Tras un trabajo de fiscalización que tomó aproximadamente cinco meses, presentamos ante la Secretaría Técnica Anticorrupción, una investigación detallada sobre presuntas irregularidades en el contrato desarrollado entre la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y los consorcios privados SEVIECU y ECUATRANSIT.
Dicho proceso de fiscalización reveló irregularidades en la forma de contratación, que beneficiaban a las empresas privadas con montos que pudieron haber sobrepasado los 100 millones de dólares, en desmedro de la ciudadanía.
El proceso de fiscalización desarrollado derivó en una investigación por parte del Gobierno Nacional que permitió rever los contratos y suspender los cobros abusivos de multas por radares en las carreteras de todo el país.
Asambleísta por la provincia del Azuay
