Representantes de 15 organizaciones sociales, gremios periodísticos, empresas de comunicación presentaron en el Pleno de la Asamblea Nacional sus aportes en torno al proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, que responde a un mandato de la Constitución.
La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, indicó que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, pidió que los ministerios Coordinador de la Política Económica, de Ambiente, de Justicia y de Recursos Naturales no Renovables amplíen la información referente a la explotación de petróleo en el bloque 31, a fin de contar con los suficientes elementos de juicio para que la Legislatura y los parlamentarios adopten la decisión más adecuada para el país.
Los acuerdos respecto al objeto de la ley, libertad de expresión, subsitemas, el Consejo de Comunicación, integración, atribuciones, democratización de la comunicación y registro de medios, fueron los puntos más relevantes del acuerdo político alcanzado en la reunión que mantuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, con los representantes de las bancadas legislativas y los integrantes de la comisión ocasional, respecto al proyecto de Ley Orgánica de Comunicación. Haga click aquí para descargar el documento.
Mañana, sábado 19 y domingo 20 de noviembre, La Radio, de la Asamblea Nacional, a través de las frecuencias FM 95.7 Quito; 98.5 Cuenca; 96.5 Santo Domingo; 91.3 Portoviejo; 105.3 Riobamba; 94.9 Ambato y Latacunga, reprisará la sesión No. 136 del Pleno, en la que se debate el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.
La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por Carlos Velasco, continuó el análisis de la problemática generada por la Decisión N° 05-AI-2007 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través de la cual se obliga al Ecuador a retirar las restricciones a la importación de sal, en un plazo máximo de 90 días.
La Comisión de Biodiversidad recibirá mañana, a las 10:00, a la asambleísta Lourdes Tibán, proponente del proyecto de Ley Orgánica de Biodiversidad quien explicará los alcances de su iniciativa, con lo cual el organismo legislativo inicia el proceso de socialización del cuerpo legal calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La denuncia de casos de violación de los derechos humanos en filas de las fuerzas de seguridad del Estado, generó la acción del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades, de la Asamblea Nacional y, tras el análisis de algunos de los casos más actuales y de mayor repercusión, se organizó un conversatorio para analizar el tema. Así lo anunció Alexandra Ocles, presidenta de dicha agrupación parlamentaria.
“DIÁLOGO SOBRE EL RACISMO EN LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL”, así se denomina el evento que se desarrollará en las instalaciones de la Asamblea Nacional este miércoles 4 de septiembre de 2013 a partir de las ocho de la mañana.
A la cita, señaló la asambleísta Ocles, fueron invitados los distintos actores involucrados en esta problemática. Ministros de Estado, cuyas carteras están vinculadas a los derechos humanos y a la seguridad básicamente, como por ejemplo el Ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano, entre otros. También estarán presentes representantes de grupos y colectivos que trabajan por los derechos humanos y la no discriminación, la defensoría del pueblo e incluso, familiares y víctimas de actos de racismo registrados en las filas de la fuerzas de seguridad.
El asambleísta Carlos Velasco Enríquez, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, amparado en lo que dispone el numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, el proyecto de Ley Orgánica Integral para el Control del Tabaco, que tiene como propósito proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo del mismo.
El alcalde de Quito, Augusto Barrera, acompañado de varios concejales, colectivos ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y comités barriales, que conforman la Mesa de Seguridad, expuso ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preside el asambleísta Mauro Andino, los pormenores de los 10 puntos de su propuesta para decir basta a la delincuencia.
Barrera destacó que no se trata de un planteamiento alternativo ni diferente al proyecto de ley que, en materia penal, estudia el organismo legislativo, sino que es un aporte para el debate, que nace de un amplio proceso de construcción, como un factor de unidad y de apoyo al empeño de dotar a la ciudadanía mecanismos viables para fortalecer la seguridad.
Recordó que la ciudad de Quito, en 2010, tuvo una tasa de 13 homicidios por 1 000 habitantes, misma que se aspira baje a 11 en el 2011, lo cual es inferior a la media nacional, que es de 18 homicidios por 1 000 habitantes. Sin embargo, el problema no está en la incidencia del delito, sino en la presencia de acciones delictivas organizadas, como el sicariato o lo que se relaciona con el secuestro exprés; también los asaltos a domicilio, ya no en ausencia de los propietarios, sino sometiendo a quienes se encuentran en sus casas.
Por ello, dijo, consideramos que se debe debatir la tipificación de nuevas formas delictivas, buscar mecanismos que permitan una gestión eficiente del sistema de justicia, porque el peor problema es la impunidad, si observamos que de cada 100 delitos solo 20 son denunciados y de éstos, muy pocos son sentenciados.
Consideró que la solución a la inseguridad no está en el endurecimiento de penas, ni en la imputabilidad de los menores desde los 16 años, hay un problema en los mecanismos de gestión de los estamentos de justicia, en la aplicación de las medidas cautelares, con condiciones y requisitos específicos, así como la habitualidad delictiva, entre otros elementos.
El primer personer municipal, Augusto Barrera, subrayó que la propuesta ciudadana entregada meses atrás a la Asamblea contiene los siguientes elementos: Una nueva clasificación de los delitos y las sanciones; mejor tipificación de nuevas conductas que hoy no están previstas en el Código Penal, por ejemplo, los delitos informáticos, la cachinería, que tienen vínculos de carácter financiero; el juzgamiento ágil y oportuno de los delitos; el tratamiento a la habitualidad delictiva; mejoramiento de la estructura judicial; evaluación permanente de la administración de justicia, con mecanismos de vigilancia; creación de un sistema informático judicial; acompañamiento y asesoría las víctimas; desconcentración de las fiscalías; y, fortalecimiento de los sistemas de investigación penal.
Añadió que la Mesa de Seguridad ha demostrado una actitud constructiva y propositiva, puesto que parten del entendido que este no es un tema político, sino de inquietud permanente de la ciudadanía y al que se debe dar respuesta desde las diferentes instancias del Estado, particularmente desde el Legislativo, al tiempo de indicar que permanecerán vigilantes del proceso de estudio de esta temática por parte de la Comisión de Justicia.
De su lado, el titular del organismo legislativo, Mauro Andino, tras agradecer la presencia del Alcalde Metropolitano, aseguró que los planteamientos serán incorporados en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, al coincidir en que existen conductas delictivas que no están detalladas en la legislación y que deben ser incluidas en la normativa penal. “Todos estos aspectos serán debatidos y estudiados con responsabilidad por la comisión”, enfatizó.
EG/pv
Jaime Vintimilla, especialista en Derechos Colectivos pidió realizar un peritaje antropológico en los bloques 31 y 43 donde se realizaría la explotación petrolera, a fin de constatar que no se registre la presencia de pueblos no contactados en este sitio.
