Por Absalón Campoverde, Asambleísta por Zamora Chinchipe
Despertar cada mañana y no encontrar un norte, esa preocupación constante de no saber qué hacer, ni a dónde ir, el no poder trabajar tranquilo, el no saber en quién confiar, noches enteras sin poder conciliar el sueño y que muchas veces al hablar con la gente tenga que respirar profundo y morderme la lengua para que no se me quiebre la voz, son algunas de las características que describen tan dura realidad que desde hace más de seis años me ha tocado vivir a raíz de la desaparición de mi hija Juliana Campoverde.
Fue en julio de 2012, cuando Juliana se despidió de su madre y salió normalmente de su casa en dirección a su lugar de trabajo como todos los días lo hacía, sin embargo, al haber transcurrido el lapso de tiempo que normalmente le tomaba para llegar a su destino y al no tener ninguna noticia de su parte, fue que empezó nuestra preocupación y búsqueda inmediata.
Luego de las múltiples investigaciones llevadas a cabo, tuvimos conocimiento que el pastor evangélico de nombre Jonathan C., el que dirigía el grupo de jóvenes al que asistía mi hija en dicho Iglesia, era quien la intimidaba o amenazaba con mensajes perturbadores que le enviaba a través de una cuenta falsa, haciéndose pasar como Juan Solano en redes sociales. Este pastor la manipulaba usando como herramienta principal a la religión. Tanta fue la incomodidad que le causó a Juliana, que conjuntamente con su mamá abandonaron la iglesia y luego de cinco semanas, desapareció.
Esta dura experiencia de vida no se la deseo a nadie, pero he aprovechado ese sentimiento de indignación e impotencia para armarme de valor y fortaleza, y así usarlo como el motor que me impulsa a llevar esta bandera de lucha, por la que no claudicaré hasta el último día de mi vida.
Hay días en los que la madre de mi hija me dice: “Ya no resisto más, siento que voy a morir”, y aunque con el corazón destrozado saco fuerzas de lo más profundo de mi ser y con mucha determinación le respondo: “No desmayes, nosotros como padres tenemos que seguir de pie. Si nos rendimos ahora no habrá servido de nada todo lo que hemos hecho para encontrar a nuestra hija”.
Armados de valor iniciamos inmediatamente con todos los trámites legales pertinentes, sin embargo, los obstáculos aparecieron desde el primer momento, la falta de coordinación entre la Fiscalía y la Policía Nacional, es una de las complicaciones que hay en el país, ya que el argumento que usan es “Yo soy fiscal y debo hacer esto; ellos como Policía, hacen aquello, no puedo meterme”, y con ese tipo de respuestas es muy difícil avanzar, cuando lo correcto sería trabajar juntos con un solo fin: recuperar a la persona que desapareció.
Así también, los Fiscales que han estado a cargo, y digo “los” porque han sido varios los que han conocido esta causa sin mostrar avances, argumentan que no hay tipificación para la desaparición de personas particulares y que por eso no tienen cómo avanzar en el proceso. Todo lo que hemos hecho, todo lo que decíamos, todas las pruebas presentadas no servían ni valían para ellos. Y lo único que nos decían era “Juliana ya volverá, seguramente se fue con el enamorado, tengamos paciencia porque en ocho meses serán abuelos, yo pongo las manos al fuego por los pastores”. Esta es una respuesta ineficiente, indolente y hasta irrespetuosa por parte de la Dra. Ligia Villacrés, primera Fiscal que llevó el caso.
En Ecuador, la desaparición involuntaria de personas cometida por particulares sin el apoyo del Estado no tiene regulación y sanción legal, tal es así que en los últimos 15 años se ha presentado niveles alarmantes de inseguridad y afectación a nuestros derechos producto del crimen organizado y sus formas complejas y entramadas de delinquir que tiene relación directa con la desaparición de personas.
Es por esto que es necesario tipificarla bajo un amplio paraguas que permita articular mecanismos de búsqueda, proteger adecuadamente el derecho de las familias al acceso a la justicia, a conocer la verdad de lo sucedido y a que exista una investigación oportuna, eficaz y de calidad.
En 2017, gracias a la confianza que mis mandantes depositaron en mí, llegué a la Asamblea Nacional como Asambleísta representante de la provincia de Zamora Chinchipe. Lugar desde donde trabajo cada día defendiendo los derechos de mi gente. Yo me debo a mi provincia y tengo que responderles con trabajo, legislando, fiscalizando, planteando reformas de Ley, atendiendo sus necesidades, para que ellos sepan que confiaron en un hombre de palabra, con compromiso y vocación de servicio, que no los defraudará.
Fue ahí que preocupado por los cientos de casos de personas desaparecidas, el 27 de diciembre de 2017, logré que la Asamblea Nacional apruebe por unanimidad la creación de la Comisión Especializada Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas, misma que actualmente la presido y desde donde como Comisión buscamos reformar el Código Orgánico Integral Penal para que se tipifique la desaparición involuntaria de personas particulares, además de la construcción colectiva de un proyecto de Ley Orgánica de Atención Integral en casos de personas desaparecidas, que responda de manera real a las necesidades de quienes hemos vivido en carne propia esta situación.
Desde la Comisión, hemos recibido valiosos aportes de múltiples representantes de entidades estatales, actores sociales, pero sobre todo de familiares de las víctimas, con el mejor trato posible, con el mayor cariño, respeto y consideración que se merecen, ya que como el que más, entiendo perfectamente su situación. El seguimiento a todos los casos de desaparecidos será permanente.
Ese ha sido nuestro trabajo, hecho con corazón, a conciencia y con mucha fuerza de voluntad. Estoy seguro que con estas propuestas agilizaremos los procesos y garantizaremos una atención integral para todos los familiares de las víctimas, hay que trabajar pensando en el futuro. No es posible que los Derechos Humanos se hagan valer únicamente para los infractores y delincuentes, pero no para las víctimas.
Hay que exigirle a las autoridades responsables que cumplan su trabajo con responsabilidad, y si no lo quieren hacer, deben dar un paso al costado. Estoy seguro que hay mucha gente que sí quiere trabajar.
A este punto, el desenlace sobre el caso de Juliana es lo de menos, lamentablemente ya luego de tantos años creo estamos preparados para recibir cualquier noticia, pero seguiremos trabajando. Tengan la seguridad que esto no quedará en la impunidad. Es hora de hacer justicia, actuar con responsabilidad y sancionar a los culpables.
Asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe | Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales | Movimiento CREO
