De forma vergonzosa, para el Estado nuevamente las máximas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, están siendo enjuiciadas por este parlamento.
Una institución, llamada a defender la transparencia y a promover la participación ciudadana nos ha defraudado, porque simplemente se ha convertido en una pieza de ajedrez de los gobiernos de turno.
Se han asignado millones de dólares a este Consejo, y lejos de tener una institución que promueva la participación ciudadana que permita que los indígenas, los afroecuatorianos, los trabajadores, las mujeres, los campesinos, sean considerados de manera protagónica en las decisiones del Estado, cómo manda el artículo 98 de la Constitución; tenemos unos consejeros que se dedican a conversar de forma subterránea, con la postulante de un concurso para un cargo público, y a acomodar los reglamentos para que el presidente Lasso a quien incluso le han hecho campaña electoral, tenga el dominio de todas las funciones del Estado.
Hemos presentado este juicio político por dos causales:
Por no actuar con transparencia y realizar negociaciones con una postulante al cargo de superintendente de Ordenamiento Territorial; y,
Por cambiar las reglas del juego del Concurso de Designación de la Máxima Autoridad de la Contraloría General del Estado.
Por cambiar un reglamento de un proceso vital para el país como es la designación de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, para garantizar que este gobierno no convierta el Estado en un reino que quiere que todas las funciones del Estado estén secuestradas de forma arbitraria desde Carondelet, mi compañera Mireya Pazmiño, ya ha realizado una exposición amplia al respecto.
Según el artículo 208 de la Constitución de la República y el artículo 38 de Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los Consejeros enjuiciados tienen la atribución de promover la TRANSPARENCIA.
Es innegable, que los funcionarios a quienes he enjuiciado no han cumplido con su función de promover la transparencia, por cuanto se han convertido en estandartes de la corrupción, que mantienen diálogos indebidos con postulantes a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, conforme a los audios que hemos reproducido.
En estos audios, donde se trata de “hormonalmente cucu”, a una mujer embarazada, a viva voz la consejera Estupiñan, dice que ella junto a Hernan, María Fernanda y Francisco, están dispuestos a apoyar a la postulante Ginella Jácome.
Es tan evidente, la ausencia de transparencia de los enjuiciados, que claramente la enjuiciada Ibeth Estupiñan, indica que las reuniones deben realizarse, cuidándose de grabaciones y fotografías, con toda la reserva del caso.
Si son los funcionarios pulcros y comprometidos con el país que dicen ser, ¿Por qué habría que tener todas las reservas?
Desde nuestras campañas electorales, la mayoría de legisladores hemos ofrecido luchar contra la corrupción, he aquí una oportunidad para lanzar un mensaje público, para todos los ecuatorianos, ¿Vamos a ser alcahuetes de la corrupción?, recuerden que según KAMAL HAASSAN, cuando no tomamos una postura frente a la corrupción, la estamos apoyando.
Por favor, Dr. Ulloa, es momento de ahorrarle al país más vergüenzas, usted ha insinuado que no se ha afectado la transparencia, por cuanto, después de los diálogos mantenidos por Ginella Jácome y la funcionaria enjuiciada Ibeth Esptupiñan, ustedes decidieron designar a Pablo Iglesias como Superintendente de Ordenamiento Territorial.
Que argumento bárbaro!, ojalá nuestros niños no escuchen sus palabras, porque les está dejando un mensaje equivocado.
No ecuatorianos, aquí no importa el resultado, no tiene nada que ver a quienes posesionaron, el solo hecho de mantener conversaciones con una postulante para un cargo público, por parte de quienes deben designarla es motivo de censura, reproche y destitución.
Para que me entienda Señor Ulloa, la falta de transparencia se juzga con la mera actividad.
Anunció que, por estrategia de interpelación, me reservo para el interrogatorio a los enjuiciados, la demostración cabal que Ibeth Estupiñan, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, no solo deben ser censurados, deben ser sancionados por la justicia penal del país, y cumplir una pena privativa de libertad.
Así que tranquilos, no se afanen en decirme que solo se escucha a Ibeth Estupiñan, demostraré ante esta comisión y el pleno de la Asamblea Nacional, que los enjuiciados actuaron en coordinación, para extender los tentáculos del gobierno a otras funciones del Estado.
Miren Señores Consejeros enjuiciados, de seguro reconocen esta página web, que es la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Aquí reposa una definición de TRANSPARENCIA, como aquella; “característica de una gestión o proceso, basada en valores éticos fundamentales universales como la honestidad, integridad, responsabilidad y eficacia.”
Sin embargo, el país ha sido testigo de que no practican lo que predican, los diálogos mantenidos demuestran que ustedes, no son ni éticos, ni honestos, ni íntegros, ni responsables, pero, creo que si son eficaces, eficaces para ser operadores políticos del Presidente de la República, eficaces para no respetar la seguridad jurídica y eficaces para mantener diálogos indebidos y subterraneos.
Colegas legisladores, mucho se ha dicho, que estos audios, que sirven como prueba dentro de mi juicio politico, rompen una reserva legal; pero no es así, a tal punto que, dentro de las pruebas presentadas en esta solicitud de juicio político, se deja evidenciado que las muestras de voz y los videos reposan en redes sociales públicas, las mismas que se tratan de una prueba encontrada y por lo cual, no existe ningún tipo de reserva. Soy médico de profesión y creo que no es necesario que me ponga a explicar derecho, a todos los abogados aquí presentes.
Desconozco qué elementos tiene la fiscalía dentro de la respectiva investigación fiscal, estos audios no fueron obtenidos del despacho de ningún fiscal, tampoco interceptamos llamadas telefónicas.
Lo que sí conozco es que, parece que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, así como otros cargos públicos, se encuentran en subasta.
En este marco, los enjuiciados en su condición de Consejeros, han procedido, a realizar acciones que generan una profunda preocupación ciudadana; siendo las mismas orientadas a fomentar un sistema corrupto, donde lamentablemente los cargos de máximas autoridades del Estado son ocupados por quienes poseen coyunturas políticas, y no por quienes poseen los mejores perfiles.
Nacido en el Cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, perteneciente a la Nacionalidad Kichwa, del Pueblo Saraguro. Cuenta con estudios en Medicina General y Cirugía en la Universidad Nacional de Loja, es Licenciado en Ciencias en Asociado Médico de la University of New Mexico School of Medicine, Estados Unidos. Obtuvo su Máster en Estudios de Asociado Médico en University of Nebraska Medical Center, Estados Unidos, y cuenta con un Doctorado en Ciencias de la Salud en la Nova Southeastern University College of Health Care Sciences, Estados Unidos.
Su experiencia laboral la ha enfocado en el servicio a Cuidados Urgentes de Salud, Medicina Familiar y Comunitaria, docencia en la especialidad de cuidados urgentes, además de realizar un trabajo como Voluntario hacia los Inmigrantes en los Estados Unidos.
Actualmente es Asambleísta del Exterior electo por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik para el período 2021 - 2025. Es integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana e integrante del Grupo Interparlamentario de Amistad con Estados Unidos y Ecuador.
