La aprobación de la denominada Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Sectores Estratégicos de Minería y Energía marca un punto crítico para el país. Presentada bajo el argumento de una supuesta urgencia económica, la normativa se construye sobre una narrativa de crisis que, en realidad, responde a decisiones respecto de intereses económicos privados del propio Ejecutivo. Más que una solución estructural, la ley aparece como un mecanismo acelerado que evita el debate profundo y el control democrático.
Uno de los mayores riesgos de esta ley es el debilitamiento deliberado de los controles ambientales. Bajo el discurso de “simplificación”, se introducen figuras como el silencio administrativo positivo y se reducen los filtros técnicos, permitiendo que proyectos mineros avancen sin evaluaciones rigurosas. Pero esta norma no puede analizarse de forma aislada: forma parte de una secuencia de decisiones orientadas a acelerar la megaminería. En febrero de 2025 se firmó un TLC con Canadá que fue declarado bajo reserva, en junio se anunció la reapertura del catastro minero, en julio el Ministerio de Energía y Minas absorbió al Ministerio del Ambiente, y en agosto se retiraron de la Comisión de Garantías las leyes de consulta previa y ambiental.
La ley profundiza un modelo extractivista que limita las posibilidades de diversificación económica y desarrollo sostenible. Lejos de fortalecer al Estado, traslada beneficios a grandes empresas privadas, con regalías mínimas para el país, y abre la puerta a conflictos sociales, militarización de territorios y debilitamiento de economías locales. En lugar de construir futuro, esta normativa consolida un esquema que sacrifica derechos, recursos naturales y estabilidad social en nombre de una falsa urgencia.
Ana Belén Yela Duarte, asambleísta por la provincia del Guayas, representa a una nueva generación de líderes comprometidos con la construcción de un Ecuador más inclusivo, transparente y con justicia social. Su labor legislativa se sustenta en su sólida trayectoria jurídica de más de diez años en distintas áreas del Derecho, en especial el Ambiental, Constitucional, Civil y Societario.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito y cuenta con una Maestría en Derecho Ambiental por la Queen Mary University of London, donde se especializó en derecho ambiental internacional, recursos naturales y gobernanza energética.
A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en diversas instituciones como la Asamblea Nacional, el CPCCS, la Fiscalía Provincial del Guayas, el Ministerio del Ambiente y la Superintendencia de Compañías. En todas ellas ha demostrado liderazgo, solvencia jurídica y un firme compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos, especialmente de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.
En el libre ejercicio del Derecho ha patrocinado procesos constitucionales de impacto, sobre todo en favor de personas en vulnerabilidad; así como, ha acompañado a organizaciones como la de Trabajadores de Plataformas Digitales en la defensa de sus derechos laborales.
Su trayectoria se distingue por una ética profesional sólida, sensibilidad social y vocación de servicio, siendo su experiencia en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado la que consolidó su compromiso con la justicia social y con la protección de quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cual hasta el día de hoy constituye el eje primordial de su labor legislativa.
