En el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, presentado por los asambleístas Línder Altafuya y Jorge Escala, se dispone que las pensiones de invalidez, vejez, incapacidad permanente total o absoluta, de riesgos del trabajo y las de montepío serán revalorizadas por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primero de enero de cada año, con la finalidad de compensar el deterioro del poder adquisitivo.
Durante cuatro días se debatió en la Asamblea Nacional sobre la creación de la Oficina Técnica de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria en Ecuador, en el foro parlamentario, organizado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario con el apoyo del Banco Interamericano de Desarollo (BID) y la Unicef.
Mañana, a las 15h00, se reunirá el Pleno de la Asamblea Nacional, con el fin de conocer y resolver el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene como objetivo enunciar las obligaciones y compromisos concretos para los Estados partes de él, en relación con la observancia, promoción y aplicación de tales derechos.
Ante la denuncia de los jubilados de Autoridad Portuaria de Guayaquil, sobre las supuestas irregularidades en el pago de sus pensiones a 300 ex empleados, la subsecretaria del Trabajo, Margarita de la Cueva, explicó que el informe de la Dirección Regional del Trabajo de Guayaquil, en su parte medular, señala que esa estima que sí hubo incremento de la pensión jubilar y, en consecuencia, existiría el derecho a recibir el pago en forma retroactiva desde la suspensión.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, al señalar que el tratamiento del veto parcial a la Ley de Participación Ciudadana se realizó al amparo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y con pleno conocimiento de las diversas bancadas, destacó que con la rendición de cuentas de los medios a la ciudadanía se trata de incrementar la transparencia y no limitar ningún derecho.
Para que informe sobre los problemas limítrofes existentes entre las provincias de Cañar y Chimborazo; los cantones Salcedo y Pujilí; y, entre las provincias de Chimborazo, Guayas y Bolívar, con referencia al cantón Cumandá, la Comisión de Derechos Colectivos citó para el lunes 29 de marzo, a las 15h00, al ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Especial de Límites Internos de la República (CELIR), Gustavo Jalkh.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 419 de la Constitución, la Asamblea Nacional deberá pronunciarse sobre el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, con base en el pedido del presidente de la República, Rafael Correa, quien adjunta el dictamen favorable emitido por la Corte Constitucional.
Con nueve votos a favor y uno en contra, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, avocó conocimiento y calificó la solicitud de juicio político planteada por 33 legisladores en contra del fiscal General de la Nación, Washington Pesántez Muñoz.
Con el voto de 94 asambleístas, el Pleno aceptó la objeción parcial del presidente de la República, Rafael Correa, a los artículos 45, 49, 50, 78, 79 y 101 y la disposición transitoria única de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Con 71 votos, el Pleno de aprobó que solo los integrantes y el Director Ejecutivo de la Comisión que investigó los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo de 2008, tengan inmunidad exclusivamente en los ámbitos civil y penal respecto de las conclusiones, recomendaciones, análisis y develamiento de las circunstancias constantes en su informe final y cualquier otro documento hecho público como resultado de sus investigaciones.
