Con 79 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley reformatoria al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, que tiene como objetivo hacer efectiva la lucha contra la delincuencia.
Así se pronunció el viceministro de Producción Económica, Mauricio Peña, en su comparecencia en la Comisión de Derechos Colectivos, en donde anunció que en los próximos días se reunirá con el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) para levantar en su totalidad las salvaguardias.
El asambleísta Edwin Vaca, el prefecto del Carchi, René Yandún y el delegado del Municipio de Montúfar, Juan Acosta, demandaron de las autoridades del Plan Ecuador coordinar con las autoridades seccionales de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi la planificación del trabajo, a fin de generar y articular políticas, programas y proyectos en beneficio de las jurisdicciones encaminadas fundamentalmente a la seguridad humana.
En el marco del segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, el asambleísta Andrés Páez (ID), subrayó que esta reforma rebasa toda frontera partidista o ideológica, por cuanto recoge el sentir de la ciudadanía, que reclama una actitud firme y decidida de la Asamblea para frenar la creciente ola delincuencial en el país.
“Estamos convencidos que las reformas implican cambios trascendentales en el manejo de la justicia penal y procesal penal del país”, manifestó el asambleísta Vicente Taino, al señalar que la propuesta tipifica y sanciona las llamadas “cachinerías”, pues sanciona con reclusión menor extraordinaria de tres a seis años y multa de 16 dólares a quien oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia en todo o en parte de cosas robadas o hurtadas para aprovecharse de ellas.
“Mi intención jamás será hacer daño a las gloriosas Fuerzas Armadas, institución a la que he servido con honestidad y valentía. La lealtad y el espíritu de cuerpo no deben ser confundidos con la complicidad y el servilismo”, subrayó el asambleísta Fausto Cobo (PSP), al sustentar su denuncia en contra del ministro de Defensa Nacional, Javier Ponce Cevallos, en el marco de la sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político que lleva a cabo
Así anunció la presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Rosana Alvarado, quien exigió a las autoridades pertinentes la revocatoria de los actos por los cuales el Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), adjudicó a la empresa Bosques Tropicales S.A (Botrosa), una superficie aproximada de 3 400 hectáreas de Bosques Húmedos del predio El Pambilar, parroquia Malimpia, cantón Quinindé, de la provincia de Esmeraldas.
El Pleno de la Asamblea inició el segundo debate del proyecto de reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que tiene por objetivo devolver el carácter de delitos de acción pública a algunas conductas penales que en marzo del año anterior se contemplaron como de acción privada; igualmente, reducir de tres remuneraciones básicas unificadas a un equivalente al 50% de una remuneración el monto para considerar como delito al robo y al hurto.
Los casos en los que existirá censura previa generaron mayor debate en la sesión de la Comisión de Comunicación en el marco del análisis del articulado con base al punto dos del compromiso ético – político, sobre el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, recibirá este jueves a los ministros de Defensa Nacional, Javier Ponce Cevallos y de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz, así como a los asambleístas Fausto Cobo (PSP) y Abdalá Bucaram, solicitantes de los respectivos juicios políticos, en su orden, quienes sustentarán las pruebas de descargo y de cargo, que corresponden, dentro del proceso de sustanciación que desarrolla el organismo parlamentario.
