En la sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), efectuada este miércoles 24 de julio de 2019, por unanimidad, se resolvió calificar el trámite de juicio político a José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solicitado por el asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.
Este es el tercer juicio político en contra del presidente del CPCCS, luego que el CAL aprobó, en días anteriores, la petición de los legisladores Fabricio Villamar y del bloque denominado Coalición Nacional. Este tercer proceso acusa a Tuárez y al vocal del CPCCS, Walter Gómez, de incumplimiento a sus funciones así como no haber respondido a las denuncias sobre supuestas irregularidades en las candidaturas, en su comparecencia en la comisión presidida por Tello.
Ana Belén Marín, primera vocal del CAL, comentó que la resolución fue trasladada para su trámite a la Comisión de Fiscalización, misma que tramita el juicio político a los cuatro vocales del CPCCS. Explicó además que esta diligencia no influirá en el cronograma planteado en la comisión sino que será un aporte dentro del juicio que ya está planteado al interior del organismo legislativo.
Resoluciones
Así mismo, el CAL resolvió solicitar un informe sobre las convocatorias a las comisiones, asistencias y ausencias de los legisladores. La asambleísta Ana Belén Marín enfatizó en la preocupación del CAL frente al tema debido a que varias comisiones no han sesionado. Por ello, solicitarán a los secretarios relatores de cada comisión remitan dicho informe hasta el próximo 31 de julio.
De esta manera explicó que se llamaría a los Presidentes de las Comisiones con el objetivo de conocer la situación de su mesa y de esta manera establecer mecanismos para el correcto funcionamiento de los organismos legislativos en donde exista algún problema.
Proyectos de Ley
Dentro de las resoluciones también se calificó la Ley Orgánica Reformatoria para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos. Esta solicitud fue enviada por el doctor Iñigo Salvador, Procurador General del Estado. La legisladora Ana Belén Marín, comentó, sobre esta resolución, que varios artículos de esta propuesta se vinculan con las reformas al Código Monetario y a la Ley de Contratación Pública, por lo que fueron remitidas a la Comisión Permanente de Régimen Económico.
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