Como respuesta al preocupante ambiente de inseguridad, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, prepara un conjunto de reformas penales para contribuir a la lucha contra el crimen organizado.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó para mañana, a las 10h30 a la continuación de la sesión No. 186 del Pleno, para votar el proyecto de resolución que rechaza el Real Decreto Ley 16-2012 publicado por el gobierno del Reino Unido de España el 20 de abril de 2012 y que entró en vigencia el 1 de septiembre de 2012, por considerar que su aplicación es discriminatoria y atenta contra los derechos humanos.
Con la presencia de la secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), Sara Oviedo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, profundizó el análisis de las propuestas penales para enfrentar al crimen organizado. El tema de la imputabilidad de los menores infractores generó un intenso debate.
La doctora María Paula Romo, titular del organismo legislativo, anunció que el informe estaría listo entre el jueves o viernes, luego del proceso de socialización y recepción de aportes y observaciones, al anticipar que existe un apoyo mayoritario para imponer penas severas para quienes utilizan a jóvenes en acciones delicuenciales.
Sara Oviedo consideró que los planteamientos que buscan bajar la edad de imputabilidad, aumentar las penas o disminuir las garantías para adolescentes en conflicto con la Ley Penal, no deben ser acogidos, por contravenir la Constitución y los instrumentos internacionales, de categoría supralegal y de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos.
Sobre la base de informaciones de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia, Dinapen, la funcionaria de la CNNA explicó que hay un millón 900 mil adolescentes, de los cuales 606 están detenidos por problemas legales. El 48% representa a menores de 16 a 17 años, mientras el 52% corresponde a menores de 12 a 15 años, tras precisar que urge determinar las causas y razones de la participación de este sector poblacional en la delincuencia.
Entre tanto, las asambleístas Soledad Vela, Gina Godoy, Mariangel Muñoz y Marisol Peñafiel coincidieron con los puntos de vista de Sara Oviedo, tras destacar que no se debe legislar bajo presión ni miedo alguno.
Acoger el planteamiento de imputar o duplicar las penas para los menores de edad, al margen de las normas constitucionales y preceptos internacionales, provocaría que se termine con un proyecto de construcción de vida, dijeron, al destacar que el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos por mejorar las condiciones del sector y fijar verdaderas políticas de rehabilitación de los que hoy guardan prisión, que es lo idóneo y adecuado en este caso.
Azote delincuencial
Mientras, Vicente Taiano, Andrés Páez y Henry Cuji comentaron que Ecuador vive sumido en un estado de total violencia, por tanto, la Asamblea Nacional tiene que ofrecer respuestas claras frente a las expectativas e intranquilidad de la ciudadanía.
Si a los menores se les otorgó la facultad de ejercer su derecho al voto, también ese 7% que ha caído en el cometimiento de delitos debe ser procesado por la justicia. Es más, las sanciones tienen que ser más drásticas para aquellos que utilizan a niños en el crimen organizado, puntualizaron.
MG/eg
“El rol del Parlamento en la Gestión Estratégica del Desarrollo”, es el seminario en el que intervendrán los asambleístas Francisco Velasco, Vanessa Fajardo y Patricio Quevedo, integrantes de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, del 20 al 23 de agosto en República Dominicana.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, presentó cinco objeciones al proyecto de Ley Reformatoria de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, de conformidad con los artículos 137 de la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.El Ejecutivo plantea que el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) lo integren: el Procurador o su delegado; la o el Superintendente de Bancos; el Director del SRI; la Gerenta de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Ministro del Interior o su delegado, dejando fuera al Presidente (a) de la Corte Nacional de Justicia y al Comandante de la Policía, como constaba en el texto inicialmente aprobado.
Igualmente, sugiere la eliminación de la temporalidad –cinco años- del cargo del Director General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), considerando que el proyecto no prevé la designación por concurso de merecimientos y oposición, sino de manera directa por parte del Directorio del Consejo; esto es, una designación de libre nombramiento y remoción. En igual manera, se pronuncia por la situación del subdirector del organismo.
También, el primer mandatario establece que quienes dolosamente, en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, por cualquier medio, proporcionen, ofrezcan o recolecten fondos o activos para financiar en todo o en parte, con recursos lícitos o ilícitos, la comisión de los delitos tipificados en el Capítulo IV, Título del Libro Segundo del Código Penal, serán sancionados con las mismas penas establecidas para el delito financiado.
El delito tipificado en este artículo será investigado, enjuiciado, fallado o sentenciado por eI tribunal o la autoridad competente como delito autónomo de otros delitos tipificados en este capítulo, cometidos dentro o fuera del país.
MG/pv
Desde el programa cuórum No. 64, el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva informó que frente a todas las leyes que hay que debatir y aprobar en el Pleno de la Asamblea, hay tres proyectos de ley que la bancada de PAIS considera son prioritarios para cumplir las 20 normativas que se establece en las disposiciones transitorias de la Constitución de la República.
La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio receptó hoy los puntos de vista de los directivos de los gremios que agrupan a las juntas parroquiales, municipios y consejos provinciales.
La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el asambleísta Marco Murillo, recibió a Luis Alvarado, Benny Vaca y Ángel Medina, representantes del Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODEMPE), de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE); y, del Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa (CODEPMOP), respectivamente, quienes consideraron de vital importancia se respete el derecho a la libre determinación de las nacionalidades, pueblos y comunidades conforme a la Constitución, así como de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, remitió a la Secretaría informe no favorable para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial que crea la Unidad de Defensa Pública Gratuita de las Víctimas de la Delincuencia, a través del cual recomienda su archivo.
El documento está firmado por Mauro Andino, Henry Cuji, Rosana Alvarado, Gina Godoy, Mariangel Muñoz, Marisol Peñafiel, María Paula Romo y Xavier Tomalá.
Argumentación
De la lectura de las nomas constitucionales, legislación internacional y normativa interna, parecería que la propuesta confunde la naturaleza jurídica y las funciones de la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría Pública, según el criterio de la Comisión de Justicia.
También, consideró que es importante ocuparse de las víctimas de la delincuencia, tratando de lograr equilibrio entre las garantías del procesado y el derecho de sus víctimas, pero ello no implica desconocer la jurisprudencia internacional, los mandatos constitucionales y legales y la estructura misma de las agencias e instituciones en la administración de la justicia, que establecen las funciones y atribuciones específicas de cada uno de los órganos llamados a impartir justicia.
En el informe, se reitera que el texto constitucional determina que la Defensoría Pública es el órgano autónomo de la Función Judicial llamado a garantizar la defensa técnica de las personas que socioeconómica y culturalmente se encuentren en situación de vulnerabilidad o de indefensión procesal.
MG/pv
