Este proyecto, según la exposición del Ejecutivo, tiene por objeto promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, buscar el financiamiento de la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y los delitos asociados a la criminalidad, a través del ahorro de recursos en la mejora de los procesos de contratación pública e implementando mecanismos de extinción de dominio, transparencia, regulación y, el fortalecimiento institucional, que permitan la monetización de los activos incautados que no han podido ser justificados o de origen ilícito. Además, el CAL dispuso que el proyecto sea remitido a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control para el trámite respectivo en los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.