La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, destacó que el debate sobre la propuesta de reelección del jefe de Estado, Rafael Correa Delgado, ha nacido de un amplio sector de la población, de las organizaciones sociales y de la juventud ecuatoriana.
Sostuvo que es un tema que ni siquiera se lo ha tratado formalmente con el compañero Rafael Correa, pues más bien los medios de comunicación lo han puesto como una prioridad en sus agendas.
Sin embargo, continuó, como militantes y dirigentes de PAIS nos vemos motivados por las expresiones y manifestaciones de la gente que reconoce los procesos de transformación que ha puesto en marcha la revolución ciudadana, que han determinado una mejor calidad de vida de la comunidad y el desarrollo del país en múltiples ámbitos, por lo que apoya que el mandatario siga trabajando por consolidar los derechos de todos y todas.
Nosotros creemos en el relevo. Guayaquil necesita un relevo dentro de la alcaldía, en el objetivo de propender al mejoramiento de la condición de grupos poblacionales que han sido aislados por tener una municipalidad que mantiene la lógica socialcristiana de derecha, enfatizó.
Incluso, comentó que se podría analizar reformas constitucionales relativas a las competencias entre los gobiernos autónomos descentralizados, que viabilicen la efectiva participación de los ciudadanos. De ser el caso, estaremos aquí para canalizar la demanda y el mandato popular respecto del tema de reelección presidencial, añadió.
Figura de linchamiento mediático
En otro tópico, la presidenta Gabriela Rivadeneira señaló que a la Comisión de Justica, sobre la base de un estudio técnico y jurídico, le corresponde resolver si incorpora o no dentro del nuevo Código Orgánico Integral Penal la figura del linchamiento mediático, cuya propuesta fue presentada por la asambleísta María Augusta Calle, con el auspicio de un colectivo nacional de víctimas de esa problemática, al precisar que ese punto consta en la Ley de Comunicación.
MG
A partir de las 08:30, la Asamblea Nacional desarrollará mañana el minuto cívico, ceremonia especial en la que participará la presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, así como el Grupo Operacional Especializado de la Policía Nacional que cumple sus funciones en calidad de Escolta Legislativa y estudiantes de la Unidad Educativa Manuela Cañizares.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, formuló un llamado al Ejecutivo y demás funciones del Estado, organizaciones sociales y la ciudadanía, en general, para construir colectivamente un Plan de Legislación 2010-2013 que beneficie a la gente y apuntale el desarrollo del país.
El Consejo de Administración Legislativa, calificó el proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado y remitió a la Comisión de Régimen Económico y Tributario que se encargará de su análisis para la elaboración del informe para primer debate.
Las diversas comisiones especializadas permanentes desarrollarán mañana una intensa jornada de trabajo en el análisis y discusión de diversos proyectos de ley, para lo que tienen previsto escuchar las propuestas, comentarios y sugerencias de directivos del sector público y privado.
Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia con respecto a la responsabilidad de los adolescentes infractores, las sanciones y la posible acumulación de medidas socioeducativas, generaron amplio debate en la reinstalación de la sesión 257del Pleno.
Por razones de conservación ambiental, étnico culturales o de población, en el marco de las circunscripciones territoriales, se establece la constitución de regímenes especiales, distritos metropolitanos, consejo de gobierno de la provincia de Galápagos y circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, aseguró el asambleísta Paco Moncayo, al resaltar los beneficios del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
El legislador Marco Murillo (AL) presentó un proyecto de reformas al Código Penal, con el propósito que se tipifiquen como delitos la mala práctica médica y la falta de atención médica.
Argumentó que la Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, garantizan el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, respectivamente.
Lamentablemente, esos transcendentales derechos no han sido garantizados por las personas que, en este caso, de manera adecuada, puedan dar un servicio de prestación de salud, dijo, al enfatizar que la mala práctica médica en la legislación ecuatoriana casi no dice absolutamente nada al respecto.
También, continuó, la Ley de la Federación Médica determina que un tribunal de honor juzga la conducta profesional, mientras la Ley Orgánica de Salud solamente contempla sanciones pecuniarias y administrativas.
Explicó que dicha ley especifica multas y suspensión del profesional, en tanto la Ley de Derechos y Amparo del Paciente recoge sanciones de carácter de reclusión, tras expresar que el Código Penal dictamina prisión de tres meses a dos años ante la muerte de un ciudadano y una multa de 81 dólares, sin tomar en cuenta lo irreparable de la tragedia que significa la pérdida de un familiar.
Alcances de la proyecto
Murillo, representante de la provincia de Chimborazo, explicó que su propuesta determina que las acciones y omisiones en el ejercicio profesional que cause la muerte por negligencia serán castigadas con uno a seis años; por imprudencia de uno a cinco años; la impericia de uno a cuatro años; y, la inobservancia de uno a tres años de privación de la libertad.
En caso de incapacidad permanente del paciente, las penas serán de dos a cuatro años, dependiendo de la gravedad. Las sanciones administrativas serán la suspensión del ejercicio profesional de las personas que, justamente, sean encontradas responsables de estos actos. También se fijan sanciones pecuniarias destinadas a indemnizar a los afectados con una sanción no menor a 150 remuneraciones básicas unificadas (39.600 dólares), que iría subiendo paulatinamente, conforme la inflación.
La falta de atención médica (no prestar asistencia) se sancionará con dos a cuatro años. Por no recibir o impedir el ingreso hacia una atención de salud, provocará la privación de libertad de uno a tres años, dijo.
Sostuvo que el ciudadano Manuel Cosíos, padre del estudiante Édison Cosíos, quien ha sido trasladado del Eugenio Espejo al Hospital de los Valles, le ha expresado el total respaldo a su propuesta, a lo que se han sumado grupos de afectados, como una posibilidad real de hacer justicia.
Denuncia
Jenny Guerrero denunció que hace más de dos años a su madre le practicaron una cirugía en el Hospital del Sur, que le provocó consecuencias desastrosas y hoy se encuentra en estado vegetativo y que en el Vozandes se descubrió que esa operación era de alto riesgo, por lo que han presentado una demanda, misma que no avanza pues por tres ocasiones se han dilatado las audiencias, “por supuestas presiones de un ministro de Estado”.
MG/pv
La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales analizó, con la presencia del Coordinador General de Derechos y Garantías de la Cancillería, Daniel Ortega, la Agenda Internacional Ecuatoriana sobre Biodiversidad y Ambiente.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en cumplimiento del artículo 66 de la Constitución, notificó al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, la declaratoria del estado de excepción en la provincia del Carchi, cuyo decreto ejecutivo fue expedido para garantizar la captación, provisión, producción, almacenamiento y distribución de agua para el consumo humano y uso agropecuario y evitar una grave conmoción interna en ese territorio.
