó la necesidad de respetar lo que establece la Constitución en lo referente a la no privatización del agua. Solicitó que el Estado invierta en infraestructura de los sistemas comunitarios tanto para consumo humano como para riego, con la finalidad de garantizar la soberanía alimentaria; que la tarifa por el permiso de uso del agua para el consumo humano sea gratuito, por tanto, el servicio que incluye la captación, conducción, operación y mantenimiento será cobrado por las organizaciones que gestionan los sistemas comunitarios de consumo y riego que garantiza la soberanía alimentaria.
Entre tanto, Wilmer González Sánchez, presidente nacional de la Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador, manifestó que en la nueva Ley del Agua se debe insertar un articulado que permita la creación del fondo del agua para la vida, que debe ser parte de la Autoridad Única del Agua, controlado y vigilado por el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, que servirá para viabilizar el manejo sustentable del ecosistema que tengan que ver con el recurso hídrico (páramos, bosques húmedos, humedales) a fin de construir y rehabilitar los canales de riego para los pequeños y medianos productores, como también para las construcciones de rehabilitación de los sistemas comunitarios de agua potable, para las comunidades.
Este fondo debe crearse por asignaciones directas del Estado, por las tarifas que generen la comercialización de la energía hidroeléctrica y las ganancias del sector agroindustrial.
Carlos Pérez, presidente de los sistemas comunitarios de agua del Azuay, exigió que en la Ley de Recursos Hídricos se incluya un artículo que en forma explícita prohíba toda actividad extractiva en nacimientos y fuentes de agua, es decir, que el Ecuador sea declarado libre de actividad minera metálica a gran escala.
De su lado, los asambleístas Ramiro Terán y Gerónimo Yantalema indicaron que pedirán a miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de la cual son parte, que estudien las propuestas de estos sectores en virtud de que se constituyen en puntos críticos que deben ser resueltos. Si no se toman en cuenta estos aspectos, precisaron que presentarán un informe de minoría que recoja esta aspiración de los pueblos y nacionalidades.
JLVN/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que ampliará hasta el 5 de mayo el plazo para que la Comisión Ocasional de Comunicación entregue el correspondiente informe para segundo debate del proyecto de Ley de Comunicación.
La Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por el asambleísta Jaime Abril, con el aporte de la mayoría de los miembros del organismo, avanza en el proceso de aprobación del texto de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, a fin de emitir el informe previo al segundo debate en el Pleno de la Asamblea.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea notificó al Fiscal General del Estado, Washington Pesántez Muñoz el inicio del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político para que en el plazo de quince días presente sus pruebas de descargo.