Por iniciativa de la legisladora María Augusta Calle, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, este organismo legislativo pedirá que se incluya en la sesión del Pleno de este jueves un proyecto de resolución que condena enérgicamente la decisión de los gobiernos de Francia, España, Italia y Portugal de impedir el libre tránsito del avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, por constituir una violación a las normas internacionales relativas a la inmunidad de las representaciones diplomáticas y a los convenios internacionales en materia de tráfico aéreo, que han agredido al gobierno boliviano y al pueblo de ese país.
Queda pendiente por resolver los puntos cuatro y trece del veto, relacionados con el pago de indemnizaciones por retiro voluntario y la disposición final segunda, que reforma y deroga algunas disposiciones de leyes vinculadas con esta temática.
De esta manera, se determina que la creación de las empresas públicas que se constituyan entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser mediante escritura pública, para lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado, según sea el caso.
También, en la contratación y optimización del talento humano se determina que la designación y contratación de personal de las empresas públicas se realice a través de procesos de selección que atiendan los requerimientos empresariales de cada cargo y conforme a los principios y políticas establecidas en la ley, la codificación del Código del Trabajo y las leyes que regulan la administración pública.
Se elimina la disposición que determina que el Presidente de la República será el que conceda la autorización para la realización de las inversiones, inclusive en el exterior y que la obtención de financiamiento internacional debe efectuarse por concurso público y no directamente.
Debido a la cantidad de información correspondiente a trámites y petitorios de los usuarios, las empresas públicas deberán divulgar en sus sitios web, entre otros aspectos, la información financiera y contable del ejercicio fiscal anterior; la información mensual sobre la ejecución presupuestaria de las empresas; el informe de rendición de cuentas de los administradores; los estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales; sus reglamentos internos, entre otras disposiciones.
Así mismo se prevé que el control de estas empresas se realice a través de la Contraloría General del Estado; la unidad de auditoría interna y el Consejo de Participación Ciudadana. Para la recaudación de los valores adeudados por los clientes, dichas empresas gozarán de jurisdicción coactiva.
Las empresas públicas y estatales existentes, tales como Ferrocarriles del Estado, Petroecuador, Correos del Ecuador, las empresas municipales, entre otras para seguir operando adecuarán su organización y funcionamiento a las normas previstas en la ley, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la expedición.
En cambio, las empresas que están vinculadas con la defensa nacional deberán permanecer bajo el control de las FFAA, por consideraciones de tipo técnico-estratégico; los directorios se conformarán, a más de los miembros previstos en el Art. 7 de la Ley, por el Jefe del Comando Conjunto y del Comandante General de la Fuerza más antiguo de las FFAA.
El Pleno de la Asamblea Nacional oportunamente retomará el análisis de las objeciones pendientes.
JLVN/eg
En aplicación del artículo 92 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 11 universidades del país capacitan a quienes aspiran adquirir licencia como chofer profesional, cuyo curso tiene una duración de cinco meses.
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Carlos Velasco, convocó a los integrantes del organismo legislativo para el próximo lunes10 de junio a partir de las 14h30 con el propósito de recibir a los representantes de la Asociación Oncológica de Chimborazo, quienes expondrán sus criterios respecto al proyecto de Código de Salud.
Una nutrida delegación de los diferentes estamentos universitarios, autoridades, estudiantes, profesores y trabajadores, fue recibida por la primera Vicepresidenta de
Diez millones de hojas útiles y 40 mil títulos de libros recogen los documentos, textos, actas, fotografías y periódicos que contienen la historia política y legislativa de nuestra nación, desde el siglo XVII, forman el amplio patrimonio documental que está bajo custodia de
Por unanimidad de los integrantes, la asambleísta Lourdes Tibán, del Movimiento Pachakutik, fue electa presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad; mientras que la Vicepresidencia recayó en el asambleísta Luis Morales, del PRIAN, quien obtuvo seis votos a favor, una abstención y uno en contra.
La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira Burbano, en compañía de las vicepresidentas Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga, recibió a los dirigentes de la Coordinadora Nacional Campesina “Eloy Alfaro”, quienes pidieron que se efectivice, en el menor tiempo posible, el trámite y aprobación de los proyectos de Ley de Tierras, de Agrobiodiversidad y de Comunas.
Romelio Gualán Japón, titular de la organización, sugirió se abra un debate nacional sobre los alcances y contenido de las propuestas, tras precisar que la coordinadora, en articulación con la Red Agraria Nacional, trabajó en la construcción del proyecto de Ley de Tierras, que se remitió a la Legislatura por iniciativa popular, con el apoyo de 44 mil firmas, que fueron validadas – en número de 30 mil – por el Consejo Nacional Electoral.
Asambleas provinciales
La presidenta Gabriela Rivadeneira reiteró el compromiso de implementar las asambleas provinciales, como una herramienta eficaz para recoger los criterios de los ciudadanos, que permitan enriquecer las diversas normativas a favor del campo, a fin de hacer efectivo el cambio de la matriz productiva, que no solo implica ciencia y tecnología, sino transformación de matriz del campo para poder vivir bien.
“Es una deuda pendiente del proyecto político el tema del campo, por tanto, como lo ha dicho el presidente de la República, Rafael Correa, vamos a apostar por una verdadera revolución agraria, dejando atrás las reformas agrarias que han traído desastres para los campesinos - agricultores y beneficio para los grandes productores y transnacionales, hechos que son parte de las inequidades existentes en el país”, puntualizó.
Dijo que en los 100 primeros días de la actual administración se pretende sacar la Ley de Recursos Hídricos, Aprovechamiento y Uso del Agua.
Revolución agraria
La asambleísta Rosana Alvarado, primera Vicepresidenta de la Legislatura, expresó que la consigna es que ya no puede pasar más tiempo sin que la revolución llegue a los campos, pues esta vez habrá el espacio para la reivindicación, quizá no del 100%, de las postergadas aspiraciones, por siglos, de los movimientos campesinos, montubio, rurales en la Ley de Tierras.
Más fuertes que nunca
Entre tanto, Marcela Aguiñaga, segunda Vicepresidenta de la Asamblea, comentó que la Ley de Aguas es muy compleja, mientras la de Tierras por ser obsoleta ha permitido algunos abusos, al enfatizar que es necesario construir colectivamente las normativas para el desarrollo agrario, con las voces de los sectores inmersos en la actividad, no que otros nos manden o gobiernen frente al reto histórico de consolidar los derechos de los más pobres.
MG/eg
La tenencia de la tierra, del agua, la situación del sector agropecuario y pesquero, fueron abordados en el seminario organizado por la Comisión de Soberanía Alimentaria, con el propósito de socializar el proyecto de Recursos Hídricos, para su uso y aprovechamiento.