El asambleísta Alejandro Lara Pérez presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos (COGEP) respecto a la vigencia de la orden de apremio personal en materia de alimentos, una iniciativa que responde a la urgente necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de alimentos para niñas, niños y adolescentes.
Actualmente, el artículo 139 del COGEP dispone que las órdenes de apremio personal caducan en 30 días si no se ejecutan. Sin embargo, según datos del Consejo de la Judicatura, solo el 35% de las boletas se han ejecutado efectivamente, mientras que el 65% caducan sin cumplimiento, afectando directamente el acceso de miles de niños y adolescentes a una alimentación y educación digna.
Frente a esta problemática, la propuesta presentada por el asambleísta Lara amplía el plazo de vigencia de las órdenes de apremio de 30 a 90 días y permite su renovación motivada, sin necesidad de iniciar un nuevo trámite judicial. De esta forma, se evita que los representantes legales deban repetir procesos, se reduce la carga administrativa y se fortalece la tutela judicial efectiva.
La iniciativa se sustenta en los principios constitucionales de celeridad, eficacia y economía procesal, así como en el interés superior del niño, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución de la República del Ecuador. Además, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 4 (Educación de calidad), al garantizar que las pensiones alimenticias contribuyan al bienestar integral de los menores.
Asimismo, la propuesta es coherente con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029, que prioriza el bienestar social y la reducción de desigualdades en los grupos de atención prioritaria.
“Esta reforma busca que las normas sirvan a la gente, no que la gente tenga que sufrir por las normas. Un niño no puede esperar a que venza una boleta para recibir su alimento. Con esta ley queremos que la justicia sea más ágil, humana y efectiva”, expresó el asambleísta Alejandro Lara durante la exposición del proyecto.
Con esta propuesta, la Asamblea Nacional dio un paso firme hacia la modernización del sistema procesal y la protección efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia, consolidando un marco legal más justo, eficiente y humano.
Soy Alejandro Lara Pérez, asambleísta por Tungurahua para el periodo 2025-2029. Nací y crecí en Huachi Grande, una parroquia rural de Ambato donde aprendí, desde pequeño, el valor del esfuerzo y del trabajo honesto. Mi vida ha estado marcada por la constancia, el sacrificio y, sobre todo, por el profundo compromiso con mi tierra y su gente.
A los 16 años ya ayudaba a mi madre en nuestro restaurante familiar, y durante la pandemia, me convertí en repartidor para sostener a mi familia. Como muchos ecuatorianos, migré a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades, pero el amor por mi país fue más fuerte. Regresé con la convicción de que aquí también se puede construir un futuro digno, sin tener que dejar atrás nuestras raíces.
Me formé como Ingeniero Civil en la Universidad Técnica de Ambato, y he trabajado en proyectos de agua potable, saneamiento y estructuras, tanto en el sector público como en el privado. Conozco de cerca las necesidades de nuestras comunidades rurales, y por eso decidí dar un paso más: servir desde la Asamblea Nacional.
No soy un político tradicional. Vengo del barrio, del trabajo diario, de la calle, y represento a una nueva generación que quiere hacer política de forma distinta: con propósito, con cercanía, con ética. Estoy aquí para alzar la voz por los jóvenes, los migrantes, los agricultores y cada tungurahuense que merece ser escuchado.
Creo firmemente que la política debe servir a la gente, no a intereses personales. Me inspira el campo, la gente que se esfuerza cada día, y la esperanza de un Ecuador más justo, donde nadie tenga que marcharse para salir adelante.
Mi compromiso es claro: construir desde la raíz, legislar con propósito y devolverle la confianza a la ciudadanía.
