Íñigo Salvador, procurador general del Estado explicó el contenido del proyecto de reformas para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos estatales. “El objetivo es prevenir acciones de corrupción en la contratación pública y disminuir los conflictos que pueden darse”, dijo.
El funcionario fundamentó su exposición en tres ejes: control previo de legalidad de contratos a través de un control concurrente y posterior; la creación de un comité de prevención de disputas que permitirá evitar litigios innecesarios del Estado y el fortalecimiento institucional como mecanismo de reducción de los espacios de litigio contra el Estado.
Indicó que es necesario restituir el control previo de legalidad de actos y contratos fortaleciendo la facultad de asesoramiento de la Procuraduría General del Estado, para evitar disputas o una inadecuada aplicación de la ley.
Mencionó que la contratación pública representa un monto significativo del presupuesto e inversiones del Estado. Dijo que la eliminación del control previo a la contratación pública redujo la efectividad e incrementó la arbitrariedad en el buen uso de los recursos públicos.
Según cifras del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), entre 2010 y 2018, los contratos públicos ascendieron a cerca de 73 mil millones de dólares, sobre los que no se ejerció el control previo de su legalidad. En este monto no se incluyen contratos de los sectores estratégicos ni de licitación por emergencia.
Mencionó que entre el 2014 al 2018 se registró el pago de 2 mil millones de dólares por arbitrajes internacionales, 25 millones como monto determinado en sentencia en el Contencioso Administrativo.
Para evitar la arbitrariedad en la contratación pública y promover el manejo eficiente de recursos públicos, se propone fortalecer la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado y restituir el control previo de la legalidad, con la revisión de las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, agregó. De esta manera se evitarán futuros litigios y se reducirán los espacios para los actos de corrupción, precisó Íñigo Salvador.
Silencio administrativo
A los parlamentarios les preocupa el silencio administrativo que puede darse en el proceso. Iñigo Salvador señaló que las entidades contratantes deben exigir el informe previo de la Procuraduría, cuyo documento lo debe emitir en un término no mayor a 30 días con las observaciones correspondientes.
La Procuraduría debe mantener el control concurrente y posterior sea de oficio, por denuncia de una persona privada o cualquier ciudadano, pero sobretodo de los que están inmersos en el proceso de contratación, aclaró.
En el seno de la comisión se propuso la descentralización de la Procuraduría en las capitales de provincia, con la debida autonomía, a fin de dar agilidad en el informe previo de legalidad del contrato.
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