La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y el representante legal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio, John Fredrikson, suscribieron el convenio marco de cooperación interinstitucional, que tiene como objetivo coordinar acciones entre las dos instituciones para facilitar que el desarrollo normativo de la Constitución de la República refleje los requisitos de los derechos humanos de las personas en movilidad, conforme a los compromisos nacionales, regionales e internacionales y especialmente para promover el respeto de todos los derechos de las personas que viven el hecho migratorio.
En respuesta al polémico tema de la posible donación de aviones Mirage al Ecuador por parte de Venezuela, Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, opinó que se debe ver la donación para calificarla de adecuada o inadecuada para el país.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ratificó en la presidencia al asambleísta Raúl Abad (AP), representante por la provincia de Cañar, para el período agosto 2011 a mayo 2013.
Raúl Abad Vélez anunció que la Comisión intensificará su trabajo para afianzar, en todo momento, los derechos de los educandos y educadores, en el objetivo de prestigiar más el accionar del organismo y de la Asamblea, en su conjunto.
La línea de comportamiento será de debate y diálogo permanente, en la búsqueda de los más amplios consensos, respetando siempre las diferencias y puntos de vista de las diversas corrientes de opinión, dijo, al puntualizar que fortalecerá la participación ciudadana, lo que es clave para enriquecer los proyectos de ley.
Hacia la eficiencia
Mientras tanto, Gioconda Saltos, flamante vicepresidenta, se comprometió a luchar decididamente para que el Ecuador alcance los anhelados niveles de eficiencia en el sector educativo, lo que permitirá que el país avance hacia un mejor presente y futuro.
MG/eg
La Comisión Ocasional de Cultura decidió socializar el proyecto de Ley de Cultura ajustándose a los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la presentación de informes para primer y segundo debates, por tanto, el primer informe tentativamente lo entregarán el 26 de octubre, según informó Marco Murillo, titular del organismo legislativo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 121 del Pleno, para este martes 6 de septiembre de 2011, a las 09H30, con el fin de tratar temas relacionados con la derogatoria de 150 normas obsoletas, el acuerdo internacional sobre comercio de banano y el informe del primer mandatario, Rafael Correa Delgado.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Juan Carlos Cassinelli, recibirá mañana, a las 10h00, al Superintendente de Bancos, Pedro Solines, quien presentará la información documental en torno al crecimiento de la cartera de los créditos de consumo en el Ecuador y los valores que cobrarían a los clientes de tarjetas de crédito por concepto de planes de recompensa y prestaciones similares.
Con la finalidad de ofrecer las garantías pertinentes a los miembros de la Comisión de la Verdad, establecida para investigar los casos de violaciones a los Derechos Humanos, ocurridos en el período comprendido entre 1984 y 1988, el presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de protección e Inmunidad para la Comisión de la Verdad, que contiene seis artículos y una disposición final.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, solicitó al contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, mediante comunicación escrita, que disponga una auditoría de gestión del período legislativo 2009-2011. Haga click aquí para ver el documento.
Adicionalmente, pidió al funcionario que proceda a iniciar, inmediatamente, un examen especial de las declaraciones juramentadas entregadas por los 124 asambleístas.
El titular de la Función Legislativa mencionó que la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en su artículo 6, atinente a la accesibilidad y confidencialidad, establece: “…Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen.
Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer…”
MG
El proyecto de Código Orgánico Integral Penal, cuyo segundo debate iniciará esta tarde, a las 15h00, incorporó 44 proyectos de ley presentados por el Presidente de la República, asambleístas, Defensor del Pueblo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según se destaca en el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
El texto fue enriquecido con las observaciones de los asambleístas, instituciones públicas, principalmente del sector justicia, así como de grupos de la sociedad civil, expertos y académicos, en total se registraron 235 observaciones.
La comisión sometió el proyecto a un amplio proceso de socialización y participación, pues recibió, en 42 comisiones generales, entre el 18 de julio de 2012 y el 9 de septiembre de 2013, a representantes de diversas organizaciones e instituciones, entre ellas el Cabildo por las Mujeres de Cuenca, Asociación de Personas con Discapacidad Unámonos, Cámara de Comercio de Guayaquil, IESS, Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito, Programa de Apoyo a la Mujer Embarazada, Procuraduría General del Estado; Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres; Fundación Manos que Construyen; Acuerdo Nacional de Jóvenes.
También estuvieron representantes del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDENMA), Colegio de Médicos de Pichincha, CONSEP, Movimiento de Mujeres, Agencia Nacional Postal; Defensoría Pública; Secretaría Nacional de Inteligencia, Unión General de Trabajadores y Corte Nacional de Justicia, entre otras instituciones.
Contenido
El Libro Preliminar es el pilar conceptual de la normativa penal. Ha sido organizado como un sistema de normas que surgen y proyectan un mismo eje articulador y rector de todo el Código. Se caracteriza por desarrollar los principios constitucionales y los derechos fundamentales que se ven afectados o que deben operar cuando el Estado asume su responsabilidad de ofrecer a los ciudadanos una respuesta jurídica legítima y eficaz para procesar los delitos cometidos en su jurisdicción.
En el informe destaca que diferentes sectores políticos y actores sociales e institucionales del país se han congregado en torno al proyecto de Código Orgánico Integral Penal, a fin de lograr un nuevo sistema cuya base permita tipificar conductas actuales; retirar del catálogo aquellas que han caído en desuso; y, reestructurar tipos para incluir modalidades cibernéticas y que la diversificación de los estilos delincuenciales requiere herramientas capaces de responder en la misma dimensión.
Desde esta perspectiva, señala, se ha recogido gran parte de los delitos tipificados en el vigente Código Penal, eliminado otros tantos que se contraponían con los grandes avances constitucionales e incluido nuevos tipos penales que permiten perseguir y sancionar nuevas modalidades delictivas, especialmente las relacionadas con la delincuencia organizada.
La tipificación de la mala práctica profesional se circunscribe a la muerte como consecuencia de la culpa. Su redacción ha sido el producto de un fuerte debate en torno a la comprensión del deber objetivo de cuidado. Es decir, la muerte causada por no haber observado el cuidado necesario para evitar lesionar el bien jurídico vida.
La tipificación del terrorismo y la delincuencia organizada fue actualizada y adecuada a las formas que han desarrollado las organizaciones criminales y los compromisos internacionales adquiridos por el país.
Se tipifica el femicidio como un mecanismo normativo para luchar contra la violencia que sufren las mujeres, para evitar la impunidad y visibilizar un problema social oculto, desatendido y extremadamente grave cuya dimensión no se logra comprender todavía.
La violencia intrafamiliar se aborda desde la responsabilidad y obligación del Estado en la investigación, sanción, protección y reparación de las víctimas, El propósito es extremar los esfuerzos por combatir este grave problema social y elevar su nivel de protección jurídica.
Se ha avanzado en la depuración y mejoramiento de los artículos relacionados con la trata de personas y se establece que su finalidad es la explotación en diversas formas, las cuales incluyen conductas típicas que han sido establecidas también como delitos autónomos, tales como: el comercio de órganos, la explotación sexual de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, la prostitución forzada, los trabajos forzados, el matrimonio servil y la adopción ilegal.
Esta tipificación busca eliminar la dificultad que tienen actualmente los fiscales para formular y sustentar cargos por trata de personas, por ejemplo, en contra de aquellos sujetos que, en la cadena de acciones de la trata, cumplen el papel de organizar y ejecutar la explotación sexual o laboral de las personas tratadas, aunque no fueron ellos quienes las engancharon o transportaron
PV
