El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, amparado en el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 62 del Pleno, para el jueves 7 de octubre, a 19h00, con el fin de continuar el primer debate del proyecto de Ley – Código de Planificación y Finanzas Públicas, que tiene el calificativo de urgente económico.
En la sede legislativa se cumplió la socialización y presentación del proyecto de Ley sobre Movilidad Humana, que será remitido a la Asamblea Nacional por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Grupo Parlamentario por la Movilidad, que preside la legisladora Linda Machuca.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, inició el análisis de 15 proyectos de reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal orientados a establecer mayores sanciones contra los delitos de sicariato, usura, tráfico de influencias, así como normar la participación de menores de edad en la delincuencia, entre otros aspectos.
Las propuestas, debidamente calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), son de iniciativa de los legisladores Abdalá Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño; Susana González, Leonardo Viteri, Mercedes Villacrés, Henry Cuji, Paco Fierro, Vicente Tainao, Guillermina Cruz, Mauro Andino, Cynthia Viteri, además del Presidente de la República y de la Fiscalía General del Estado.
Sicariato
Henry Cuji plantea que se reprima con reclusión mayor especial de 20 a 25 años el homicidio que se cometa por precio, promesa remunerativa, recompensa, dádiva, orden o cualquier otro medio fraudulento con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igual sanción recibirá el autor intelectual del hecho o contratante, el cómplice y el encubridor.
En el mismo ámbito, Guillermina Cruz es partidaria de reclusión mayor especial de 25 a 35 años. Además, sugiere que los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas que incurran en el delito de sicariato sean procesados y sancionados por la justicia ordinaria y con el Código Penal vigente.
Usura
Será reprimido con la pena de reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 100 salarios básicos unificados el que se dedicare a la actividad de otorgar préstamos con intereses usurarios. También recibirá estas penas el que encubriere con otra forma contractual, la realidad de un crédito usurario, según el proyecto de Paco Fierro.
Tráfico de influencias
Mercedes Villacrés plantea que toda persona que mediante el ofrecimiento de dádivas o promesas y valiéndose de las relaciones que tenga con autoridades o servidores públicos, influyera para obtener una resolución que pueda generarle beneficio económico para sí o para un tercero, sea reprimido con prisión de seis meses a tres años y una multa equivalente a 10 salarios unificados.
Delincuencia juvenil
Dentro de la inimputabilidad penal de los adolescentes menores de 18 años, lo que está siendo aprovechado por nuevas forma delincuenciales que llevan a la impunidad de los mismos, en perjuicio de los derechos humanos de la ciudadanía, el parlamentario Vicente Taiano propone que las personas que no hayan cumplido los 16 años de edad, estén sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia.
MG/pv
En la sesión 263 del Pleno, con 90 votos afirmativos, los parlamentarios aprobaron el Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre Ecuador y la República Popular China, que tiene como objetivo desarrollar aún más las relaciones amistosas y de cooperación económica y técnica entre los dos Estados.
Con la presencia de 97 asambleístas, el Pleno de la Asamblea en su sesión 62 retomó el primer debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, que busca articular el manejo de las finanzas públicas a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, puso en conocimiento de la Asamblea la solicitud de denuncia del Convenio entre los Gobiernos del Ecuador y de Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, considerando que ciertas disposiciones son incompatibles con la Constitución de nuestro país.
Concretamente, el Ejecutivo, sobre la base del dictamen emitido por la Corte Constitucional, argumenta que los artículos 8 y 9, en sus numerales 2, 3, 4 y 5 del instrumento internacional contravienen lo dispuesto en el primer inciso del artículo 422 de la Carta Política.
En todo caso, la Corte Constitucional determina que en razón de que no todos los artículos del convenio están en contradicción con el texto constitucional no sería necesario denunciar todo, sino exclusivamente los que no guardan armonía con la Constitución.
En consecuencia, corresponderá a los órganos públicos renegociar el contenido declarado incompatible con la Constitución de la República, a fin de que las partes determinen otros mecanismos de solución de las diferencias, según el informe de la Corte.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sería la encargada de preparar el respectivo informe del convenio suscrito el 18 de febrero de 1994.
MG/pv
Enrique Santos, miembro del Consejo de Educación Superior (CES), acudió ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, presidida por la legisladora Ximena Ponce León, para informar sobre la Intervención del CES en la Universidad de Guayaquil.
Tras precisar que dicha medida se ajusta a las normas constitucionales y las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dijo que la Universidad de Guayaquil incumplió temas como la gratuidad, el cogobierno y los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, además que se ha determinado ciertos actos de corrupción, que están en investigación.
Anunció que esta semana se presentará, de manera oficial, el Plan de Excelencia, el cual establece acciones para normalizar el funcionamiento de la institución y medidas para garantizar los principios de gratuidad y cogobierno, al precisar que en las próximas horas el Consejo solicitará a la Contraloría que defina un equipo especial, para que verifique el manejo de los procesos administrativos.
Cogobierno
Sostuvo que 17 representantes estudiantiles al Consejo Universitario se han prorrogado irregularmente durante tres años adicionales; 13 de los 17 representantes estudiantiles actualmente ejercen cargos administrativos o de docencia; varios ya no son estudiantes y dos de ellos incluso ya no lo eran al momento de darse las elecciones, por tanto, se ha procedido a cesar tales designaciones.
Devolución
Comentó que desde la resolución de intervención -seis semanas- se ha atendido 4179 solicitudes de devolución a favor de los estudiantes, que corresponde a un valor de 1 millón 628 mil dólares. Existen 3084 solicitudes de devolución que están pendientes de procesar y 4601 solicitudes que tienen documentación incompleta, agregó.
Preocupaciones
La asambleísta Ximena Ponce habló de la necesidad de determinar a los responsables del problema surgido en la Universidad de Guayaquil, a fin de que sean sometidos a la vía judicial y que los aspectos de corrupción los investigue, a profundidad, la Contraloría.
Entre tanto, José Ricardo Moncayo (CREO) solicitó la comparecencia del rector de la universidad, con el objetivo de que detalle las razones que le llevaron a la crisis a este centro educativo.
MG/pv
Para este viernes, 13 de diciembre, a partir de las 09h00, el Viceministerio de Movilidad Humana realizará un conversatorio sobre la propuesta para la Ley de Movilidad Humana.
Dicho evento se cumplirá en el Salón Embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, al que han sido invitados los integrantes de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, así también el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, que coordina la legisladora Linda Machuca Moscoso.
Prioridad
La normativa ha sido calificada de prioridad dentro de la agenda legislativa, para lo cual la Asamblea Nacional, por intermedio del Grupo Parlamentario, ha implementado algunos conversatorios y foros respecto de temas como las perspectivas sobre el retorno de migrantes, situación de los refugiados, la migración en general, el drama de la población colombiana por efectos del conflicto armado interno, la trata de personas, que son aspectos que comprende la movilidad.
Los encuentros contaron con la participación del representante en Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); del cuerpo diplomático; Defensoría del Pueblo; autoridades del Consejo Noruego para Refugiados; la Viceministra de Movilidad Humana; el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN); una funcionaria del Gobierno de Oaxaca, México, colectivos, ciudadanos, organizaciones de migrantes, entre otros.
También, en días pasados, en la Sede Legislativa, se llevó adelante la socialización y presentación del proyecto de Ley sobre Movilidad Humana, que será remitido a la Asamblea por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Grupo Parlamentario por la Movilidad.
Es más, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y el representante legal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio, John Fredrikson, suscribieron el convenio marco de cooperación interinstitucional, que tiene como objetivo coordinar acciones entre las dos instituciones para facilitar que el desarrollo normativo de la Constitución de la República refleje los requisitos de los derechos humanos de las personas en movilidad, conforme los compromisos nacionales, regionales e internacionales y especialmente para promover el respeto de todos los derechos de las personas que viven el hecho migratorio.
MG/pv
En la continuación de la sesión matutina 174 del Pleno, en la que se tramita en primer debate el tercer libro del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, respecto de la ejecución de penas y el Código de la Niñez, los parlamentarios, mediante videoconferencia desde la Casa Legislativa del Guayas escucharon a Carlos Garcés y Cristina Franco; y, recibieron en comisión general a Irene Pesántez y Anunziata Valdez, representantes del Movimiento Mujeres, quienes expusieron sus criterios sobre la violencia contra la mujer y la familia.
En el Programa Hazañas y Personajes del Deporte, de la Radio de la Asamblea, el asambleísta Virgilio Hernández explicó el contenido de su propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), orientadas a enfrentar el problema de la violencia en escenarios deportivos y, en general, en sitios de concentración masiva.
En este diálogo participó el presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, Aníbal Fuentes, quien consideró que “ya era hora” de analizar la raíz del problema y, lo que es más, implementar medidas legales para prevenir hechos de violencia y evitar situaciones extremas e incontrolables, de impredecibles consecuencias, como se ha dado en países vecinos. La temática estaba en la voz de todos, pero nadie hacía nada, agregó.
Mencionó que hasta hace poco tiempo la familia se preparaba toda la semana para asistir a un encuentro deportivo, donde, justamente, la gente disfrutaba del mismo y también confraternizaba, en un ambiente de respeto mutuo. Hoy, en cambio, existe temor de acudir por la actitud de las supuestas barras organizadas, el léxico que ofende la dignidad de las personas, las constantes peleas, a lo que se suma que algunos desadaptados causan destrozos contra bienes del escenario, llevándose incluso partes de las baterías sanitarias, pintan grafitis en las paredes, etc., hechos que merecían un pare.
Clima de paz
Virgilio Hernández aseveró que las reformas penales no intentan, de manera alguna, acabar con la actividad deportiva, sino, por el contrario, que ésta se realice en un ambiente de paz, con las pertinentes seguridades, al informar que se ha establecido que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública.
La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, será sancionada con el máximo de la pena privativa de la libertad prevista para cada caso, aumentada en un tercio, agregó.
También, continuó, se determina que la persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos o de concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública competente, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a noventa días y multa del doble del monto del beneficio obtenido en el evento objeto de la infracción.
Expresó que será sancionada con multa de 75% de un salario básico unificado del trabajador en general y con pena privativa de libertad de 10 a 15 días la o el propietario o administrador de establecimientos en funcionamiento que no cumplan las medidas vigentes de seguridad frente a incendios; la persona que cierre las puertas de emergencia de los establecimientos de concurrencia masiva, que impidan la evacuación de las personas, considerándolas como contravenciones de tercera clase.
MG/pv
