1.- Proyecto de Resolución para declarar el 9 de junio como Día del Voto Femenino.
Una mujer que rompió el statu quo, lo establecido, luchó de forma vehemente por la participación de las mujeres en política y buscó igualdad de oportunidades, fueron algunos de los calificativos para Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer ecuatoriana que ejerció su derecho al voto. En ese contexto, la Asamblea Nacional aprobó, con 107 votos, una resolución que declara al 9 de junio de cada año como Día Nacional del Voto Femenino.
La iniciativa de la Asambleísta Gloria Astudillo, propuso también reconocer el legado de Matilde Hidalgo de Procel en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, en particular en acceso a la educación y participación política. Además, destinar en la sede del Parlamento un espacio conmemorativo a su destacada labor, a fin de fortalecer la memoria histórica de las presentes y futuras generaciones del Ecuador y Latinoamérica.
Se solicitó a los ministerios de Educación, Cultura y Patrimonio para que en el ámbito de sus competencias promuevan y visibilicen el legado de esta mujer. También se dispone a la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, articular con los demás parlamentos de Latinoamérica para que, en el marco de sus competencias, se reconozca la memoria y legado de Hidalgo en cada uno de sus países, por lo que significó su participación en el ejercicio democrático en la región.
Durante el debate, 10 mujeres resaltaron la labor de Matilde Hidalgo; reconocieron su trayectoria profesional y legado. Se congratularon porque gracias a su lucha ahora tienen la oportunidad de ocupar 54 curules en la Asamblea Nacional. También dijeron que con su voto, Ecuador se convirtió en el primer país en Latinoamérica en reconocer el sufragio femenino.
Mencionaron que el trabajo de la mujer en la política es importante para el desarrollo de los pueblos y felicitaron al Parlamento por aprobar, en días pasados, las reformas al Código de la Democracia que garantizan la paridad de género, la cual se aplicará de manera progresiva.
2.- Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
Con el voto unánime de los 95 Asambleístas presentes, el Pleno aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que tiene por objetivo incorporar un modelo de control más rápido, sin cambiar la capacidad de la Contraloría, y agilizar los procesos de contratación de empresas auditoras.
Durante el año pasado, de las 21 empresas públicas del Ejecutivo, 16 remitieron a la Contraloría sus estados financieros. Con ello, la entidad de control puede iniciar el proceso de contratación de auditorías de dichos balances. En tanto, tres estaban en estado de ejecución y dos no entregaron la documentación.
Sobre la base de esta realidad, el presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, explicó al Pleno de la Asamblea Nacional la necesidad de reformar la Ley de Empresas Públicas, por cuanto los estados financieros son la radiografía de la empresa para saber si está sana o enferma, para corregir errores y tomar decisiones.
El Asambleísta Esteban Albornoz presento el informe para segundo debate que preparó esta mesa legislativa. Explicó que el proyecto modifica el artículo 47 para que, con sus propios recursos, las empresas públicas puedan contratar las auditorías financieras, a través de compañías privadas. En la actualidad, después que las empresas públicas soliciten dicho proceso, esta facultad de contratación la tiene la Contraloría. Como Asamblea Nacional debemos evitar estos obstáculos administrativos, subrayó Albornoz.
En el debate intervinieron siete legisladores, algunos de ellos enfatizaron en que las auditorías tienen que ser serias, por eso la Contraloría será la encargada de acreditar y registrar a la firmas que pueden hacer ese trabajo y publicar periódicamente el estado de situación; estas son las leyes que necesita el país para luchar contra la corrupción.
Se puso hincapié en la necesidad de conocer con claridad el estado de situación de las empresas públicas, no solo para conocer cómo se encuentra cada una de ellas, sino para saber dónde están sus activos, cómo se han manejado los activos, lo cual dará cuenta de la adecuada administración por parte del Estado.
La reforma incluye una disposición para que el ente de control, en el plazo de 45 días, a partir de la publicación de la Ley, elabore un listado de las auditoras. Además, el plazo de 90 días, para que las empresas públicas que no estén al día en este tema, contraten las respectivas auditorías.
El proyecto será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para que, en el plazo de 30 días, los sancione u objete.
Primer Vocal del CAL 2019-2021 | Asambleísta por la provincia de Cotopaxi | Integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
