El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en comunicación dirigida al presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Delfín Tenesaca, ratificó que “la mayoría de asambleístas estamos totalmente comprometidos con la desprivatización del agua y el respeto a las múltiples disposiciones constitucionales relacionadas con el agua, entendida como un derecho humano fundamental e irrenunciable, que además es patrimonio nacional estratégico”. Descargue el documento aquí.De esta manera el Presidente de la Asamblea Nacional respondió a las demandas de la Ecuarurani en torno al proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua.
Reiteró que esta víspera aceptó el pedido de la Comisión de Soberanía Alimentaria de ampliar el plazo para la entrega del informe para segundo debate del proyecto en referencia y que ha condicionado tal ampliación a que se le presente en forma inmediata una programación de los debates que tendrá la comisión al menos tres días a la semana, a fin de ajustar el texto final, concediendo prioridad a lo que han denominado nudos críticos.
Adicionalmente, le informa que ha solicitado a todos los asambleístas que integran la comisión y que han abandonado los debates que se reintegren a los mismos, con el fin de que el diálogo sea el que anteceda a las resoluciones de la comisión y no las posiciones individuales, expuestas a través de los medios de comunicación.
He pedido al Presidente de la Comisión que cree las mejores condiciones posibles para que durante los debates, que son públicos, puedan hacerse comisiones generales para crear oportunidades a que las diferentes organizaciones y personas que tienen propuestas sobre la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua puedan intervenir en un marco de una amplia participación ciudadana que se caracterice por la amplitud y tolerancia democráticas, aseguró.
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El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional los Acuerdos Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Especiales entre Ecuador y Argentina; y, el relativo a la Cooperación en Defensa entre nuestro país y la República Italiana, que requieren la aprobación de la Función Legislativa para su inmediata ratificación y vigencia.
Es necesario legislar en materia de prevención y gestión de riesgos conforme lo determina la Constitución y dentro de este tema el cambio climático es parte de esos riesgos, dijeron los legisladores al apoyar el proyecto de Ley del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
Con el propósito de dar a conocer el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, resolvió que el viernes 16 de abril, socializarán en la provincia de Orellana esta normativa.
Con la presencia de 108 asambleístas, el Pleno inició el segundo debate del proyecto de Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, que protege a la ciudadanía de los abusos de las grandes empresas o grupos económicos y de otras empresas con poder de incidir en el mercado.
Con 10 votos, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que establece una nueva conformación de las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia y determina el tratamiento de delitos aduaneros y tributarios en el Código de Procedimiento Penal; así como lo relativo al sistema de vacancia judicial, entre otros aspectos.
Con el voto favorable de siete asambleístas, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, resolvió integrar una subcomisión, con el propósito de que elabore un borrador del informe motivado que debe remitir a la Presidencia de la Asamblea, en torno a la solicitud de juicio político en contra del fiscal del Estado, Washington Pesántez.
Esta tarde, a las 15h00, se instalará la la sesión No. 232 del Pleno, con la finalidad de integrar las 12 comisiones especializadas permanentes y la de Fiscalización y Control Político, de conformidad con la convocatoria efectuada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
En la reunión del Grupo Geopolítico de América Latina y El Caribe, la primera vicepresidenta del Comité de Mujeres Parlamentarias, Scheznarda Fernández, presentó su segundo informe referente a temas de salud, género, protección de la población civil, desarrollo sostenible, medios de comunicación, entre otros.
En este contexto, la legisladora ecuatoriana destacó que algunos miembros informaron sobre las medidas adoptadas recientemente en sus países desde la adopción de la resolución de la UIP sobre el acceso a la salud como un derecho fundamental: el papel de los parlamentos para abordar los desafíos claves para asegurar la salud de mujeres y niños.
Indicó que, de forma general, muchas de estas iniciativas se han considerado en determinados países, como la prestación de atención médica gratuita para las mujeres embarazadas, la creación de unidades móviles de salud para que las mujeres de las zonas remotas puedan dar a luz en condiciones dignas y la creación de un sistema de seguro de salud para proteger a las personas de bajos ingresos.
Informó que en Uruguay se aprobó recientemente una ley que despenaliza el aborto y se encuentran examinando un proyecto de ley para hacer mamografías y pruebas de Papanicolaou obligatorias como medida preventiva.
En Argentina, la educación sexual ha sido puesta a disposición de las escuelas, donde las mujeres embarazadas recibían un beneficio especial y el aborto se había despenalizado en casos de violación. Estos, dijo la legisladora, son sólo algunos ejemplos de los progresos realizados en el ámbito de la salud de la mujer.
Señaló que el Comité hizo hincapié en que los parlamentos deben adoptar medidas legislativas y judiciales para proteger a los civiles, en particular las mujeres en los conflictos y poner fin a la inmunidad de que gozan los autores de actos de violencia sexual durante y después de los conflictos. También se propuso que las mujeres deben participar en las intervenciones de seguridad, así como en las conversaciones de paz y su seguimiento.
Sobre el tema de comercio justo y de los mecanismos innovadores de financiación para el desarrollo sostenible, el Comité considera que la desigualdad persistente entre hombres y mujeres obstaculiza el desarrollo económico sostenible, por lo que recomendó que en el comercio justo, se debe tener en cuenta el papel fundamental y los derechos de las mujeres rurales que realizan numerosas tareas reconocidas y aún enfrentan dificultades al intentar obtener acceso a la tierra o préstamos.
El Comité además, es partícipe de destacar la insuficiente representación de las mujeres en los consejos de administración y la cuestión de la desigualdad de remuneración.
También, se concluyó que se debe reafirmar los puntos más importantes del documento final de la Conferencia Río+20, en particular, los que piden a las mujeres que se tengan en cuenta los esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible.
Sobre el uso de los medios de comunicación, el Comité estima que las leyes eran necesarias para el control de medios de comunicación social, la prevención y sanción de los abusos sin imponer restricciones a la libertad de expresión.
Subrayó, que el Comité consideró la importancia de las medidas voluntarias para incrementar el número de mujeres en el parlamento y el papel crucial de los partidos políticos de presentar candidatas mujeres para las elecciones. También puso de relieve la forma de promover la participación a posiciones de liderazgo dentro del parlamento y en todas las comisiones parlamentarias (evitando su confinamiento a los asuntos sociales y familia).
Además, apoyó el establecimiento de instalaciones dentro del parlamento que permitiría a los hombres y las mujeres parlamentarias con niños pequeños a encontrar un equilibrio entre su vida familiar y política, un tema que el Comité determinó que es especialmente importante para los jóvenes parlamentarios.
RSA/
El Salón del Ex Senado, en la sede de
