El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri y los integrantes de este organismo legislativo, reconocieron el valioso aporte de la asambleísta Nancy Morocho, en estos seis meses de gestión. Le exteriorizaron los deseos de éxito en la contienda electoral, en la cual participará como candidata a la prefectura de la provincia de Sucumbíos. Le reemplaza Raúl Ignacio Tobar Núñez.
A partir de las 9H00 de este martes 1 de diciembre, los asambleístas en la sesión 18 convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, conocerán los informes de la Comisión de Régimen Económico, sobre las pro formas presupuestarias de los años 2009, 2010 y la programación cuatrianual 2010-2013.
En el informe de la Comisión, respecto a la pro forma 2010, que asciende a US$ 21,282.07 millones, señala que este presupuesto evidencia la orientación hacia la inversión social, columna vertebral del buen vivir. Entre otras cifras se destaca la asignación para educación que representaría el 5,64% del PIB, bienestar social el 1,81%, desarrollo urbano y vivienda el 0,29%, salud el 2,18%, y trabajo el 0,12%.
El Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de reformas a los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, de la Niñez y Adolescencia, Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, que tiene por objetivo el efectivo combate a la delincuencia, por ello, se establece el incremento de penas para determinados delitos.
La Comisión de Gobiernos Autónomos analiza el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que tiene como objetivo profundizar la transparencia en los procesos de contratación, eliminar el riesgo de perjudicar a las finanzas públicas y generar beneficios al conjunto de la sociedad.
El asambleísta Raúl Abad, ponente del proyecto de Ley de creación de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), al resaltar que hoy se celebra el día del Himno Nacional señaló que hoy también será un día de júbilo para el Magisterio ecuatoriano, porque se establece una institución de educación superior para la formación de profesionales de la educación para que los jóvenes y niños tengan una educación integral.
En la sesión 19, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, para el jueves 3 de diciembre, a las 9H00, los asambleístas iniciarán el segundo debate del proyecto de las reformas a los proyectos de Ley de Régimen Tributario Interno y a la Equidad Tributaria del Ecuador y conocerán la solicitud de la Primera Sala de lo Penal para que autorice el enjuiciamiento del asambleísta Jorge Escala Zambrano.
Enjuiciamiento
A fin de cumplir con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 128 de la Constitución, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, solicitó a la Asamblea Nacional la respectiva autorización para iniciar la causa penal contra el asambleísta Jorge Escala Zambrano, planteada por Édison Fernando Villacís, en calidad de titular de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE), por supuestas injurias.
El Pleno, con 57 votos, aprobó la pro forma presupuestaria para el 2011, que asciende a 23 mil 950 millones 249 mil 957 dólares y la programación cuatrianual hasta el 2014, una vez que el Ejecutivo aceptó las observaciones de la Asamblea referentes al cálculo de las asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados y el rubro para el financiamiento de la construcción del Complejo Legislativo, que permitirá dotar de oficinas a los asambleístas en un espacio adecuado, considerando que hoy se encuentran dispersos en varios edificios.
En el transcurso de las dos últimas semanas, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, discutió 77 artículos del Libro Preliminar y la Parte General del proyecto de Código Integral Penal, cuyo informe borrador, para segundo debate, está en proceso de construcción.
El organismo analizó, entre otros puntos, la infracción penal; clasificación de las infracciones; concurso de infracciones; causas de exclusión de la conducta; tipicidad; dolo; culpa; omisión dolosa; antijuridicidad; estado de necesidad; legítima defensa; culpabilidad; trastorno mental; exención de responsabilidad en delitos contra el derecho a la propiedad; tentativa; desistimiento y arrepentimiento; mecanismo de aplicación de atenuantes y agravantes; circunstancias atenuantes de la infracción; concurrencia de la responsabilidad penal; individualización de la pena; penas privativas de libertad.
Menores infractores
Sin mayores observaciones, los comisionados ratificaron el texto respecto a que las personas menores de 18 años no serán imputables penalmente con arreglo a este Código. Estarán sometidas al Código de la Niñez y la Adolescencia y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas.
Responsabilidad penal de personas jurídicas
Tomando en cuenta el criterio de la Procuraduría General del Estado y de las Superintendencias, se estableció que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extinguirá, ni modificará si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales en la realización de los hechos, así como de circunstancias que afecten o agraven la responsabilidad, o porque dichas personas hubieren fallecido o eludido la acción de la justicia; ni porque se hubiere extinguido la responsabilidad penal de las personas naturales, ni porque se hubiere dictado sobreseimiento provisional o definitivo de las personas naturales o del proceso.
Tampoco se extinguirá la responsabilidad de las personas jurídicas cuando éstas se hubieran fusionado, transformado, escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra modalidad de modificación prevista en la ley.
Circunstancias agravantes
Para las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva y las infracciones contra la integridad y libertad personal, son circunstancias agravantes específicas las siguientes: Si la víctima es una persona mayor de 65 o menor de 18 años de edad, o con discapacidad; encontrarse la víctima al momento de la comisión de la infracción, al cuidado o atención en establecimientos públicos y privados, tales como los de salud, educación, culto, investigación, asistencia o refugio, en centros de privación de libertad o en recintos policiales, militares u otros similares.
También, haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable o mortal; si la víctima estuviere o resultare embarazada, en puerperio o si abortare como consecuencia de la comisión de la infracción; compartir o ser parte del núcleo familiar de la víctima; aprovecharse de que la víctima atraviesa por una situación de vulnerabilidad, extrema necesidad económica o de abandono; si la infracción sexual ha sido cometida como forma de tortura, o con fines de intimidación, explotación, degradación, humillación, discriminación, venganza o castigo.
Tener el infractor algún tipo de relación de poder o autoridad sobre la víctima tal como ser funcionario público, docente o ministros de algún culto, que abuse de su posición para cometerlo, por funcionarios de la salud o personas responsables en la atención del cuidado del paciente; o cualquier otra clase de profesional, persona que hubiera abusado de su función o cargo para cometer la infracción; haber utilizado para cometer la infracción alguna sustancia que altere el conocimiento o la voluntad de la víctima; conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción.
MG/pv
La presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Zobeida Gudiño, destacó que, en cumplimiento de la voluntad de las mayorías, la Constitución otorga derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, a la vez que obliga al Estado a priorizar el pago de la deuda social: educación, salud, infraestructura, sistemas de producción, empleo, entre otros, por encima de cualquier otra obligación.
En el marco del ejercicio pleno de los procesos de fiscalización y rendición de cuentas, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) hace seguimientos permanentes de los pedidos de información que realizan los asambleístas de las distintas bancadas a los ministros y funcionarios públicos.
Es así que, actualmente, ha verificado el incumplimiento de los requerimientos formulados por Jorge Escala al Ministro de Minas y a los Directores Provinciales de Educación del Guayas y de Pichincha en torno al cierre de minas en el Azuay; la contratación de maestros en el Guayas; y, los descuentos para el IESS de la Sra. María Olivia Altamirano, respectivamente. El CAL pide que tales informaciones se remitan a las Comisiones Especializadas de Biodiversidad, de Educación y de los Derechos de los Trabajadores, en su orden.
