En el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, los asambleístas de diversas bancadas coincidieron en la necesidad de garantizar el derecho de las personas a una educación superior de calidad, que se enmarque en la excelencia, con visión pluralista, sin discriminación, con carácter humanista, cultural y científica.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, se comprometió a estudiar las 11 propuestas que plantearon los sectores sociales, indígenas y de los pueblos y nacionalidades que por el espacio de dos horas expusieron.
Así indicaron los representantes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin); de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro; y, de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador (JAAPRE), quienes acudieron a la Asamblea Nacional para participar en el diálogo abierto que propicia la Comisión de Soberanía Alimentaria con el tema: el agua y la vida.
Los delegados, en rueda de prensa, mostraron su preocupación porque el Ejecutivo viene dialogando únicamente con una sola organización social como es la Conaie, sin tomar en cuenta a todo el contexto de las organizaciones sociales del país, quienes en diferentes talleres han recogido propuestas y necesidades de las bases.
Romelio Guamán, vicepresidente de la Coordinadora Nacional Campesina; Rafael Gualichico, presidente de la Comisión de Coordinación de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador; y, Luis Andrango, presidente de la Fenocin, manifestaron que constitucionalmente la instancia que se encarga de recoger propuestas de ley y abrir debates, es la Asamblea Nacional, pero que ven con preocupación la interferencia del Ejecutivo que está conformando comisiones para el tratamiento de la Ley de Recursos Hídricos.
Nosotros hemos acudido a la Función Legislativa, porque ha generado confianza institucional, pues de las propuestas presentadas, según Luis Andrango, el 60% han sido acogidas. Sin embargo creen que existen otros temas que les preocupa, como por ejemplo la definición de las políticas de la gestión del agua, por la percepción de que hay una visión de centralizar la gestión desde el sector gubernamental.
También exigen que se incluya en la ley un capítulo relacionado con la contaminación y remediación ambiental; asegurar el riego para las pequeñas y medianas producciones que son las que aseguran el 85% de la canasta básica alimentaria; analizar el tema de la tarifa y un mínimo vital; así como la infraestructura relacionada al riego, el agua para consumo y el mantenimiento para el caudal ecológico, temas que serán propuestos en las mesas de diálogo.
Luis Andrango señaló que uno de los avances importantes en estos tres primeros capítulos aprobados por la Comisión de Soberanía es lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución que habla con claridad de que el agua es un derecho humano fundamental por lo que no será susceptible de privatización ni de acaparamiento.
Entre tanto, Rafael Gualichico, presidente de JAAPRE, expresó su satisfacción porque la mayoría de sus propuestas han sido recogidas por la Comisión de Soberanía Alimentaria.
Al referirse a la Autoridad Única del Agua propuso la participación a nivel de usuarios y organizaciones sociales en este organismo, es decir que las propuestas tengan el carácter de vinculante y no solo de consultivo.
Mientras tanto, Romelio Gualán, vicepresidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, precisó la necesidad de establecer una tarifa diferenciada de consumo de acuerdo con la situación y el índice de pobreza.
Finalmente, el asambleísta Pedro de la Cruz indicó que la Comisión 7 ha decidido ampliar las mesas de diálogo sobre el agua y la vida para recoger las opiniones y propuestas de cada sector involucrado. La mayoría de planteamientos coinciden a excepto de aquella donde la Conaie pide tarifa cero para el uso del agua; mientras que las Juntas de Agua creen que debe haber una tarifa para la operación, mantenimiento y administración, aspecto que será resuelto por los comisionados.
JLVN/pv
El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Fernando Bustamante Ponce, exhortó al Gobierno Nacional a prestar el apoyo que esté a su alcance, para socorrer a los deudos de los compatriotas fallecidos en el accidente de tren en la estación de Castelldefels, en Barcelona - España.
La tragedia ferroviaria de Castelldefels, producida el miércoles 23, en la que al menos 13 personas murieron y otras 14 resultaron heridas, es la más grave ocurrida en España desde 2003, cuando 19 personas fallecieron en Chinchilla (Albacete) en un choque de trenes.
La mayoría de los fallecidos y heridos corresponde a jóvenes latinos que habían viajado desde la capital catalana y poblaciones limítrofes a la localidad costera para pasar la verbena de San Juan en la playa. Cuando descendieron de las cercanías de Barcelona se encontraron con que el paso subterráneo de la estación estaba colapsado, lleno de gente y decidieron atravesar las vías a pie, con la fatalidad de que en ese momento hizo entrada a gran velocidad un tren Euromed, procedente de Alicante sin parada en Castelldefels, que los embistió.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante, intensificó el estudio del proyecto de reformas al Código de Policía Marítima, de iniciativa del legislador Alfredo Ortiz, representante de la provincia de Galápagos.
Juan López, Nicolás Barragán y Ana Lucía Escobar, representantes de los trabajadores tabacaleros de las empresas ITABSA, TANASA y PROESA solicitaron a los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico que en las reformas tributarias no se incremente el impuesto a los tabacos, argumentando que temen que se disminuyan sus fuentes de empleo y se incentive el contrabando.
El Derecho de los ecuatorianos en el exterior; el ejercicio profesional de la comunicación, en su literal a); la destitución; el derecho a la rectificación, réplica o respuesta; la temática sobre noticias y opiniones; y la responsabilidad ulterior, fueron reconsiderados con el apoyo de seis asambleístas presentes en la sesión 49, convocada por el presidente de este organismo legislativo, Mauro Andino, para continuar con la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.
El titular de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez Romero, entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, el “anteproyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial y del Código de Procedimiento Penal”.
Ramírez explicó que la reforma busca mejorar la composición de las diferentes salas, con el propósito de evitar la sobrecarga de causas, en el objetivo de afianzar los niveles de eficiencia y servicio en la administración de justicia.
La propuesta establece que la Corte Nacional de Justicia estará integrada por las salas especializadas de lo Contencioso Administrativo; de lo Contencioso Tributario; de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito; de lo Civil y Mercantil; de lo Laboral; y, de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. El Pleno designará a las juezas y jueces nacionales que integrarán cada sala, en el número que la necesidad del servicio de justicia lo requiera, tomando en cuenta su especialidad, dijo.
Esta resolución, continúo, podrá modificarse en cualquier tiempo, sin que en ningún caso, el número de jueces por sala sea inferior a tres. El Presidente de la CNJ, integrará al menos una sala y a pedido suyo, durante el tiempo que desempeñe el cargo, podrá actuar en su lugar la conjueza o el conjuez que se designe por sorteo.
Una jueza o un juez podrán integrar más de una sala por necesidad del servicio justicia, lo cual será resuelto por el Pleno, respetando el principio de especialidad. Cada sala especializada nombrará a su presidente para el período de un año, quien no podrá ser reelecto inmediatamente.
Comparte preocupación
Tania Arias, integrante del Consejo de la Judicatura, comentó que los inconvenientes que ha debido enfrentar la Corte, de alguna manera han afectado la celeridad y eficacia y, lo que es más, el principio de especialidad.
La vigencia de esta propuesta conllevará ajustes en ciertas normas respecto de la designación de los jueces en el próximo concurso de méritos y oposición, que tendría lugar en tres años. En los concursos habrá que determinar méritos por especialidad, añadió.
Trámite ágil
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, anunció que el documento recibirá un trámite ágil, tomando en cuenta la importancia de la temática, al invocar a que participen, en condición de colegisladores, en el debate tanto en la comisión cuanto en el Pleno.
MG/pv
Ramiro Echeverría, consultor de la Organización Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud, (OMS), presentó ante la Comisión de los Derechos a la Salud, presidida por el asambleísta Carlos Velasco, los modelos de salud que ayudarán a mejorar la atención a la población.
A las 20:35 de ayer, la Comisión especializada de Comunicación dio por concluido el análisis previo a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.
