El Presidente Encargado de la Asamblea, César Solórzano, el 30 de julio, reinstaló la sesión 678; donde el Pleno de la Asamblea, conoció y resolvió el Informe sobre la solicitud de amnistía a favor de 20 líderes indígenas y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
En comisión general se recibió entre otros actores, a tres dirigentes de San Pedro del Cañar, peticionarios de amnistía: Sergio Paucar, María Tamay y José Sarmiento, quienes señalaron que han sido criminalizados por impartir justicia indígena, respecto a graves problemas que tenían en sus comunidades por el coyoterismo, robo de ganado, pandillas y litigios de tierras.
También comparecieron Krúpscaya Ugarte, experta en Derechos Humanos; Raquel Yrigoyen, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Aquiles Hervas, Antropólogo, Álvaro Román, Abogado en libre ejercicio, Raúl Llasag, Abogado pluralismo jurídico y Verónica Yuquilema, Doctora Investigadora, quienes coincidieron que el ejercicio de la justicia indígena es un derecho constitucional e internacional y el estado tienen la obligación de tutelarlos. Es inaceptable la criminalización y la privación de libertad; en este caso de los dirigentes de San Pedro del Cañar se evidencia actitudes de discriminación, racismo, en el contexto de las actuales relaciones de poder. Enfatizaron que se conceda las amnistías por tan grave atropello cometido por parte de la justicia ordinaria.
El Legislador José Serrano, ponente del informe resaltó que la Asamblea Nacional tiene plena facultad constitucional para conceder amnistías por delitos políticos y conexos, lo que incluso está consagrado en el ordenamiento jurídico internacional como una herramienta para la pacificación social y justicia.
Señalo que tenemos la oportunidad de corregir imperfecciones del sistema judicial ordinario y marcar el camino de reparación histórica ante la vulneración de derechos cometidos contra autoridades y miembros indígenas que han sido discriminados por años.
Recalcó que las 20 autoridades y miembros de la comunidad de San Pedro de Cañar fueron acusados de cometer delitos comunes como secuestro, secuestro extorsivo y daño a bien ajeno, existiendo desconocimiento por parte de la justicia ordinaria que el mandato del Art. 171 de la Constitución dispone que las comunidades y pueblos ejercerán funciones jurisdiccionales, con base sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial.
Enfatizó que estos derechos también están reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este será un mensaje de reafirmación de respeto a la plurinacionalidad, interculturalidad, derechos humanos, pluralismo jurídico, a las costumbres, derechos colectivos y prácticas ancestrales.
Finalizó diciendo que este día será histórico para el país, debemos centrar nuestro debate en el derecho a una cultura de paz, les invito a dejar de lado nuestros problemas y hagamos que las disposiciones normativas sean efectivas.
Durante el debate participaron 13 colegas legisladores, quienes mencionaron la legitimidad constitucional de la aplicación de la justicia indígena, que se practicó desde antes de la creación del propio estado ecuatoriano, como parte de sus derechos colectivos.
Objetaron la criminalización de 20 autoridades y miembros indígenas de San Pedro del Cañar, quienes fueron sentenciadas y privadas de la libertad de manera injusta, pues la justicia ordinaria vulneró sus derechos.
Enfatizaron que el gobierno comunitario, a través de la justicia indígena, defiende los intereses de la población, hace respetar la palabra, y resuelve los conflictos de manera inmediata, garantizando la armonía y la paz.
Insistieron que no se puede criminalizar una forma de vida, cosmovisión y organización social, por lo que la amnistía será un acto de justicia para las 20 autoridades y miembros indígenas de la Comunidad y un símbolo de reconciliación, reparación, reivindicación de derechos y de unidad nacional.
Finalmente con 122 votos a favor aprobamos el informe de solicitud de amnistía a favor de 20 líderes indígenas y miembros de la comunidad de San Pablo del Cañar, presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, cabe señalar que existieron 2 votos en blanco y 19 abstenciones
Siendo las 20H02 se suspende la sesión.
Primer Vocal del CAL 2019-2021 | Asambleísta por la provincia de Cotopaxi | Integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
