El Secretario de la Asamblea Nacional informó que el Pleno deberá analizar en primer debate los proyectos de ley interpretativa del mandato constituyente No. 8; las reformas al artículo 968 del Código de Procedimiento Civil; la Ley Interpretativa de la disposición general de la Ley de Educación Intercultural; y, la reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social para la regulación de la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular, temas que podrían ser incluidos en la próxima semana.
Ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, comparecerá el presidente de la Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, este miércoles, 9 de diciembre, para informar sobre una supuesta irregularidad en la implementación de juzgados de trabajo, cuya investigación la inició el asambleísta Andrés Páez.
El proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, de 123 artículos, que será sometido a votación este jueves 6 de enero, establece que habrá responsabilidad solidaria de la operadora de transporte y el propietario del vehículo por los daños civiles, en el caso de accidentes de tránsito que ocasionen víctimas mortales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, dispuso a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la entrega del informe para segundo debate del proyecto de Código Integral Penal (COIP) hasta el 30 de octubre de 2012.
En efecto, a través de un memorando dirigido al asambleísta Mauro Andino, titular de la Comisión de Justicia, el secretario General de la Legislatura, Andrés Segovia, le informó que se ha autorizado la prórroga para la presentación del correspondiente informe, por lo que éste deberá estar listo hasta el 30 del presente mes.
Bajo estos parámetros, los legisladores Mariangel Muñoz y Xavier Tomalá, vocales del organismo, coincidieron en proponer que se profundice en el análisis de los nudos críticos de la normativa y avance en la construcción del informe – borrador del articulado que no ha tenido mayores objeciones.
Esta metodología permitirá cumplir, a cabalidad, los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expresó Mariangel Muñoz Vicuña, tras enfatizar que se ratificarán en que todo el tema referido a los menores – adolescentes infractores se mantenga en el Código de la Niñez y Adolescencia.
Destacó la importancia de definir jueces especializados y competentes para conocer actos delictivos en que están inmersos menores adolescentes. Se estudia la posibilidad de incrementar el tiempo de sanción, que actualmente contempla un internamiento de cuatro años, que es un medida socioeducativa que implica una serie de tratamientos y atenciones en razón de su proceso de desarrollo, para lo cual se tomaría en cuenta delitos graves y serios como sicariato, femicidio y narcotráfico, etc.
La representante de la provincia de Azuay comentó que se debe trabajar en proyectos y planes que hagan efectiva una verdadera rehabilitación y reinserción en la sociedad.
También anunció que los comisionados analizan la posibilidad que el tema de consumo de drogas pase al Código de la Salud, ya que se trata de un problema de salud pública, además que lo atinente con el tráfico, microtráfico, narcotráfico, el tráfico transnacional se puntualice en el Código Penal.
Explicó que el Consep ha remitido información, encuestas y propuestas en torno a las máximas cantidades que se considerarían para que una persona se la califique como consumidora y no traficante.
MG/pv
Con esta frase, el presidente de la Comisión Ocasional de Cultura, Marco Murillo, explicó al Pleno el alcance del proyecto de Ley Orgánica de Culturas, que recoge las principales demandas de los actores, gestores e instituciones involucradas en esta temática.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite otro juicio político contra la ex superintendenta de Bancos, Gloria Sabando. El pedido fue planteado por el Movimiento Popular Democrático (MPD) y será sustanciado por la Comisión de Fiscalización, según informó la asambleísta Lourdes Tibán, integrante del organismo legislativo.
Un amplio debate se dio con relación al proyecto de Ley Orgánica de Biodiversidad, propuesto por la asambleísta Lourdes Tibán, que tiene por objetivo regular la protección, conservación y manejo de la biodiversidad en el territorio nacional.
En esta oportunidad, el Ministro de Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto, compareció ante la Comisión de Biodiversidad, a fin de responder un nuevo pliego de preguntas presentadas por el asambleísta Abdalá Bucaram Pulley, respecto del proceso precontractual y contractual 2007005, para el mantenimiento integral del agua de los reservorios del sistema contra incendios de los terminales de la gerencia sur de Petrocomercial, a cargo del contratista Hugo Castillo Alvarado.
La Comisión de Fiscalización continuó esta tarde con la sustanciación de pruebas testimoniales dentro del juicio político a la ex superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, planteado por el asambleísta Rolando Panchana Farra.
La legisladora Silvia Salgado, presidenta del organismo, confirmó que este martes se avocará conocimiento y calificará o no el pedido del juicio propuesto por el Movimiento Popular Democrático, también contra la ingeniera Sabando, tras recalcar que el próximo miércoles concluirá la etapa de recepción de testimonios.
El organismo recibió en primer lugar al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera Giler, quien aseguró que la ex funcionaria incurrió en omisiones graves respecto de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero para cobrar a la banca cerrada previa su liquidación.
Comentó que las leyes que se hicieron luego de la crisis financiera fueron muy rigurosas. Entonces, nadie puede decir, en este momento, que no hay ley para cobrar a los banqueros corruptos, siendo esta legislación una de las pocas cosas buenas que dejó la partidocracia.
Explicó que con esta normativa y ante responsabilidades penales la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tenía plenas facultades para incautar los bienes de los banqueros, disposición con la cual se incautaron las propiedades de los señores Aspiazu, Landes, Peñafiel e Isaías, para recuperar, en algo, los miles de millones que gastó el Estado durante el salvataje.
La ex superintendenta Gloria Sabando teniendo la posibilidad de incautar bienes y acciones de los banqueros que quebraron la banca no lo hizo, es decir, no aplicó lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y esa es la acusación que le planteó el Gobierno, más aún cuando facilitó la liquidación forzosa de 32 entidades, sostuvo.
Incluso, añadió, la Junta Bancaria, mediante Resolución del 3 de julio de 2008, autorizó a la Superintendenta, la aplicación plena del segundo inciso del artículo mencionado, por tanto la señora Gloria Sabando no tenía ninguna excusa para no aplicar esta normativa. No se cobró nada, expresó.
Otra incorrección
Aquí no hay una política de persecución o de establecer una cortina de humo, dijo, al acusar a Sabando de haber dispuesto a su libre arbitrio la calificación y funcionamiento de determinadas compañías de seguros que no cumplían las debidas regulaciones y reglamentos de la Junta Bancaria atinentes al patrimonio y capital mínimo, dejando así de lado los intereses del público en general.
MG/pv
A partir de las 14:00, de este martes 16 de octubre, los parlamentarios conocerán dos resoluciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), relacionada con el incumplimiento en la entrega de información por parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, por parte del gerente General de la Corporación General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para que se proceda conforme los disponen los artículos 75, 76 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
