La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino, presentó el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que regula las prácticas preprofesionales que deben cumplir las y los egresados de las facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas de las universidades del país.
También prevé que los estudiantes que realicen el año de servicio legal a la ciudadanía no adquieren por ello la calidad de servidoras y servidores de la Función Judicial o servidores públicos, según corresponda; sin embargo, tendrán derecho a percibir un reconocimiento económico acorde a la tabla que fijará el Consejo de la Judicatura para las prácticas preprofesionales.
Por brindar este servicio legal, los estudiantes no podrán solicitar ni recibir dinero, bienes, servicios, o algún beneficio a cambio; de hacerlo, se considerará una falta que deberá ser denunciada a la Dirección Regional respectiva, la que se comunicará al Consejo de la Judicatura, que procederá a suspender el período de práctica de la o el egresado o estudiante y no podrá obtener su certificado de aptitud profesional dentro de los dos años siguientes. Transcurrido este tiempo podrá volver a prestar estos servicios; de la decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura, la o el estudiante podrá interponer la respectiva acción ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Allanamiento al veto presidencial
También, la Comisión de Justicia presentó informe no vinculante respecto del veto del Ejecutivo a la Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad Horizontal, por el cual propone allanarse a la objeción.
El Presidente de la República expresa que los diversos pisos de un edificio, los departamentos o locales en los que se divida cada piso, los departamentos o locales de las casas de un solo piso, así como las casas o villas de los conjuntos residenciales, cuando sean independientes y tengan salida a una vía u otro espacio público directamente o a un espacio condominial conectado y accesible desde un espacio público, podrán pertenecer a distintos propietarios.
Según la objeción, ninguno de los copropietarios puede hacer obras que signifiquen modificaciones de la estructura resistente, ni hacer aumentos de edificación en ningún sentido, ni horizontal ni vertical. Para realizar esta clase de obras se necesita la aprobación del 75%o de los copropietarios. Para realizar modificaciones de una fachada, siempre que no implique cambios o afectación a la estructura, se requerirá de la aprobación del 60% de los copropietarios.
MG/pv
Asambleístas de distintas bancadas legislativas coincidieron en la necesidad de establecer reglas claras para el progreso económico del país, amparados en lo que establece el artículo 335 de la Constitución, que determina que se debe establecer los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal, por ello, señalaron que se debe promover una normativa de competencia que garantice el derecho de los emprendedores pero con un enfoque de economía global y no solo nacional.
La Comisión de Soberanía Alimentaria y de Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, presidida por el asambleísta Jaime Abril, mantuvo su primera sesión, en la que se analizó el plan de trabajo de este organismo.
La Asamblea, con el voto unánime de los 112 legisladores presentes, aprobó el Convenio de Seguridad Social a suscribirse entre Ecuador y Perú, en virtud de que protege la conservación de los derechos de seguridad social, adquiridos o envías de adquisición, con lo cual las y los ciudadanos de los países miembros estarían protegidos permanentemente, con un trato igualitario.
La doctora María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, calificó de positiva la tesis del jefe de Estado, Rafael Correa, de establecer un salario digno a favor de los trabajadores, como una prioridad impostergable.
Dirigentes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) acudieron a la Comisión de Derechos Colectivos, con la finalidad de exponer las razones por las que no están de acuerdo con el bachillerato unificado y solicitar que acudan a los establecimientos educativos a investigar las razones por las que se han cerrado colegios nocturnos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Zobeida Gudiño, informó que para hacer efectiva la participación de todos los sectores sociales remitió a las organizaciones sociales el proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que tiene como objetivo promover la protección y garantía de los derechos de las personas, grupos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; propiciar la igualdad y garantizar la no discriminación en la diversidad intercultural para la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural.