En la Sesión 040 del Pleno, el 22 de septiembre de 2025, defendí con firmeza que el Decreto Ejecutivo 153, que convoca a consulta popular para decidir la instalación de una Asamblea Constituyente, no es un atajo sino la ruta constitucional para procesar la crisis que enfrenta el país.
Sostuve que la Constitución de Montecristi, presentada como una carta de derechos, terminó siendo un manual de impunidad que blindó a corruptos, fortaleció a las mafias y debilitó al Estado. Los resultados están a la vista: sobornos institucionalizados, contratos amañados y una justicia manipulada para favorecer a delincuentes, mientras las víctimas siguen esperando justicia.
Hoy no bastan reformas parciales ni enmiendas tibias. El país no es una llanta pinchada para inflarla con parches. Lo que vivimos exige una cirugía mayor: devolver al pueblo la palabra, conforme al artículo 444 de la Constitución, mediante consulta popular, reglas claras y referéndum. La Corte Constitucional ya ratificó que este camino es legítimo y constitucional.
No se trata de ceder atribuciones, se trata de honrar el principio de que todo poder emana del pueblo. La consulta no es sobre un gobierno, es sobre un mandato constituyente que cualquier gobierno deberá acatar, porque su fuente es la soberanía popular.
Reiteré además que este proceso es coherente con las decisiones firmes que el presidente Daniel Noboa ha tomado frente al crimen organizado, las finanzas públicas y la recuperación de la confianza internacional. Con el Decreto 153 se da el paso más valiente: preguntar al pueblo si quiere abrir una nueva etapa constitucional que cierre el camino a la impunidad.
Concluí recordando que la última palabra la tienen los ciudadanos. Ellos decidirán si abrimos una nueva etapa con reglas claras, libres e informadas. Nuestro deber como Asamblea es garantizar que su decisión sea respetada. El país ya no admite parches: es momento de devolver la voz al soberano.
Soy Alejandro Lara Pérez, asambleísta por Tungurahua para el periodo 2025-2029. Nací y crecí en Huachi Grande, una parroquia rural de Ambato donde aprendí, desde pequeño, el valor del esfuerzo y del trabajo honesto. Mi vida ha estado marcada por la constancia, el sacrificio y, sobre todo, por el profundo compromiso con mi tierra y su gente.
A los 16 años ya ayudaba a mi madre en nuestro restaurante familiar, y durante la pandemia, me convertí en repartidor para sostener a mi familia. Como muchos ecuatorianos, migré a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades, pero el amor por mi país fue más fuerte. Regresé con la convicción de que aquí también se puede construir un futuro digno, sin tener que dejar atrás nuestras raíces.
Me formé como Ingeniero Civil en la Universidad Técnica de Ambato, y he trabajado en proyectos de agua potable, saneamiento y estructuras, tanto en el sector público como en el privado. Conozco de cerca las necesidades de nuestras comunidades rurales, y por eso decidí dar un paso más: servir desde la Asamblea Nacional.
No soy un político tradicional. Vengo del barrio, del trabajo diario, de la calle, y represento a una nueva generación que quiere hacer política de forma distinta: con propósito, con cercanía, con ética. Estoy aquí para alzar la voz por los jóvenes, los migrantes, los agricultores y cada tungurahuense que merece ser escuchado.
Creo firmemente que la política debe servir a la gente, no a intereses personales. Me inspira el campo, la gente que se esfuerza cada día, y la esperanza de un Ecuador más justo, donde nadie tenga que marcharse para salir adelante.
Mi compromiso es claro: construir desde la raíz, legislar con propósito y devolverle la confianza a la ciudadanía.
