En el marco del proceso de socialización del proyecto urgente, la Comisión de Régimen Económico recibió hoy aportes, comentarios y observaciones de parte de la Fundación Ecuatoriana de Propietarios de Farmacias, de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), de la Asociación de Propiedad Intelectual y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).
Monopolio
Carlos Reyes indicó que, hace 15 años, aparecieron los grandes monopolios en el sector farmacéutico, con la presencia de grandes cadenas de farmacias, que surgen de la unión entre el laboratorio, la distribuidora y la farmacia, que han impuesto sus reglas de juego y precios de los medicamentos, en detrimento de las farmacias pequeñas, que se preocupan por la salud de la gente y no el simple lucro y la ganancia.
Comentó que tres mil farmacias independientes, que promueven el sustento para 25 mil familias, están instaladas a nivel nacional en sitios populares, mientras las grandes cadenas se ubican en lugares comerciales estratégicos.
Reyes destacó la necesidad urgente de que se implementen una normativa clara, en pro de un negocio justo, con oportunidades para todos y en igualdad de condiciones.
Cuestionamientos
Ricardo Cuesta, titular de la ABPE, dijo que la entidad apoya el hecho de que Ecuador cuente con una ley de competencias, pues no puede quedarse rezagada de países que si tienen legislaciones de este tipo.
Reiteró que no cuestionan el contenido de la ley en su conjunto, sino específicamente la inclusión de las disposiciones generales que hacen alusión a las instituciones financieras y a la obligación de desinversión de la banca en las casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros.
Esas disposiciones van más allá de los resultados de la consulta del 7 de mayo, en donde nada se dijo acerca de la desintegración de los grupos financieros. El espíritu de la pregunta se enfocó a las actividades no financieras, por tanto, dichas normas pueden afectar la liquidez, solidez y solvencia del sistema bancario, a más de generar problemas a la banca y sus accionistas, manifestó.
Cuesta expresó que la incorporación en el proyecto de normas que reforman la Ley de Instituciones del Sistema Financiero da lugar a una inconstitucionalidad, al tiempo de considerar que esos aspectos deberían ser parte de otro nuevo cuerpo legal.
Mayores preocupaciones
Henry Kronfle y Blasco Peñaherrera, presidentes de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), respectivamente, coincidieron en señalar que el proyecto, antes que frenar la competencia desleal, otorga a la Superintendencia de Control del Mercado, específicamente al Presidente de la República, la facultad de intervenir en el mercado, es decir, en la economía del país.
Intervenir en la economía significa fijar precios; en esas condiciones el productor al darse cuenta de que no puede mantener su negocio con precios que están por debajo de sus costos decide no producir, lo que genera escasez, mercado negro y desabastecimiento de mercados, puntualizaron, al recordar los ejemplos de la Venezuela de hoy, y Chile de hace 30 años.
En la reunión también participaron Roque Albuja, presidente de la Asociación de Propiedad Intelectual y Rodrigo Landeta, de la Senplades.
MG/eg
El Ministro Coordinador de
El asambleísta Fernando Vélez, presidente de la Comisión De Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, al ser consultado por los periodistas sobre la sentencia judicial en contra del Diario “El Universo” afirmó que todos los ecuatorianos debemos cerrar filas a favor de una auténtica libertad de expresión y rechazar el grave daño que causan las injurias, las calumnias, así como, la afectación que una opinión interesada o una publicación o difusión sin sustento producen en contra del buen nombre y prestigio de las personas a las que se ataca a través de la prensa, la radio, las redes sociales o la televisión causándoles un irreparable daño moral.
La asambleísta Cristina Reyes Hidalgo, representante de la provincia de Guayas, puso a consideración de la presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, el proyecto de Ley de Fomento a Jóvenes Emprendedores.
Esta iniciativa legislativa nace bajo la consideración que el desarrollo, progreso y en general el bienestar, se relacionan íntimamente para la creación de nuevas empresas que generen, a su vez, nuevos empleos y ofrezcan productos y servicios para satisfacer las necesidades de la población, en un ambiente de sana competitividad y oportunidades para todos, destaca la proponente en la exposición de motivos del documento.
La legisladora resalta los resultados positivos de otros países de la región, en el marco de la expedición de una legislación que ha propiciado la creación de nuevas empresas, conformadas y dirigidas por jóvenes. Esas mismas oportunidades anhelamos para la juventud ecuatoriana, acorde a la realidad nacional, al entorno cultural, económico e institucional, que se enmarcaría en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, agrega.
Red para el emprendimiento
El proyecto crea la Red Nacional para el Emprendimiento, adscrita al Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, integrada por el delegado del Ministerio Coordinador de Producción, quien lo presidirá; delegados también de los ministerios de Educación y de Inclusión Económica y Social; de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; tres representantes de las instituciones de Educación Superior, designados a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Dicha red establecerá políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el emprendimiento; formulará un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura para el emprendimiento con el correspondiente presupuesto; conformará las mesas de trabajo de la red nacional para el emprendimiento; articulará las organizaciones que apoyan acciones de emprendimientos innovadores y generadores de empleo en el país; desarrollará acciones conjuntas entre diversas organizaciones para impulsar emprendimientos empresariales, según el cuerpo legal.
Recursos
Prevé que el Gobierno, a través de las distintas entidades, asigne anualmente los recursos necesarios para la realización de las actividades de promoción y de apoyo al emprendimiento de nuevas empresas innovadoras dirigidas por jóvenes.
MG/pv
Con 71 votos, el Pleno de aprobó que solo los integrantes y el Director Ejecutivo de la Comisión que investigó los hechos relacionados con lo acontecido en Angostura el 1 de marzo de 2008, tengan inmunidad exclusivamente en los ámbitos civil y penal respecto de las conclusiones, recomendaciones, análisis y develamiento de las circunstancias constantes en su informe final y cualquier otro documento hecho público como resultado de sus investigaciones.
El Pleno, con 86 votos afirmativos, siete negativos, tres blancos, 27 abstenciones, expresó su solidaridad con los cinco ciudadanos cubanos que han sido procesados y condenados por un Tribunal de Estados Unidos, en clara violación a la legislación vigente en dicho país y de los derechos humanos fundamentales y la necesidad de que el caso sea resuelto con criterios jurídicos objetivos, sin prejuicios ideológicos.
Durante cuatro días se debatió en la Asamblea Nacional sobre la creación de la Oficina Técnica de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria en Ecuador, en el foro parlamentario, organizado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario con el apoyo del Banco Interamericano de Desarollo (BID) y la Unicef.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, acompañado por un importante número de legisladores de la bancada de PAIS, así como de centenares de ciudadanas y ciudadanos de distintas provincias del Ecuador, concurrió a la Fiscalía General, para entregar al titular de este organismo, Galo Chiriboga, una serie de documentos para que se investiguen los hechos ocurridos el 30 de septiembre, al interior de la sede Legislativa.
El legislador Diego Salgado (CREO) remitió varias observaciones, por escrito, a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, en relación al proyecto de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Tras expresar que la inseguridad es uno de los principales problemas de hombres y mujeres ecuatorianos, el representante de la provincia de Pichincha consideró la necesidad de modernizar, reforzar y equipar a la Policía Nacional y levantar la moral de los servidores de esa Institución, que tiene 75 años de vida.
En este contexto, resulta fundamental que los policías estén capacitados sicológica, física y científicamente; y, por supuesto, bien dotados de armas para cumplir su principal misión, que es proteger al ser humano y velar por el orden público, dijo.
En cuanto al objeto y ámbito, plantea que la normativa regule la rectoría, actividades, organización, competencias, gestión de personal y, finalmente, el régimen administrativo disciplinario del personal de la Policía Nacional, con fundamento en las normas, principios y garantías establecidos en la Constitución de la República.
Recordó que el Art. 158 de la Constitución, inciso tercero, determina que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, por tanto, el Servicio Civil de Investigación de la Infracción y el Servicio de Protección Público deberían formar parte integrante de la Policía Nacional y no aparecer como servicios o entidades independientes.
Sugiere omitir la creación de un “Gabinete de Seguridad”, que implementaría las políticas de seguridad ciudadana, nombrado y creado por el Ejecutivo, que puede interferir políticamente, conforme la coyuntura de cada gobierno.
Es partidario que los servidores policiales y civiles, en todos los grados y niveles de gestión, participen en los constantes procesos de capacitación y actualización; que su formación académica, capacitación, perfeccionamiento y especialización, así también la promoción de la doctrina policial se imparta a través del sistema de educación superior de la Institución policial, el sistema de educación superior y centros de especialización en servicios policiales en el exterior.
Añadió que el ascenso constituye un derecho del servidor policial y civil de la institución policial para pasar al grado inmediato superior, previo cumplimiento de los debidos requisitos. Por ello, procederá el ascenso al inmediato grado superior del servidor policial y civil, que falleciere en actos de servicio, aun cuando no haya cumplido con los requisitos fijados en la ley para cada grado, a criterio de Diego Salgado Ribadeneira.
Luego de una reunión entre el Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, la presidenta de la Comisión Ocasional de Comunicación, Betty Carrillo, y los asambleístas Fausto Cobo y María Augusta Calle, se acordó que se requiere una nueva prórroga para presentar el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Comunicación.