https://youtu.be/Npj6nd1BPJk
Un saludo a nuestro querido pueblo ecuatoriano, en especial a nuestros niños, adolescentes y a todo el magisterio ecuatoriano, que hoy está pendiente del debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sobre todo del aumento salarial que, más que una reforma legal, es un acto de justicia para las maestras y maestros de nuestra Patria, en reconocimiento a la ardua labor que desempeñan educando a la niñez y a la juventud del Ecuador. Mi solidaridad con quienes, por exigir sus derechos y el cumplimiento de las leyes, sean reprimidos por la fuerza policial. Rechazamos todo acto de violencia y represión. Quien les habla y toda la bancada de UNES trabaja por defender sus derechos estimados docentes.
Lamentablemente, ante las justas demandas del magisterio, el Ejecutivo nos dice que “no hay dinero”, “no hay recursos”, frases que parecen haberse convertido en muletillas del gobierno del presidente Guillermo Lasso para responder a todos los requerimientos ciudadanos.
Da la impresión, señor presidente, de que la excusa de no tener dinero la utiliza para justificar su falta de acción y su falta de voluntad política para velar por las necesidades de sus mandantes, de la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos que hoy se enfrentan a la grave crisis económica que usted ha profundizado con sus no acciones y decisiones basadas en políticas neoliberales obedientes al Fondo Monetario Internacional.
Es vergonzoso e indignante que el Ejecutivo continúe con su mal llamada “política de austeridad”, que escatima en inversión social para los más vulnerables, pero no duda en proteger y ayudar a los grandes grupos económicos, a los dueños de las grandes fortunas, a quienes sí se les perdona sus deudas por impuestos, a quienes sí se les da beneficios tributarios, pese a que en realidad deberían exigirles más, porque ellos sí están en capacidad de “arrimar el hombro” como tanto les gusta repetir.
Mientras tanto, existen sectores como la educación y la salud que requieren atención inmediata y urgente por parte del gobierno nacional, pero las autoridades responsables de hacer cumplir las leyes y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, en este caso particular, de los docentes, prefieren darles la espalda.
La reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que hoy debatimos, fue aprobada en marzo del 2021, durante el periodo legislativo anterior, con 126 votos, y fue sancionada por el entonces presidente del peor gobierno de la historia, Lenin Moreno. Para que quede claro, esta reforma legal fue revisada y aceptada íntegramente por Lenin Moreno, quien tenía la potestad exclusiva de modificar el gasto público, sin encontrar vicios formales o de fondo que pudieran afectar la entrada en vigencia de la ley.
Siendo así, la reforma a la LOEI fue publicada en el Registro Oficial el 19 de abril de 2021, incluyendo un incremento salarial para los docentes del magisterio nacional con un sueldo base no menor a 2.5 salarios básicos unificados, y un régimen especial de jubilación que requería de 30 años de aportaciones sin límite de edad.
Sin embargo, en mayo del 2021, dos demandas por inconstitucionalidad fueron presentadas ante la Corte Constitucional en contra de esta reforma, alegando que carecía de los informes técnicos financieros emitidos por las autoridades competentes para justificar el incremento salarial mencionado y el régimen especial de jubilación. Por lo tanto, mediante sentencia motivada dictada en agosto del 2021, la Corte Constitucional dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el plazo de 6 meses, emitieran un informe técnico - financiero y un estudio actuarial sobre del incremento salarial y el régimen especial de jubilación respectivamente, y una vez que se contara con dichos informes, la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 30 días, debía volver a debatir los artículos de la LOEI que regulan el incremento de la remuneración del magisterio y el régimen especial de jubilación.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional, la Comisión de Educación de esta Asamblea solicitó los respectivos informes técnicos, mismos que fueron remitidos por las instituciones antes mencionadas el 11 de febrero de 2022 a la Asamblea Nacional y conocidos por la comisión el 14 del mismo mes. Como era de esperarse, estos señalan que no existen recursos suficientes para la aplicación de las reformas a la LOEI.
El estudio actuarial del IESS señala que no es viable crear un sistema de jubilación diferenciado, pues tendría un impacto negativo en las finanzas de la seguridad social y no tiene justificación técnica, ya que los docentes no son una población con mortalidad alta debido a su oficio.
Por otra parte, el informe del Ministerio de Economía, concluye que los ingresos vigentes del Presupuesto General del Estado son insuficientes para financiar el incremento salarial, que costaría $2 175 millones de dólares. Además, el Estado se vería obligado a acelerar la meta de cumplimiento constitucional de gasto en educación al 6% del PIB, estimado en $705 millones de dólares.
Esto significa que el Ejecutivo tiene pendiente la obligación de asignar más recursos a la educación de acuerdo con la transitoria 18va. de la Constitución, que dispone al Estado incrementar de manera progresiva el presupuesto para educación hasta llegar a un mínimo del 6% del PIB. En los últimos 5 años esa asignación solo ha alcanzado el 3,24%.
Algo tan sencillo como cumplir con la Constitución y asignarle recursos al sector educativo, permitiría financiar el incremento salarial para los docentes.
Frente a esto, la Comisión de Educación, con el afán de buscar alternativas e insumos técnicos para analizar la viabilidad del incremento salarial a los docentes, recibió la comparecencia de varios economistas expertos en la materia, quienes proporcionaron datos de vital importancia para el debate. Por ejemplo, en dichas intervenciones se mencionó que el gasto tributario en el año 2019, es decir, los subsidios que benefician a las empresas, representaron un total de $5.581 millones de dólares al fisco, el doble de lo requerido para aplicar las reformas a la LOEI.
De igual manera se señaló que existen grupos empresariales que pagan por concepto de impuestos, menos del 1.5% de sus ingresos anuales. Es posible aumentar la presión fiscal sobre ellos.
Además, en materia de impuestos, la reciente reforma tributaria negada por esta Asamblea, pero publicada de manera ilegal, ilegítima e inconstitucional por parte del gobierno, representará para el país un ingreso de aproximadamente $800 millones de dólares en el 2022.
Finalmente, es importante señalar que el mismo presidente Lasso, mediante Decreto Ejecutivo nro. 170 del 20 de agosto de 2021, dispuso que los egresos permanentes de salud, educación y justicia pueden ser financiados con ingresos no permanentes, es decir, con ingresos distintos a los tributarios como, por ejemplo, la venta de petróleo y los recursos extraordinarios que hoy está generando este rubro.
Cabe recordar que en el Presupuesto General del Estado 2022 se estableció un precio del barril de petróleo de $56 dólares, pero actualmente su valor está por encima de los $120 dólares, generando ingresos extraordinarios para las arcas fiscales.
Cada dólar adicional en el precio del petróleo representa, al menos, $70 millones de dólares más para las arcas del Estado. Hablamos de aproximadamente $1 400 millones de dólares adicionales solo por este concepto en lo que resta del año.
Es evidente que las alternativas y las fuentes de financiamiento, existen. Los recursos económicos que pueden y deben ser invertidos en educación, existen. Lo que no existe, es la voluntad política del presidente, Guillermo Lasso, para tomar decisiones enfocadas en el desarrollo de nuestro país. Lo que no existe, es una verdadera política pública orientada a garantizar los derechos de todos y cada uno de los ecuatorianos. Los intereses y las conveniencias de grandes grupos económicos, amigos y aliados del gobierno, o las condiciones del FMI, siguen imponiéndose por encima de las necesidades de las mayorías.
Entonces, queridos docentes, querido pueblo ecuatoriano, debe quedar claro que la injusticia y el perjuicio en contra del magisterio vienen del Ejecutivo, vienen del presidente de la República y del Ministerio de Economía que, teniendo los recursos económicos, priorizan la reserva internacional y el pago de la deuda externa, antes que la inversión social y educativa en el país que, con una pequeña mayoría hoy arrepentida, los eligió para gobernar. No es la Asamblea Nacional en su totalidad, aunque las actuaciones de algunos de sus miembros dejan mucho qué pensar, ni mucho menos la Comisión de Educación, las que han incumplido, ni engañado a los docentes. Son los que toman decisiones en Carondelet, quienes hoy pisotean los derechos que la ley les otorga a las maestras y maestros del Ecuador.
La bancada UNES, la bancada de la Revolución Ciudadana, siempre levantará su voz para defender los intereses de las mayorías. Siempre actuaremos apegados a la Constitución y las normas que nos rigen, y jamás apoyaremos la implementación de leyes ni políticas regresivas que representen un retroceso en los derechos de la ciudadanía.
Somos conscientes de que la situación del país no es nada fácil. Tenemos un Ejecutivo que no escucha las necesidades del pueblo ecuatoriano, y si llega a escucharlas, de todas maneras, las ignora. Pero les puedo asegurar que todo tiene un fin, y este régimen que antepone el capital al ser humano, terminará y la verdad finalmente saldrá a la luz.
Mientras tanto, no bajemos los brazos, no desmayemos, no silenciemos la voz de lucha por nuestros derechos. Sigamos alertas, denunciando y exigiendo a las autoridades pertinentes que cumplan con sus obligaciones.
La responsabilidad de asignar los recursos para el incremento salarial de los docentes, amparado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es responsabilidad del presidente de la República. Le hago un llamado a él, a su ministro de Economía, y a la Corte Constitucional, a que actúen en apego a la ley y sin causar más perjuicios al magisterio ecuatoriano.
Gracias por su atención.
La asambleísta por Guayas, Ana María Raffo, fue elegida en los comicios nacionales de febrero de 2021 con la más alta votación en su cantón Milagro, perteneciente al distrito 4, por la Unión por la Esperanza-UNES.
La provincia del Guayas y el distrito 4 ratificaron una vez más su fidelidad, al proceso de Revolución Ciudadana que gobernó el Ecuador durante 10 años, lo que se refrenda en el amplio respaldo que logró.
Especializada en comunicación estratégica empresarial e institucional, su compromiso y experiencia en el servicio público son de catorce años al haber colaborado en distintas instituciones, áreas y responsabilidades durante el proceso de transformación más importante que ha vivido el Ecuador contemporáneo.
Las instituciones en que ha desempeñado responsabilidades son: la Asamblea Nacional del Ecuador, Inmobiliar, Celec, Secob y la Presidencia de la República del Ecuador.
Fue colaboradora muy cercana del expresidente, Rafael Correa Delgado, en el despacho presidencial por el lapso de cuatro años.
Tiene una maestría en Dirección de Comunicación por la Universidad de las Américas, UDLA, de Quito, y es licenciada en Diseño y Producción Audiovisual por la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, de Guayaquil. Su vasta formación académica ha sido fundamental para el excelente desempeño en todas las actividades que desarrolló durante toda su trayectoria profesional privada y pública.
Integró y fue docente del equipo de titulación de la Maestría Dircom de la UDLA, en 2016 y 2017, así como ponente en el Primer Congreso Iberoamericano DirCom bajo el tema “El Management Estratégico Global. La Comunicación Interna en la Satisfacción Laboral”, en 2015.
También ha publicado trabajos en el ámbito de su especialidad:
“La Comunicación interna en la satisfacción laboral. Un caso en la reforma institucional de la gestión pública del Ecuador”, Editorial Académica Española, 2017.
“Incidencia de la comunicación interna en la satisfacción laboral y la reputación institucional”. Universidad Técnica de Machala, UTMACH, 2016.
Actualmente, como asambleísta de la república, forma parte de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, por el periodo 2021-2023. Su compromiso ético con el pueblo y la Revolución Ciudadana, es el de fiscalizar y legislar junto a la ciudadanía por una educación de excelencia, inclusiva y accesible para todas y todos los ecuatorianos, pero especialmente en nombre de los más excluidos, recuperar en las urnas la Patria de la dignidad, soberanía y justicia social con equidad.
