Propone que sea reprimido con la pena de reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 100 salarios básicos unificados del trabajador en general el que se dedicare a la actividad de otorgar préstamos con intereses usurarios.
Además, será sancionado con reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, el que encubriere con otra forma contractual, la realidad de un préstamo usuario.
También, según el proyecto, será reprimido con reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, quien se dedicare a la actividad de otorgar préstamos sobre prendas, sueldos o salarios y no llevare libros, asentando en ellos, sin claros ni entrerrenglones, las cantidades prestadas, los plazos e intereses, los nombres y domicilios de los que reciben los créditos, la naturaleza, cantidad, valor de los objetos prendados y las demás circunstancias que exijan los reglamentos u ordenanzas de la materia; o, que fueren reos de falsedad en los asientos en dichos libros.
El prestamista que no diere resguardo o seguridad de la prenda recibida, será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa del quíntuplo de su valor y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. La reincidencia en el ilícito de usura será sancionado, a más de las penas establecidas en los artículos precedentes, con el decomiso de los bienes del infractor, para lo cual se requerirá únicamente la presentación de los certificados de gravámenes emitidos por él o los registradores de la Propiedad y Mercantiles del lugar donde estuvieren los bienes.
El legislador expuso que el delito de usura se ha generalizado a lo largo y ancho del país, provocando la desintegración de la familia, la pérdida de bienes patrimoniales e incluso de vidas humanas que sofocadas por la presión del usurero han encontrado en el suicidio la solución a sus problemas.
Puntualizó que las personas que se dedican a este ilícito negocio no registran contabilidad alguna y, por ende, no tributan sobre el capital que genera los intereses usurarios que no se aplican, sino que éstos deben dar a cada quien lo que le corresponde; que la administración de justicia se ve limitada ante la falta de normas legales que sancionen en forma drástica este execrable delito.
Finalmente, Paco Fierro sostuvo que las penas que determina el Código Penal vigente no guardan relación con el daño que genera el delito de usura a la víctima y a su familia.
MG
En la continuación de la sesión 152 del Pleno, con la presencia de varios pobladores que trabajan en el sector Manglar del país, el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Rolando Panchana, al señalar que el ecosistema manglar en un conjunto de hábitats con características acuáticas y terrestres, conformado por bosques hidrófilos leñosos y cientos de especies de fauna, además de micronutrientes y componentes abióticos, suelo y agua circundantes, indicó que a través del proyecto de Ley de Protección Ambiental se establecen medidas efectivas para precautelar el área de manglar, de conformidad con lo que determina la Constitución, que lo reconoce como un ecosistema frágil y amenazado.
Nueve recomendaciones plantea la Comisión de Derechos Colectivos en el informe presentado al Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, sobre la muerte del profesor shuar, Bosco Wisuma. Concluyó del análisis e investigación de los elementos procesales se determina que falleció por herida contusa por arma de fuego (perdigón de 5 mm de diámetro), en la región hemifrontal derecha, zona supraciliar, a un centímetro de la línea media.
El asambleísta de Izquierda Democrática, Andrés Páez, denunció que la información en la declaración juramentada de bienes del ministro de Agricultura y Ganadería, Ramón Espinel, es contradictoria, según se desprende de documentos certificados emitidos por varias entidades de Estado, por lo que habría cometido el delito de perjurio, al no incluir en su declaración rendida con juramento todos los bienes y obligaciones que posee.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a los asambleístas a la continuación de la sesión 155 del Pleno, a efectuarse el martes 10 de abril de 2012, a partir de las 9:30 para seguir con el debate del proyecto de Ley Orgánica de la Juventud; y, posteriormente iniciar el primer debate del proyecto de Ley Notarial.
Esta confederación representa a 19 provincias del país, está integrado por 48 delegaciones que agrupa a 2 400 comités de pro mejoras de desarrollo barrial compuesta por aproximadamente 2 millones 350 mil habitantes.
Luis Gómez, presidente de esta organización, aclaró que la calificación de persona no grata no tiene ningún respaldo de los barrios populares que no participaron de esas decisiones, por lo que rechazaron ese criterio de un grupo minúsculo de personas.
Señaló que los barrios del Ecuador están en deuda con Fernando Cordero Cueva, porque en la época cuando fue asambleísta constituyente y participó en la mesa que analizaba el nuevo ordenamiento territorial; y, luego en calidad de Presidente de este organismo demostró una identificación plena con la causa y lucha que desarrollan los ciudadanos a través de las organizaciones barriales.
Explicó que durante 40 años han luchado porque se les reconozca como una organización social y los gobiernos de turno lo único que hacían era entregarles mediante comodatos las obras que creían convenientes, es decir, como caridad les conferían pequeñas obras para que mejoren la calidad de vida, pero esto cambió cuando Fernando Cordero interpretó el sentir y clamor de la gente y por primera vez en la historia se toma en cuenta al barrio en la Constitución de la República, conforme lo establece el artículo 248.
Así mismo resaltó que el Código Territorial les permite tener una presencia a través de los consejos barriales, parroquiales urbanos y rurales. Para nosotros ha significado una gran conquista luego de 40 años de estar atados al clientelismo de la partidocracia, pero es necesario clarificar el texto del artículo 307 que se presta para interpretaciones que pueden conducir a que lamentablemente nos sometan al control y manejo del municipio.
Bajo estas consideraciones, entregó un planteamiento para que la Comisión de Gobiernos Autónomos lo analice a fin de mejorar el texto del articulado.
Hay que escuchar a los mandantes
No soy persona acostumbrada a este tipo de actos porque cuando uno opta por una representación política de representación popular, hay que estar predispuesto a escuchar a los mandantes y estar dispuesto a servirles, señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
Valoro este acto de compañerismo y amistad que ustedes me manifiestan, en momentos en los que, evidentemente, hay intereses creados para distorsionar, difamar y confundir al Ecuador. En ese sentido agradeció en nombre de la Asamblea y en forma personal por la entrega de este acuerdo de solidaridad que le compromete para seguir luchando por los sectores más necesitados y olvidados del país.
JLVN/pv
Cerca de 500 profesores jubilados acudieron a la Asamblea Nacional, con el propósito de solicitar a la Función Legislativa que interponga sus buenos oficios para que se haga efectivo el pago completo de las jubilaciones para 7 748 educadores, conforme la disposición transitoria vigésimo primera de la Constitución.
Con siete votos de los asambleístas Francisco Velasco, Vicente Robalino (alterno de Irina Cabezas), Juan Carlos Cassinelli, Vanessa Fajardo, Betty Amores, Javier López (alterno de Ramón Vicente Cedeño) y Christian Viteri (alterno de Viviana Bonilla), la Comisión de Régimen Económico, aprobó el informe favorable para primer debate de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno.