El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, afirmó que de acuerdo con el artículo 243 de la Constitución, dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración.
Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos, aprobaron el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Ejercicio y la Aplicación de los Derechos Colectivos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
La Comisión Especializada Ocasional de Cultura solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, una prórroga de 30 días para presentar el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Culturas, argumentando que durante el receso legislativo recibió muchas observaciones que ayudarán a mejorar el texto del cuerpo legal.
Una vez realizada la sistematización de las diversas iniciativas tendentes a reformar la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, al reiniciar las labores luego del receso legislativo, debaten artículo por artículo las propuestas que han llegado a este organismo, a fin de preparar el respectivo informe para primer debate, cuyo plazo concluye este viernes 5 de marzo.
El Ejecutivo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, objetó parcialmente el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que tiene por objetivo regular este régimen y su acceso en entidades públicas o privadas que administren bases o registros de datos públicos y así garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como la eficacia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías.
La campaña “Leyes para el país que soñamos estuvo hoy en la provincia fronteriza de Loja, en donde sus ciudadanos piden que se reforme el Código Penal y la normativa de la Función Judicial, a fin de evitar que se cometan actos de corrupción en la administración de justicia.