Los asambleístas de Pichincha Betty Amores, Paco Moncayo, Andrés Páez, María Paula Romo, Fausto Cobo, César Montúfar, César Rodríguez y Ángel Garzón, alterno de Vladimir Vargas, expresaron su apoyo y solidaridad con la “Marcha por la Defensa del Agua, la Vida y la Dignidad”, que se inició en Zamora el pasado 8 de marzo y que llegará a Quito mañana.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, resaltó que desde las 17:00 estuvo esperando a la delegación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, dirigida por Humberto Cholango, quien solicitó, mediante oficio, ser recibidos en la Casa de la Democracia, “pedido que yo acepté con el mayor agrado, ya que este recinto es justamente para ello”.
La ministra coordinadora del Patrimonio, María Fernanda Espinosa, indicó que para julio de este año estará listo el memorando de acuerdo para la firma del convenio que busca mantener el crudo del campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini, ITT, bajo tierra y así dar legitimidad a la iniciativa de Ecuador. Para ello, la cartera a su cargo se ha autoimpuesto una meta, que es conseguir al menos 100 millones de dólares, hasta diciembre de 2011, a fin de arrancar con el fondo fiduciario.
Por razones de conservación ambiental, étnico culturales o de población, en el marco de las circunscripciones territoriales, se establece la constitución de regímenes especiales, distritos metropolitanos, consejo de gobierno de la provincia de Galápagos y circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, aseguró el asambleísta Paco Moncayo, al resaltar los beneficios del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Tal cual lo dispone el artículo 140 de la Constitución, la Asamblea deberá aprobarlo, modificarlo o negarlo dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción
El titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, trasladó dicho documento a la Secretaría General, para que sea difundido a las y los asambleístas y a la ciudadanía, a través del portal Web, y sea remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente, en cumplimiento del artículo 55 de la LOFL.
Contenido y alcances de las reformas
En la Exposición de Motivos, el Ejecutivo señala que desde el año 1971 hasta la presente fecha, se han producido cambios sustanciales en la vida social, económica y política del país, a lo que se ha sumado el extraordinario desarrollo científico y tecnológico. En este período, el petróleo como recurso natural agotable, no renovable y estratégico, se ha constituido en la principal fuente de ingresos estatales, cuyo manejo requiere la adopción de un marco jurídico e institucional, que acorde a la nueva Constitución de la República, permita un mayor control y participación del Estado ecuatoriano.
Argumenta que es fundamental introducir disposiciones que permitan impulsar la actividad hidrocarburífera, incrementando los niveles de producción de los campos petroleros, dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que devuelva la titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado, estableciendo únicamente el reconocimiento de una tarifa por barril producido a favor de las contratistas, que no fluctúe en función del precio del crudo, del cual se han beneficiado desproporcionadamente las compañías petroleras.
El proyecto dispone que el Estado explorará y explotará los yacimientos en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional, podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada experiencia, capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá celebrar contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para explotación y exploración o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana.
La propuesta gubernamental crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), como un organismo técnico administrativo, que regulará, controlará y fiscalizará las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera.
MG
La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Marcela Miranda Pérez, en el Pleno de la Asamblea Nacional expuso el informe sobre el proceso de calificación de héroes y heroínas nacionales que lleva adelante este organismo.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en cumplimiento del artículo 66 de la Constitución, notificó al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, la declaratoria del estado de excepción en la provincia del Carchi, cuyo decreto ejecutivo fue expedido para garantizar la captación, provisión, producción, almacenamiento y distribución de agua para el consumo humano y uso agropecuario y evitar una grave conmoción interna en ese territorio.