https://youtu.be/AUAjeeNgyok
Mucho se habla de la importancia de la educación para el desarrollo económico y social del país, pero es necesario entender que eso no se limita solo a la inversión en infraestructura, a la compra de insumos como libros, instrumentos de laboratorio, y a toda la planificación que implica una educación de calidad y gratuita, como la que tuvo el Ecuador en la administración de la Revolución Ciudadana, con 24 176 millones de dólares invertidos entre el 2007 y el 2016[i], una inversión anual cuatro veces mayor a la registrada entre los años 2000 y 2006. Una educación de calidad requiere también de un cuerpo docente plenamente capacitado, con una remuneración justa y digna que les permita a las maestras y maestros enfocarse en sus labores sin verse obligados a buscar otras fuentes de ingreso para llegar, al menos, a cubrir el costo de la canasta básica familiar.
Los asambleístas de la bancada de la Unión por la Esperanza lo sabemos muy bien. Recordemos, queridos docentes que, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, se elevó la base del escalafón docente de $90 a $817[1]. Lamentablemente, el peor gobierno de la historia, encabezado por el traidor, Lenín Moreno, no solo permitió que se destruyera la obra física, sino que frenó su expansión y empezó a reducir el presupuesto destinado a la educación. No olvidemos que, con total indolencia, en el 2020, utilizaron la pandemia como pretexto para recortar casi $900[ii] millones del ya mermado presupuesto para educación, dejando a miles de docentes en el desempleo en medio de una de las crisis más graves de la historia mundial. Pero, eso sí, para pagar deuda externa nunca faltaron los recursos. También se burló del Magisterio ecuatoriano, engañándolos y haciéndoles promesas que nunca cumplió, como es su costumbre.
Es pertinente recordar que fue él quien ordenó la publicación en el Registro Oficial y entrada en vigencia de las reformas a la LOEI referentes al alza salarial y al régimen especial de jubilación docente, sin advertir que, presuntamente, no existiría presupuesto para su aplicación. De ahí, que en mayo de 2021 se interpusieran demandas de inconstitucionalidad que nos han traído hasta este debate.
Respecto al tema de la jubilación, el estudio actuarial del IESS señala que no es viable crear un sistema de jubilación diferenciado, pues tendría un impacto negativo en las finanzas de la seguridad social y no tiene justificación técnica, ya que los docentes no son una población con mortalidad alta debido a su oficio.
El traidor de Moreno se burló de ustedes queridos docentes, cuando aceptó esa reforma y no la objetó. Lo correcto hubiese sido decir la verdad y no jugar con los anhelos del Magisterio. Esta servidora, aprendió del mejor presidente del Ecuador contemporáneo, Rafael Correa, que nunca debemos mentirles a nuestros mandantes y por eso hoy les digo con total sinceridad, que no es sostenible aplicar la reforma referente a la jubilación.
Moreno, no es el único responsable del incumplimiento y la vulneración de los derechos de los docentes. El presidente, Guillermo Lasso, y sus ministros tampoco han demostrado interés, compromiso y responsabilidad alguna para encontrar una solución a las demandas y derechos de las maestras y maestros del Ecuador.
Para la construcción de los informes de primer y segundo debate, se solicitó un informe técnico al Ministerio de Economía y Finanzas. Dicho informe se limitó a señalar que el impacto presupuestario anual por la reforma a la Ley en lo que corresponde a las categorías escalafonarias a nivel nacional se estima en USD 2.175 millones, y eso fue todo. No proporcionó alternativas. No dio un detalle pormenorizado de los rubros. El titular de esta cartera de Estado, Simón Cueva, no ha comparecido en ninguna de las convocatorias de la Comisión de Educación. Simplemente cerró la puerta a cualquier diálogo. Y eso, compañeros asambleístas, queridos docentes, es prueba irrefutable de la falta de voluntad política de este gobierno cuando se trata de invertir en educación.
Frente a la negativa del Ejecutivo, la Comisión de Educación buscó alternativas. En este informe para segundo debate se ha planteado que los salarios del magisterio se equiparen a los salarios del servicio público.
Así, los docentes que se encuentren en las categorías H, I y J recibirían una remuneración equivalente a la escala del servidor público 1, es decir $817. Y a partir de la categoría G recibirían una remuneración semejante a un servidor público 3, es decir $986, hasta llegar a la categoría A, equivalente a un servidor público 9 con $2 034 por remuneración. De esta forma, se equiparán los sueldos de los funcionarios públicos, sin discriminación alguna y en total apego al principio de igualdad de condiciones.
Pero hay que decir las cosas como son, la Comisión de Educación no ha contado con datos precisos y ha tenido que realizar el trabajo que le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas al momento de analizar alternativas y soluciones para los requerimientos de los docentes. Para esto, solicitamos el criterio de expertos economistas que han señalado diferentes fuentes de financiamiento con las que podría contar el Estado para cubrir el incremento salarial propuesto.
Entre ellas, se plantean los ingresos extraordinarios por el incremento en el precio del petróleo. Estos ingresos no permanentes pueden ser utilizados para cubrir gastos permanentes, como la educación, al amparo del artículo 286 de la Constitución y del Decreto Ejecutivo nro. 170 firmado por el presidente Lasso en agosto de 2021.
Queda en evidencia queridas maestras, maestros y señores asambleístas, que el Ejecutivo no tiene la voluntad política ni el interés de solventar los derechos y pedidos de los docentes. Señor Lasso, su ministro de economía se burló del Magisterio. Optó por decir “no hay dinero”, pero jamás se le ocurrió que por medio del diálogo y del análisis técnico de datos, es posible encontrar alternativas.
Los asambleístas de la bancada UNES, de la Revolución Ciudadana, tenemos claro que la educación no es un gasto, es una inversión a largo plazo cuyos frutos no son inmediatos. La formación académica, la investigación científica y la profesionalización de una sociedad, toman varios años y requieren de todo el poder político, pero sobre todo de la voluntad de los gobernantes de turno.
Con las reformas a la LOEI se busca hacer justicia. El incremento salarial del magisterio no es un capricho, es un derecho amparado en el artículo 349 de la Constitución, que debe ser respetado y cumplido. Sin embargo, y como es ya costumbre, al Ejecutivo poco o nada le ha importado la dignidad del Magisterio ecuatoriano.
Pero no están solos, queridas maestras y maestros. Esta servidora, junto mi compañera, la asambleísta, Mariuxi Sánchez, hemos defendido sus derechos en la Comisión de Educación, y seguiremos luchando por ustedes cuantas veces sea necesario.
Tengo la esperanza de que hoy este Pleno actuará en justicia y aprobará el informe que permitirá la aplicación de la reforma referente al alza salarial, pero ese no es el final del camino. Recordemos que una vez aprobado dicho informe, será remitido al Ejecutivo para la sanción u objeción por parte del presidente. Especial atención a las actuaciones de Guillermo Lasso. Cuidado y nuevamente pretenda ENGAÑARLOS y pisotear sus derechos. Debemos estar atentos y seguir en pie de lucha por la justicia, la equidad y por recuperar la educación pública de excelencia que nos dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Luchar por mantener esa dignidad y ese orgullo de ser docentes, altivez que nos dejó Rafael Correa Delgado.
Mi voto, mi apoyo, mi cariño y mi gratitud siempre con ustedes, queridas maestras, queridos maestros.
Muchas gracias.
La asambleísta por la provincia de Guayas, Ana María Raffo, fue electa en los comicios nacionales de febrero de 2021 con la más alta votación en su cantón Milagro, perteneciente al distrito 4, por la Unión por la Esperanza-UNES.
La provincia del Guayas y el distrito 4 ratificaron una vez más su fidelidad, al proceso de Revolución Ciudadana que gobernó el Ecuador durante 10 años, lo que se refrenda en el amplio respaldo que logró en agosto de 2023, al ser electa con la más alta votación de todos los distritos de Guayas. Así también, en los comicios de febrero de 2025, fue electa con la más alta votación en su distrito.
Alguna de las instituciones en que ha desempeñado responsabilidades son: la Asamblea Nacional del Ecuador, Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Corporación Eléctrica del Ecuador, El Servicio de Contratación de Obras y la Presidencia de la República del Ecuador.
Fue colaboradora muy cercana del expresidente, Rafael Correa Delgado, en el despacho presidencial por el lapso de cuatro años.
Tiene una maestría en Dirección de Comunicación por la Universidad de las Américas, UDLA de Quito y es licenciada en Diseño y Producción Audiovisual por la Escuela Politécnica del Litoral de Guayaquil.
Integró y fue docente del equipo de titulación de la Maestría Dircom de la UDLA, en 2016 y 2017, así como ponente en el Primer Congreso Iberoamericano DirCom bajo el tema “El Management Estratégico Global. La Comunicación Interna en la Satisfacción Laboral”, en 2015.
También ha publicado trabajos en el ámbito de su especialidad: “La Comunicación interna en la satisfacción laboral. Un caso en la reforma institucional de la gestión pública del Ecuador”, Editorial Académica Española, 2017. “Incidencia de la comunicación interna en la satisfacción laboral y la reputación institucional”. Universidad Técnica de Machala, UTMACH, 2016.
Su vasta formación académica ha sido fundamental para el excelente desempeño en todas las actividades que desarrolló durante toda su trayectoria profesional privada y pública.
Actualmente, como asambleísta de la República del Ecuador, continúa siendo parte de laComisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales y ha completado los períodos 2021-2023 y 2023-2025.
Su compromiso ético con el pueblo y la Revolución Ciudadana es el de fiscalizar y legislar junto a la ciudadanía por una educación de excelencia, inclusiva y accesible para todas y todos los ecuatorianos, pero especialmente en nombre de los más excluidos, recuperar en las urnas la patria de la dignidad, soberanía y justicia social con equidad.
